Es una verdad de Perogrullo que, en Guatemala, se necesita invertir decididamente en soluciones al transporte, que incluyen no solo importantes inversiones —tanto públicas como privadas—, como cambios regulatorios; para que se den, es una condición sine qua non que haya certeza jurídica. El AeroMetro es un claro ejemplo de ello.
Por qué importa. En un mundo donde la inversión extranjera directa (IED) fluye hacia entornos estables, la certeza jurídica garantiza que los proyectos de alianzas público-privadas (APP) y concesiones municipales no se vean truncados por cambios políticos arbitrarios, atrayendo capital para infraestructuras clave como transporte y servicios urbanos.
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Sin esta certeza, las rencillas ideológicas y posturas de campaña pueden desbaratar iniciativas multianuales, espantando inversionistas que buscan retornos predecibles, lo que frena el crecimiento económico y la generación de empleo en países emergentes como Guatemala.
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Particularmente, en concesiones municipales, donde los gobiernos locales manejan permisos y ejecuciones, la volatilidad política puede convertir proyectos viables en riesgosos, disuadiendo IED que podría superar los cientos de millones de dólares por iniciativa.
En perspectiva. El caso del AeroMetro es un proyecto con historia y obstáculos; es un sistema de transporte aéreo elevado valorado en USD 220M, ha recorrido más de una década de planificación, pasando por revisiones exhaustivas de diversas autoridades, incluyendo aprobaciones municipales, técnicas y ambientales, que lo posicionan como una solución innovadora para la movilidad urbana.
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A pesar de su largo camino —iniciado en debates técnicos y políticos desde al menos 2022—, el proyecto finalmente entró en fase de construcción en enero pasado, prometiendo conectar puntos estratégicos, reducir tiempos de viaje y facilitar accesos inclusivos para personas con discapacidad, bicicletas y más, con un costo estimado de pasaje de GTQ 6.
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Sin embargo, enfrenta oposición feroz de —entre otros— diputados del partido (en formación) Raíces, quienes han interpuesto amparos y querellas por presuntas ilegalidades en su aprobación, cuestionando no solo su viabilidad técnica, sino también a quién beneficia realmente, lo que pone en jaque su avance pese a las autorizaciones previas.
En el radar. Con las elecciones del 2027 en el horizonte, la posibilidad de que opositores al AeroMetro —como los de Raíces— asuman el control del gobierno local representa un riesgo real de obstaculización, ya que podrían revocar permisos o paralizar obras bajo argumentos ideológicos, desbaratando un proyecto legítimo que ya está en marcha.
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Esta incertidumbre pone en peligro una inversión de cientos de millones de dólares, no solo afectando al AeroMetro sino enviando un mensaje global de inestabilidad, donde cambios en administraciones locales pueden anular compromisos multianuales y erosionar la confianza de los inversionistas extranjeros.
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En un contexto donde el actual gobierno de Bernardo Arévalo impulsa reformas para recuperar instituciones de justicia y atraer IED —con estrategias para alcanzar grado de inversión—, tales rencillas municipales contradicen estos esfuerzos, creando un contrasentido que podría revertir avances económicos.
Visto y no visto. En abril del 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una “cuestión de competencia” relativa al procedimiento de aprobación de concesiones municipales. Si bien las otorgadas por el gobierno central deben ser aprobadas por el Congreso, la CC determinó que ello no aplica a las de los municipios.
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Así, proyectos como el AeroMetro —y cualquier otro concesionado por las municipalidades— no pasan por el Legislativo; se evita el engorroso trámite y la posibilidad de que los diputados quieran “tajada”.
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Abonando a la descentralización, hace unos días, el Congreso aprobó reformas al Código Municipal, viabilizando el endeudamiento a largo plazo de las municipalidades a través del Infom.
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Estos dos hitos jurídicos apuntalan la autonomía municipal; acciones con motivaciones ideológicas o político-electorales que la atacan, desincentivan la inversión.
En conclusión. Los proyectos de inversión, especialmente en APP y concesiones municipales, requieren certeza jurídica absoluta para florecer, ya que cualquier interrupción ideológica puede evaporar millones en capital y oportunidades de empleo.
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El fragor político electoral, con sus rencillas y promesas volátiles, acarrea incertidumbre que no solo amenaza iniciativas como el AeroMetro sino que podría revertir los avances hacia un grado de inversión, recordándonos que la estabilidad institucional debe prevalecer sobre divisiones partidistas para un futuro próspero.
