Los okupas del parqueo del AILA

El jueves 19 de febrero, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) intervino el parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora; desde 2014 era “administrado” por la empresa Constructores y Consultores Viales, S.A. (COCVISA). A lo largo de estos últimos años, acumuló una deuda de GTQ 28.54M en arrendamiento. Es decir, usaba el espacio, pero nunca lo pagó.

• El contrato original de COCVISA fue revocado en 2015 por considerarse lesivo para los intereses del Estado. Sin embargo, la empresa lo siguió operando, ilegalmente.

Por qué importa. El parqueo del principal aeropuerto del país se convirtió en un negocio privado sin control del Estado. Era tierra de nadie. La DGAC ejecutó la intervención en seguimiento a la resolución del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. La acción reveló una red de empresas ligada a la familia Morales Guerra.

• Ahora, un interventor judicial supervisa ingresos, fiscaliza pagos y revisa subarrendamientos comerciales —otorgados sin autorización— dentro del parqueo. También el uso de los servicios, como la energía eléctrica.
• Los registros de la empresa revelan que COCVISA estuvo dirigida, en momentos clave, por miembros de la familia Morales Guerra.
• También explica su persistencia como administradora del parqueo, pese a fallos judiciales adversos. El entramado familiar tiene un control cruzado de sociedades y representantes legales compartidos.

Sí, pero. Miriam Yazmín Morales Guerra de Triekels, exrepresentante legal de COCVISA, firmó el contrato con la DGAC en 2014 y enfrentó la terminación en 2015. David Arely Guerra Lemus, tío materno de ella, ocupó la representación legal antes; confirma un control familiar continuo desde la fase inicial de la empresa.

• En 2017, la representación pasó a Rony Alexander Monterroso, con un perfil sin red empresarial propia. Podría considerársele como “testaferro”.
• República identificó al menos 34 sociedades vinculadas a la familia Morales Guerra; varias tienen contratos con el Estado y otras están dedicadas a estacionamientos.
• La red configura un modelo de negocios diversificado bajo un mismo núcleo familiar de control. Este estilo se replica en varias empresas del país. En su mayoría, son proveedores del Estado.

Visto y no visto. El contrato original, de 2014, contemplaba la administración de solo dos niveles del parqueo. La empresa habilitó un tercer nivel sin contar con la autorización debida. COCVISA, a pesar de no pagar arrendamiento, subarrendó a terceros algunos espacios que tenían locales comerciales, cajeros y bodegas ambulantes.

• Estas últimas permiten las ventas informales —ambulantes— en el aeropuerto. A pesar de los intentos institucionales por erradicarlas, las facilidades que le ofrecía COCVISA no lo habían permitido.
• En 2025, la empresa duplicó el costo del parqueo sin autorización alguna. Los delitos imputados son: usurpación agravada, hurto de fluidos, intermediación financiera.
• República visitó las instalaciones de COCVISA para obtener una postura de la empresa, pero no la brindó. A los periodistas, un trabajador indicó que “no podían atender a nadie”.

En conclusión. La intervención judicial no solo recupera un bien público. Dejó al descubierto una estructura de poder basada en parentesco, representación legal cruzada y uso prolongado de recursos del Estado sin contraprestación. Asimismo, evidenció cómo la empresa utilizó el amparo para evitar la desocupación.

• La persistencia de la ocupación, durante más de una década, muestra debilidad institucional frente a redes privadas con capacidad de litigar y dilatar procesos.
• La intervención abre la puerta a auditar ingresos, subarrendamientos y tarifas para determinar responsabilidades penales y pecuniarias. Es un precedente en la forma en que el Estado protege sus activos.