Disputa entre el MARN y la ANAM por plantas de tratamiento de aguas residuales

En la actualidad el país solo trata el 5% de los 1,540 millones de metros cúbicos de aguas residuales que produce, de acuerdo con un informe ambiental presentado por el Estado de Guatemala, e

• Esto se debe en gran parte a que las municipalidades no cuentan con la infraestructura necesaria para el tratamiento de aguas, pese a las obligaciones que impone el Reglamento de las Descargas Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, Acuerdo Gubernativo 236-2006.
• La implementación de este reglamento ha sido motivo de disputa entre las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), en especial después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a la entidad de alcaldes.

Es noticia. Tras una citación en el Congreso, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, anunció que la institución que preside está trabajando en el diseño de un programa de inversión pública para el tratamiento de aguas.

• Orantes enfatizó que el proyecto, al ser una solución a largo plazo, podría requerir GTQ500M. Contar con estos fondos depende de la aprobación del presupuesto general de la nación, dado que formará parte del plan de gastos anuales del MARN.
• Asimismo, mencionó que analizan otras iniciativas enfocadas en aprovechar la basura y el plástico para la producción de abono y energía. Estos serían impulsados por empresas privadas y municipalidades.
• La ministra indica que estos programas promueven el bienestar del medio ambiente, y también ofrecen oportunidades de empleo temporal masivo.

Por qué importa. La propuesta de inversión pública anunciada por la ministra de Ambiente, llega dos meses después del amparo provisional de la CC que favoreció a la ANAM con la suspensión provisional de dos artículos del citado reglamento.

• La acción de inconstitucionalidad presentada por la ANAM hacía referencia a la obligación que tenían las municipalidades de presentar los estudios de diagnóstico para la construcción de plantas de tratamiento de aguas, cuyo plazo vencía el 30 de mayo de 2024.
• Sebastián Siero dijo que esta medida afectaba la autonomía municipal, dado que “da obligaciones, pero no fondos”. Sin embargo, Orantes mantiene que estas medidas sí son factibles, ya que 250 municipalidades cumplieron con lo estipulado.
• En este sentido, Siero asegura que los datos del MARN no son exactos. Por lo tanto, propone la derogación del acuerdo gubernativo, y que se elabore uno nuevo en el que se estipulen nuevas fechas, principalmente para concluir la construcción de las plantas.

Lo que sigue. Dadas las diferencias entre la ministra Orantes y el alcalde Siero, el anuncio del programa de inversión pública por parte del MARN se podría interpretar como una medida para evadir los obstáculos que presenta la estructura de la ANAM, especialmente si la entidad ministerial cuenta con el apoyo de la mayoría de jefes ediles, como Orantes asegura.

• No obstante, también se debe tomar en cuenta que la construcción de las plantas de tratamiento no es una condición suficiente para mejorar la calidad del agua de los vecinos. También se debe tomar en cuenta las propiedades de la tierra y los fondos de mantenimiento, entre otras responsabilidades, de cada municipio.
• Asimismo, dado que cada gobierno municipal cuenta con un techo presupuestario diferente, no sería posible aplicar un mismo programa en todas las localidades
• Por lo tanto, más allá de la disputa entre las entidades de gobierno, es necesario que en el diseño de cualquier programa para el tratamiento de aguas, el MARN tome en cuenta las condiciones específicas de cada jurisdicción, de manera que se alcancen logros a largo plazo, como la ministra propone.