La disputa entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado (MCM) es el reflejo más nítido del dilema que hoy enfrenta Venezuela entre la ruptura total con el chavismo o una continuidad administrada.
En perspectiva. La forma en que esta tensión se resuelva definirá tanto el rumbo inmediato del país como el tipo de Estado que emergerá tras la caída de Nicolás Maduro. MCM encarna, para amplios sectores de la sociedad venezolana y de la diáspora, la promesa de una ruptura definitiva con el chavismo. Su liderazgo se construyó desde la resistencia, la denuncia frontal del régimen y la negativa a cualquier forma de negociación con quienes considera responsables del colapso nacional.
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Esa coherencia le otorgó legitimidad moral y capacidad de movilización, especialmente en el momento electoral de 2024, cuando su proyecto fue bloqueado por la dictadura.
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Sin embargo, esa misma lógica de confrontación absoluta se convierte hoy en una debilidad.
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El reto post-Maduro es cómo gobernar los restos de un Estado erosionado, atravesado por lealtades internas, redes de poder y una economía al borde del colapso.
Cómo funciona. Delcy Rodríguez representa lo opuesto. No es símbolo de cambio ni de redención democrática, pero sí de control operativo. Su trayectoria dentro del chavismo la sitúa en el centro del aparato estatal, siendo una figura clave del régimen para la gestión de la energía, las finanzas, las relaciones con las Fuerzas Armadas y los vínculos con actores externos como Rusia y China.
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Para la gestión de la transición que ostenta Washington, esa capacidad pesa más que la legitimidad democrática de MCM.
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La prioridad inmediata no es una refundación institucional, sino evitar el vacío de poder, asegurar el funcionamiento mínimo del Estado y contener riesgos de fragmentación, violencia o colapso económico total.
Entre líneas. Este contraste explica por qué el desplazamiento de Machado del centro del tablero ha generado frustración y sospechas, pero también por qué Rodríguez aparece como una figura funcional para una transición controlada. La elección no responde a una preferencia ideológica, sino a una lógica de gobernabilidad. La Administración Trump parece haber optado por la estabilización primero y la apertura política después.
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En ese esquema, una figura que conoce y controla las palancas del poder resulta más útil que una líder cuya fortaleza radica precisamente en su rechazo a esas estructuras.
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Para el Departamento de Estado, la decisión debe ser amarga, dado el evidente repudio del secretario Rubio por el régimen chavista, pero pragmática y necesaria, no obstante.
En el radar. En el corto plazo, es probable que veamos una transición basada en continuidad condicionada, con una Delcy Rodríguez amenazada con consecuencias “peores” a las de Maduro por parte de EE. UU., con cambios en la cúpula, alivios selectivos de sanciones, liberación gradual de presos políticos —como ya se empieza a ver—, sin una ruptura inmediata del entramado chavista. Esto podría generar cierta normalización económica parcial, pero también el riesgo de frustrar las expectativas de una sociedad que espera transformaciones profundas y rápidas.
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A mediano plazo, la exclusión de Machado del centro del proceso puede tensar la relación entre la transición y la base social opositora.
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Si no se construyen mecanismos creíbles para reincorporar a la oposición en un horizonte electoral claro, el nuevo equilibrio podría derivar en una versión reformulada del autoritarismo, más pragmática y menos ideológica, pero igualmente excluyente.
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La legitimidad de cualquier gobierno que emerja dependerá de su capacidad para abrir espacios reales de competencia política y no solo de administrar la estabilidad.
En conclusión. El futuro de Venezuela, por tanto, no se decidirá únicamente entre Rodríguez y Machado, sino en la relación entre estabilidad y cambio. La primera es necesaria para evitar el colapso; lo segundo, indispensable para cerrar el ciclo del chavismo. El riesgo es que, en nombre del orden, se sacrifique la posibilidad de una transformación auténtica, algo con lo que Washington deberá coquetear con mucha cautela.
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La oportunidad, en cambio, reside en que una transición controlada pueda convertirse —con presión interna y externa— en un puente hacia una apertura real.
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El futuro de Venezuela es más prometedor de lo que era hace un año; sin embargo, tras 27 años de chavismo, los cambios serán paulatinos, algo frustrante para la corta paciencia del ciudadano en democracia.