Es una verdad de Perogrullo que, en Guatemala, se necesita invertir decididamente en soluciones al transporte, que incluyen no solo importantes inversiones —tanto públicas como privadas—, como cambios regulatorios; para que se den, es una condición sine qua non que haya certeza jurídica. El AeroMetro es un claro ejemplo de ello.
Por qué importa. En un mundo donde la inversión extranjera directa (IED) fluye hacia entornos estables, la certeza jurídica garantiza que los proyectos de alianzas público-privadas (APP) y concesiones municipales no se vean truncados por cambios políticos arbitrarios, atrayendo capital para infraestructuras clave como transporte y servicios urbanos.
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Sin esta certeza, las rencillas ideológicas y posturas de campaña pueden desbaratar iniciativas multianuales, espantando inversionistas que buscan retornos predecibles, lo que frena el crecimiento económico y la generación de empleo en países emergentes como Guatemala.
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Particularmente, en concesiones municipales, donde los gobiernos locales manejan permisos y ejecuciones, la volatilidad política puede convertir proyectos viables en riesgosos, disuadiendo IED que podría superar los cientos de millones de dólares por iniciativa.
En perspectiva. El caso del AeroMetro es un proyecto con historia y obstáculos; es un sistema de transporte aéreo elevado valorado en USD 220M, ha recorrido más de una década de planificación, pasando por revisiones exhaustivas de diversas autoridades, incluyendo aprobaciones municipales, técnicas y ambientales, que lo posicionan como una solución innovadora para la movilidad urbana.
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A pesar de su largo camino —iniciado en debates técnicos y políticos desde al menos 2022—, el proyecto finalmente entró en fase de construcción en enero pasado, prometiendo conectar puntos estratégicos, reducir tiempos de viaje y facilitar accesos inclusivos para personas con discapacidad, bicicletas y más, con un costo estimado de pasaje de GTQ 6.
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Sin embargo, enfrenta oposición feroz de —entre otros— diputados del partido (en formación) Raíces, quienes han interpuesto amparos y querellas por presuntas ilegalidades en su aprobación, cuestionando no solo su viabilidad técnica, sino también a quién beneficia realmente, lo que pone en jaque su avance pese a las autorizaciones previas.
En el radar. Con las elecciones del 2027 en el horizonte, la posibilidad de que opositores al AeroMetro —como los de Raíces— asuman el control del gobierno local representa un riesgo real de obstaculización, ya que podrían revocar permisos o paralizar obras bajo argumentos ideológicos, desbaratando un proyecto legítimo que ya está en marcha.
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Esta incertidumbre pone en peligro una inversión de cientos de millones de dólares, no solo afectando al AeroMetro sino enviando un mensaje global de inestabilidad, donde cambios en administraciones locales pueden anular compromisos multianuales y erosionar la confianza de los inversionistas extranjeros.
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En un contexto donde el actual gobierno de Bernardo Arévalo impulsa reformas para recuperar instituciones de justicia y atraer IED —con estrategias para alcanzar grado de inversión—, tales rencillas municipales contradicen estos esfuerzos, creando un contrasentido que podría revertir avances económicos.
Visto y no visto. En abril del 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una “cuestión de competencia” relativa al procedimiento de aprobación de concesiones municipales. Si bien las otorgadas por el gobierno central deben ser aprobadas por el Congreso, la CC determinó que ello no aplica a las de los municipios.
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Así, proyectos como el AeroMetro —y cualquier otro concesionado por las municipalidades— no pasan por el Legislativo; se evita el engorroso trámite y la posibilidad de que los diputados quieran “tajada”.
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Abonando a la descentralización, hace unos días, el Congreso aprobó reformas al Código Municipal, viabilizando el endeudamiento a largo plazo de las municipalidades a través del Infom.
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Estos dos hitos jurídicos apuntalan la autonomía municipal; acciones con motivaciones ideológicas o político-electorales que la atacan, desincentivan la inversión.
En conclusión. Los proyectos de inversión, especialmente en APP y concesiones municipales, requieren certeza jurídica absoluta para florecer, ya que cualquier interrupción ideológica puede evaporar millones en capital y oportunidades de empleo.
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El fragor político electoral, con sus rencillas y promesas volátiles, acarrea incertidumbre que no solo amenaza iniciativas como el AeroMetro sino que podría revertir los avances hacia un grado de inversión, recordándonos que la estabilidad institucional debe prevalecer sobre divisiones partidistas para un futuro próspero.
