La Universidad de San Carlos (USAC), además de su rol académico, es un epicentro de poder que ha sido dominado por operadores políticos durante décadas. Las disputas internas, las tomas del campus, y las denuncias de corrupción, revelan a los actores que buscan influencia en cargos públicos, donde la universidad tiene voz y voto.
Por qué importa. La USAC tiene poder político, económico y jurídico en el país. Su representación en comisiones de postulación y su iniciativa de ley la han convertido en una pieza estratégica. En 2020, autoridades y exrectores fueron procesados en el caso de Comisiones Paralelas.
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La elección de rector en 2022, denunciada como fraudulenta, provocó la toma del campus durante más de un año. En ese proceso resultó “electo” Walter Mazariegos.
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Estuardo Gálvez, exrector, construyó redes de influencia que aún dominan decanatos y parte del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).
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En las elecciones de este año, para dirigir el Colegio, consiguió que su planilla —la 4— ganara el Tribunal de Honor y el Comité Asesor de Inversiones.
Visto y no visto. Los operadores universitarios se conectan con redes nacionales que influyen en el sistema de justicia. Una disputa que refleja la pugna por recursos y poder estatal. En 2023, EE. UU. incluyó en la Lista Engel a Mazariegos y a Gálvez por “socavar procesos democráticos”.
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En la actualidad, los decanos alineados a Mazariegos dominan el Consejo Superior Universitario (CSU), clave para decisiones legales y presupuestarias.
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Según fuentes internas, en esta gestión del CSU se han distribuido “beneficios” a muchos catedráticos, para asegurar apoyos entre facultades.
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Además, varias decisiones han sido tomadas en secreto. La razón: otorgar privilegios a grupos aliados. La última acción relevante es la modificación al Reglamento de Elecciones.
Sí, pero. A pesar de la existencia de las redes de poder lideradas por Estuardo Gálvez, Murphy Paiz y Walter Mazariegos, la universidad mantiene su rol académico. La disputa por redes políticas en la USAC inició desde finales de los años noventa y se mantiene.
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Carlos Alvarado Cerezo, rector entre 2014 y 2018, marcó distancia con Gálvez y negó cualquier apoyo. Sin embargo, su participación en las postuladoras fue cuestionada por posibles pactos con el exrector.
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Murphy Paiz, rector entre 2018 y 2021, fue detenido en el caso Comisiones Paralelas 2020. Fue señalado de manipular el CSU para fines políticos.
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Boanerge Mejía exdecano de Derecho, y Juan Carlos Godínez, abogado electo al CANG, aparecen en expedientes judiciales por su rol en negociaciones que buscaban controlar la elección de magistrados. Avidán Ortiz —también exdecano y vinculado a operadores—, fue investigado del MP.
En conclusión. En los últimos años, el poder político y jurídico de la USAC ha sido aprovechado por grupos que buscan influir en decisiones del Estado. Las redes encabezadas por rectores y decanos marcaron la institución con casos judiciales, tomas y disputas internas que afectaron su autonomía y prestigio.
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Los casos judiciales contra exrectores y decanos evidencian cómo se usó la universidad para influir en la elección de magistrados y en la política nacional.
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La lucha de poder dentro de la USAC afecta la transparencia y la gobernabilidad de sus órganos de decisión.
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La universidad debe fortalecer mecanismos de transparencia para recuperar su autonomía y prestigio académico. Sin embargo, todo indica que no será pronto.
La Universidad de San Carlos (USAC), además de su rol académico, es un epicentro de poder que ha sido dominado por operadores políticos durante décadas. Las disputas internas, las tomas del campus, y las denuncias de corrupción, revelan a los actores que buscan influencia en cargos públicos, donde la universidad tiene voz y voto.
Por qué importa. La USAC tiene poder político, económico y jurídico en el país. Su representación en comisiones de postulación y su iniciativa de ley la han convertido en una pieza estratégica. En 2020, autoridades y exrectores fueron procesados en el caso de Comisiones Paralelas.
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La elección de rector en 2022, denunciada como fraudulenta, provocó la toma del campus durante más de un año. En ese proceso resultó “electo” Walter Mazariegos.
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En las elecciones de este año, para dirigir el Colegio, consiguió que su planilla —la 4— ganara el Tribunal de Honor y el Comité Asesor de Inversiones.
Visto y no visto. Los operadores universitarios se conectan con redes nacionales que influyen en el sistema de justicia. Una disputa que refleja la pugna por recursos y poder estatal. En 2023, EE. UU. incluyó en la Lista Engel a Mazariegos y a Gálvez por “socavar procesos democráticos”.
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En la actualidad, los decanos alineados a Mazariegos dominan el Consejo Superior Universitario (CSU), clave para decisiones legales y presupuestarias.
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Según fuentes internas, en esta gestión del CSU se han distribuido “beneficios” a muchos catedráticos, para asegurar apoyos entre facultades.
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Además, varias decisiones han sido tomadas en secreto. La razón: otorgar privilegios a grupos aliados. La última acción relevante es la modificación al Reglamento de Elecciones.
Sí, pero. A pesar de la existencia de las redes de poder lideradas por Estuardo Gálvez, Murphy Paiz y Walter Mazariegos, la universidad mantiene su rol académico. La disputa por redes políticas en la USAC inició desde finales de los años noventa y se mantiene.
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Carlos Alvarado Cerezo, rector entre 2014 y 2018, marcó distancia con Gálvez y negó cualquier apoyo. Sin embargo, su participación en las postuladoras fue cuestionada por posibles pactos con el exrector.
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Murphy Paiz, rector entre 2018 y 2021, fue detenido en el caso Comisiones Paralelas 2020. Fue señalado de manipular el CSU para fines políticos.
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Boanerge Mejía exdecano de Derecho, y Juan Carlos Godínez, abogado electo al CANG, aparecen en expedientes judiciales por su rol en negociaciones que buscaban controlar la elección de magistrados. Avidán Ortiz —también exdecano y vinculado a operadores—, fue investigado del MP.
En conclusión. En los últimos años, el poder político y jurídico de la USAC ha sido aprovechado por grupos que buscan influir en decisiones del Estado. Las redes encabezadas por rectores y decanos marcaron la institución con casos judiciales, tomas y disputas internas que afectaron su autonomía y prestigio.
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Los casos judiciales contra exrectores y decanos evidencian cómo se usó la universidad para influir en la elección de magistrados y en la política nacional.
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La lucha de poder dentro de la USAC afecta la transparencia y la gobernabilidad de sus órganos de decisión.
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La universidad debe fortalecer mecanismos de transparencia para recuperar su autonomía y prestigio académico. Sin embargo, todo indica que no será pronto.