La disputa entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado (MCM) es el reflejo más nítido del dilema que hoy enfrenta Venezuela entre la ruptura total con el chavismo o una continuidad administrada.
En perspectiva. La forma en que esta tensión se resuelva definirá tanto el rumbo inmediato del país como el tipo de Estado que emergerá tras la caída de Nicolás Maduro. MCM encarna, para amplios sectores de la sociedad venezolana y de la diáspora, la promesa de una ruptura definitiva con el chavismo. Su liderazgo se construyó desde la resistencia, la denuncia frontal del régimen y la negativa a cualquier forma de negociación con quienes considera responsables del colapso nacional.
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Esa coherencia le otorgó legitimidad moral y capacidad de movilización, especialmente en el momento electoral de 2024, cuando su proyecto fue bloqueado por la dictadura.
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Sin embargo, esa misma lógica de confrontación absoluta se convierte hoy en una debilidad.
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El reto post-Maduro es cómo gobernar los restos de un Estado erosionado, atravesado por lealtades internas, redes de poder y una economía al borde del colapso.
Cómo funciona. Delcy Rodríguez representa lo opuesto. No es símbolo de cambio ni de redención democrática, pero sí de control operativo. Su trayectoria dentro del chavismo la sitúa en el centro del aparato estatal, siendo una figura clave del régimen para la gestión de la energía, las finanzas, las relaciones con las Fuerzas Armadas y los vínculos con actores externos como Rusia y China.
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Para la gestión de la transición que ostenta Washington, esa capacidad pesa más que la legitimidad democrática de MCM.
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La prioridad inmediata no es una refundación institucional, sino evitar el vacío de poder, asegurar el funcionamiento mínimo del Estado y contener riesgos de fragmentación, violencia o colapso económico total.
Entre líneas. Este contraste explica por qué el desplazamiento de Machado del centro del tablero ha generado frustración y sospechas, pero también por qué Rodríguez aparece como una figura funcional para una transición controlada. La elección no responde a una preferencia ideológica, sino a una lógica de gobernabilidad. La Administración Trump parece haber optado por la estabilización primero y la apertura política después.
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En ese esquema, una figura que conoce y controla las palancas del poder resulta más útil que una líder cuya fortaleza radica precisamente en su rechazo a esas estructuras.
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Para el Departamento de Estado, la decisión debe ser amarga, dado el evidente repudio del secretario Rubio por el régimen chavista, pero pragmática y necesaria, no obstante.
En el radar. En el corto plazo, es probable que veamos una transición basada en continuidad condicionada, con una Delcy Rodríguez amenazada con consecuencias “peores” a las de Maduro por parte de EE. UU., con cambios en la cúpula, alivios selectivos de sanciones, liberación gradual de presos políticos —como ya se empieza a ver—, sin una ruptura inmediata del entramado chavista. Esto podría generar cierta normalización económica parcial, pero también el riesgo de frustrar las expectativas de una sociedad que espera transformaciones profundas y rápidas.
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A mediano plazo, la exclusión de Machado del centro del proceso puede tensar la relación entre la transición y la base social opositora.
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Si no se construyen mecanismos creíbles para reincorporar a la oposición en un horizonte electoral claro, el nuevo equilibrio podría derivar en una versión reformulada del autoritarismo, más pragmática y menos ideológica, pero igualmente excluyente.
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La legitimidad de cualquier gobierno que emerja dependerá de su capacidad para abrir espacios reales de competencia política y no solo de administrar la estabilidad.
En conclusión. El futuro de Venezuela, por tanto, no se decidirá únicamente entre Rodríguez y Machado, sino en la relación entre estabilidad y cambio. La primera es necesaria para evitar el colapso; lo segundo, indispensable para cerrar el ciclo del chavismo. El riesgo es que, en nombre del orden, se sacrifique la posibilidad de una transformación auténtica, algo con lo que Washington deberá coquetear con mucha cautela.
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La oportunidad, en cambio, reside en que una transición controlada pueda convertirse —con presión interna y externa— en un puente hacia una apertura real.
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El futuro de Venezuela es más prometedor de lo que era hace un año; sin embargo, tras 27 años de chavismo, los cambios serán paulatinos, algo frustrante para la corta paciencia del ciudadano en democracia.