Ley de aguas: La "ley imposible"

Probablemente ninguna pieza de legislación en la era democrática guatemalteca ha sido objeto de tanta discusión y controversia como la ley de aguas; una disposición que busca normar integralmente todo lo relacionado al uso de los recursos hídricos del país. 

Panorama. El pasado jueves 29 de agosto, el Ejecutivo presentó en el Palacio Nacional una propuesta que buscará reunir a diversos sectores para la redacción de una nueva iniciativa de ley de aguas. Unidos Por el Agua, hace un llamado a cumplir con el mandato constitucional que supone la implementación de una ley de esta naturaleza.  

• En la actividad, junto a representantes del sector privado y de comunidades indígenas, participó el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, la ministra de Ambiente Patricia Orantes y el presidente del Congreso, Nery Ramos.
   
• A raíz de la propuesta, el presidente creó el Gabinete Específico del Agua mediante el Acuerdo Gubernativo 139-2024 del Ministerio de Gobernación. Dicha instancia, será presidida por la Vicepresidencia y reunirá a los ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Finanzas, Relaciones Exteriores y Energía y Minas. También se suma SEGEPLAN. 
   
• Según la planificación presentada, la nueva iniciativa de ley empezaría a ser discutida en el Legislativo en 2025.

Entre líneas. Actualmente, entre la Constitución y algunas leyes ordinarias, existen al menos veintitrés instancias en donde se regula el uso del agua. Esto, ha sido uno de los ejes en torno a los que gira la discusión legislativa y sectorial sobre dicha legislación.  

• Unos argumentan que dichas regulaciones están muy dispersas, por ende, son débiles y no funcionales a una visión estratégica de Estado con relación al aprovechamiento de los recursos hídricos. Otros, argumentan que la aprobación de una ley de aguas causaría confusión entre las normativas y posible duplicación de funciones entre varias instituciones públicas.
   
• Al margen de líneas argumentativas, lo cierto es que la falta de un marco regulatorio efectivo ha mermado el desarrollo y la inversión –tanto nacional como extranjera– de infraestructura para el tratamiento y distribución del agua en todo el país.
   
• Según datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el 90 % de las fuentes de agua en el país están contaminadas. A su vez, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo en 2020, el 44 % de los guatemaltecos no tienen servicio de acceso seguro al agua potable.  
   

El balance. Una vez más, el Gobierno se enfrentará al complicado reto de construir una iniciativa de ley que, más allá de aplacar las preocupaciones de varios sectores de la sociedad, debe ser capaz de eludir los conocidos atascos políticos en el Congreso de la República.  

• Aunque la normativa para el uso del agua sea de aplicación general, debe contar con los mecanismos para acoplarse a las necesidades y capacidades de cada municipio.
   
• Recientemente, Arévalo obtuvo su primera victoria política en el Congreso con la aprobación de la ampliación presupuestaria. Entre otras cosas, el aumento en la asignación de recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDE), entidades muy influyentes para la ejecución de proyectos a nivel municipal, fue clave en su éxito.
   
• En este contexto, la vía municipal podría resultar la más adecuada para encauzar las negociaciones políticas en torno a la ley de aguas. No obstante, esta estrategia conlleva el desafío de asignar recursos a entidades que históricamente han enfrentado severas críticas por prácticas de corrupción e ineficiencia. El Gobierno y sus representantes en el Legislativo deberán encontrar un equilibrio delicado entre avanzar en su agenda y combatir la corrupción en todas las instancias del Estado. Después de todo, esa fue la promesa que los llevó al poder.