Ley de Arbitraje: reformas entran en la recta final

Guatemala está cerca de actualizar una legislación que lleva tres décadas sin una reforma integral. La iniciativa 6798 avanza en el Congreso con cambios orientados a modernizar el arbitraje comercial, agilizar la resolución de controversias y reforzar la certeza jurídica. El siguiente paso será conseguir el dictamen favorable y llevar la propuesta al Pleno.  

Por qué importa. La Ley de Arbitraje —vigente desde 1995— es una pieza relevante para resolver disputas comerciales fuera de los tribunales ordinarios. Su actualización busca acercar a Guatemala a estándares internacionales y ofrecer reglas más claras para quienes celebran contratos privados o públicos. 

• La iniciativa 6798 incorpora disposiciones basadas en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), utilizada como referencia para armonizar el arbitraje comercial internacional. 
• Una legislación más alineada con estándares internacionales puede contribuir a que las empresas consideren Guatemala como sede para resolver controversias, en lugar de recurrir a otros países. 
• El objetivo también alcanza a la inversión pública y privada: reglas previsibles para resolver disputas pueden reducir la incertidumbre contractual y mejorar las condiciones para hacer negocios. 

Datos clave. La mesa de trabajo revisó artículos sobre el alcance del arbitraje, las reglas de interpretación, la renuncia al derecho a objetar, los acuerdos arbitrales y la designación de árbitros. La revisión técnica busca precisar procedimientos y adecuar el texto a las prácticas internacionales. 

• La propuesta aclara qué asuntos pueden someterse a arbitraje y distingue aquellos que quedan excluidos, como los que no están a libre disposición de las partes. 
• Para controversias de menor cuantía, plantea que pueda designarse un árbitro único cuando el monto no supere 150 salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas. 
• También contempla audiencias presenciales, remotas, virtuales o híbridas, salvo acuerdo contrario de las partes, para facilitar procedimientos más ágiles y adaptables. 

Entre líneas. Uno de los cambios de fondo de la iniciativa 6798 es sustituir el recurso de revisión del laudo arbitral por la petición de nulidad como único recurso. La propuesta busca impedir que se vuelva a examinar el fondo de la controversia y limitar las impugnaciones a supuestos específicos. 

• El análisis de los asesores de comisión es que con el cambio se pretende evitar que los laudos arbitrales sean revisados en cuanto al fondo de lo resuelto, para dar mayor firmeza a las decisiones. 
• La impugnación se limitaría a omisiones formales o violaciones del procedimiento. En el ámbito constitucional, solo se contemplarían violaciones directas al orden constitucional. 
• Por su parte, César Sigüenza, representante de ATAL, señaló que la reforma podría contribuir a reducir la mora judicial y fortalecer la certeza jurídica, sin añadir burocracia ni gasto público. 

Lo que sigue. La Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, prevé avanzar hacia un dictamen favorable antes de finalizar octubre. La iniciativa también se encuentra en la Comisión de Reformas al Sector Justicia, por lo que podría acordarse un dictamen conjunto o por separado.  

• María Eugenia Ferreyra, directora ejecutiva del CENAC, considera que la actualización puede ayudar a que más arbitrajes comerciales internacionales se tramiten en Guatemala y fortalezcan las capacidades jurídicas locales. 
• El documento revisado será remitido a los integrantes de la Comisión de Economía para su análisis, mientras ambas salas coordinan el trabajo técnico previo al dictamen. 
• Si obtiene dictamen favorable, la iniciativa deberá ser conocida y discutida por el Pleno. La meta planteada es convertirla en decreto antes de que concluya el segundo período ordinario, el 30 de noviembre.