EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos, iniciativa 6593, busca responder a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La finalidad es prevenir el delito y modernizar el actual sistema antilavado del país. Las evaluaciones de GAFI advierten riesgos reales de ingresar a la lista gris.
- Es un registro de países bajo mayor vigilancia que presentan deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Por qué importa. Varios sectores del país, en especial el financiero, alertan sobre consecuencias económicas —severas— si el país mantiene un marco legal obsoleto. GAFILAT advirtió que el marco vigente no responde a tipologías criminales actuales. Está basado en dos decretos de hace más de dos décadas. Fueron aprobados en 2001 y 2005.
- Una evaluación formal ocurrirá en 2027. Si Guatemala no actualiza su régimen este año o a principios de 2026, se prevé la inclusión en la lista gris.
- Según análisis bancarios, estar en lista gris provocará pérdida de corresponsalías, costos mayores por confirmación de cartas de crédito y un deterioro reputacional difícil de revertir, por ejemplo.
- GAFILAT le da seguimiento intensificado al país por deficiencias persistentes. Técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) —entre otras instituciones— respaldan la necesidad de modernización.
Visto y no visto. La iniciativa consolida en una sola ley 126 artículos que sustituyen el esquema fragmentado vigente desde 2001. Introduce un enfoque basado en riesgo, amplía personas obligadas y exige identificar al beneficiario final de estructuras jurídicas. También contempla reformas al Código Penal, al Código de Comercio y al Código de Notariado.
- Instituciones, funcionarios y profesionales deberán adoptar sistemas de control con proporcionalidad según tamaño y complejidad. Ahora no es posible, pues los criterios funcionan igual para todos.
- La iniciativa 6593 define con mayor precisión a las personas obligadas e incorpora sectores antes no cubiertos: proveedores de activos virtuales, notarios, abogados, contadores y contratistas del Estado.
- Las empresas deberán diseñar matrices de riesgo, actualizar datos de clientes, monitoreo transaccional y reportes de efectivo superiores a USD 10 000.
Punto de fricción. La coyuntura política confunde esta iniciativa con otras propuestas, como la 5820 o borradores previos trabajados por la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Además, el Ejecutivo incorporó cambios de último momento antes de enviarla al Congreso.
- Esto generó inquietud en actores técnicos que temen desviaciones del objetivo exclusivamente antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
- Representantes del sector financiero señalan que la iniciativa “no es política”, sino técnica y preventiva, aunque advierten que modificaciones adicionales podrían alterar su alcance previsto.
- La ley no prohíbe el uso de efectivo, no crea impuestos y no criminaliza actividades productivas. Su propósito es atacar la economía criminal, no la economía informal ni las PYMES.
En conclusión. Los discursos imprecisos o debates desinformados pueden retrasar la aprobación. Aumentan el riesgo de sanciones y la percepción internacional de debilidad institucional. Si la iniciativa no avanza este año, o a principios de 2026, la evaluación de 2027 encontrará un marco sin actualizar.
- La Iniciativa 6593 representa la actualización más amplia del régimen ALA/CFT en dos décadas. Su aprobación permitiría alinear a Guatemala con estándares internacionales.
- También reduce riesgos reputacionales y evita efectos nocivos en comercio e inversión. La inacción, en cambio, abriría la puerta a un retroceso costoso.
La Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos, iniciativa 6593, busca responder a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La finalidad es prevenir el delito y modernizar el actual sistema antilavado del país. Las evaluaciones de GAFI advierten riesgos reales de ingresar a la lista gris.
- Es un registro de países bajo mayor vigilancia que presentan deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Por qué importa. Varios sectores del país, en especial el financiero, alertan sobre consecuencias económicas —severas— si el país mantiene un marco legal obsoleto. GAFILAT advirtió que el marco vigente no responde a tipologías criminales actuales. Está basado en dos decretos de hace más de dos décadas. Fueron aprobados en 2001 y 2005.
- Una evaluación formal ocurrirá en 2027. Si Guatemala no actualiza su régimen este año o a principios de 2026, se prevé la inclusión en la lista gris.
- Según análisis bancarios, estar en lista gris provocará pérdida de corresponsalías, costos mayores por confirmación de cartas de crédito y un deterioro reputacional difícil de revertir, por ejemplo.
- GAFILAT le da seguimiento intensificado al país por deficiencias persistentes. Técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) —entre otras instituciones— respaldan la necesidad de modernización.
Visto y no visto. La iniciativa consolida en una sola ley 126 artículos que sustituyen el esquema fragmentado vigente desde 2001. Introduce un enfoque basado en riesgo, amplía personas obligadas y exige identificar al beneficiario final de estructuras jurídicas. También contempla reformas al Código Penal, al Código de Comercio y al Código de Notariado.
- Instituciones, funcionarios y profesionales deberán adoptar sistemas de control con proporcionalidad según tamaño y complejidad. Ahora no es posible, pues los criterios funcionan igual para todos.
- La iniciativa 6593 define con mayor precisión a las personas obligadas e incorpora sectores antes no cubiertos: proveedores de activos virtuales, notarios, abogados, contadores y contratistas del Estado.
- Las empresas deberán diseñar matrices de riesgo, actualizar datos de clientes, monitoreo transaccional y reportes de efectivo superiores a USD 10 000.
Punto de fricción. La coyuntura política confunde esta iniciativa con otras propuestas, como la 5820 o borradores previos trabajados por la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Además, el Ejecutivo incorporó cambios de último momento antes de enviarla al Congreso.
- Esto generó inquietud en actores técnicos que temen desviaciones del objetivo exclusivamente antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
- Representantes del sector financiero señalan que la iniciativa “no es política”, sino técnica y preventiva, aunque advierten que modificaciones adicionales podrían alterar su alcance previsto.
- La ley no prohíbe el uso de efectivo, no crea impuestos y no criminaliza actividades productivas. Su propósito es atacar la economía criminal, no la economía informal ni las PYMES.
En conclusión. Los discursos imprecisos o debates desinformados pueden retrasar la aprobación. Aumentan el riesgo de sanciones y la percepción internacional de debilidad institucional. Si la iniciativa no avanza este año, o a principios de 2026, la evaluación de 2027 encontrará un marco sin actualizar.
- La Iniciativa 6593 representa la actualización más amplia del régimen ALA/CFT en dos décadas. Su aprobación permitiría alinear a Guatemala con estándares internacionales.
- También reduce riesgos reputacionales y evita efectos nocivos en comercio e inversión. La inacción, en cambio, abriría la puerta a un retroceso costoso.
