EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A un mes de haber sido presentada por el Ejecutivo, la iniciativa de ley contra el lavado de dinero adquiere especial relevancia ante la inminente evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará al país. En este contexto, resulta fundamental que los diputados la discutan de manera amplia y transparente, de modo que, al momento de aprobarla, la decisión responda a un debate responsable y no a una aprobación apresurada.
Por qué importa. Los diputados suelen aprobar decretos sin mayor discusión, como ocurrió con el que garantiza el uso de recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) leído y aprobado de urgencia nacional el mismo 2 de septiembre.
- El análisis profundo no suele ser la práctica en el Congreso, lo que resulta preocupante frente a la relevancia de crear un nuevo marco jurídico, que plantea derogar dos leyes vigentes: el Decreto 67-2001, sobre lavado de dinero, y el Decreto 58-2005, relativo al financiamiento del terrorismo.
- En su lugar, se propone una ley integral que unifica ambos regímenes y los adapta a los estándares internacionales del GAFI.
- La evaluación está prevista para febrero de 2027 y, si para entonces Guatemala no cuenta con una ley actualizada y, sobre todo, implementada, el país corre riesgo de ser incluido en la lista gris.
Datos clave. La ley establece un sistema de prevención, que obliga a entidades financieras, aseguradoras, notarios, profesionales jurídicos y contables, entre otros, a implementar programas de cumplimiento, monitoreo de transacciones y debida diligencia de clientes.
- Se prohíbe la apertura de cuentas anónimas y se exige el reporte de transacciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que actúa como Unidad de Inteligencia Financiera del país.
- Se crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFT), presidido por el vicepresidente de la República.
- Este ente coordinará acciones interinstitucionales y dará seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.
Visto y no visto. El oficialismo no atraviesa su mejor momento, pues el decreto recién aprobado sobre los CODEDE los dejó fuera de la jugada: apenas lograron reunir 32 votos en contra, la mayoría de ellos porque impulsaban su propia propuesta, la cual, hasta la fecha, ni siquiera cuenta con dictamen.
- Esta derrota anticipa que la iniciativa anti-lavado enfrentará un camino largo y complejo, tomando en cuenta que su lectura en el hemiciclo tardó varios días y que aún depende de obtener dictamen favorable para iniciar su aprobación en el pleno.
- Actualmente, está bajo análisis de las comisiones de Finanzas, presidida por Julio Héctor Estrada (Cabal), y de Economía, a cargo de Faver Salazar (Valor), de las cuales al menos una deberá emitir dictamen favorable para que el proceso avance.
- Datos de la Dirección Legislativa muestran que el Ejecutivo ha presentado 15 iniciativas, de las cuales, solo tres se han convertido en decreto, todos relacionados con el presupuesto de la Nación.
En conclusión. La discusión de la ley contra el lavado de dinero será una prueba para el Congreso y para el oficialismo, que este año no acumula logros legislativos. La relevancia internacional del tema obliga a un debate serio, transparente y responsable, no a una aprobación exprés.
- Guatemala se juega su permanencia fuera de la lista gris del GAFI, con las consecuencias económicas y políticas que ello implicaría.
A un mes de haber sido presentada por el Ejecutivo, la iniciativa de ley contra el lavado de dinero adquiere especial relevancia ante la inminente evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará al país. En este contexto, resulta fundamental que los diputados la discutan de manera amplia y transparente, de modo que, al momento de aprobarla, la decisión responda a un debate responsable y no a una aprobación apresurada.
Por qué importa. Los diputados suelen aprobar decretos sin mayor discusión, como ocurrió con el que garantiza el uso de recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) leído y aprobado de urgencia nacional el mismo 2 de septiembre.
- El análisis profundo no suele ser la práctica en el Congreso, lo que resulta preocupante frente a la relevancia de crear un nuevo marco jurídico, que plantea derogar dos leyes vigentes: el Decreto 67-2001, sobre lavado de dinero, y el Decreto 58-2005, relativo al financiamiento del terrorismo.
- En su lugar, se propone una ley integral que unifica ambos regímenes y los adapta a los estándares internacionales del GAFI.
- La evaluación está prevista para febrero de 2027 y, si para entonces Guatemala no cuenta con una ley actualizada y, sobre todo, implementada, el país corre riesgo de ser incluido en la lista gris.
Datos clave. La ley establece un sistema de prevención, que obliga a entidades financieras, aseguradoras, notarios, profesionales jurídicos y contables, entre otros, a implementar programas de cumplimiento, monitoreo de transacciones y debida diligencia de clientes.
- Se prohíbe la apertura de cuentas anónimas y se exige el reporte de transacciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que actúa como Unidad de Inteligencia Financiera del país.
- Se crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFT), presidido por el vicepresidente de la República.
- Este ente coordinará acciones interinstitucionales y dará seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.
Visto y no visto. El oficialismo no atraviesa su mejor momento, pues el decreto recién aprobado sobre los CODEDE los dejó fuera de la jugada: apenas lograron reunir 32 votos en contra, la mayoría de ellos porque impulsaban su propia propuesta, la cual, hasta la fecha, ni siquiera cuenta con dictamen.
- Esta derrota anticipa que la iniciativa anti-lavado enfrentará un camino largo y complejo, tomando en cuenta que su lectura en el hemiciclo tardó varios días y que aún depende de obtener dictamen favorable para iniciar su aprobación en el pleno.
- Actualmente, está bajo análisis de las comisiones de Finanzas, presidida por Julio Héctor Estrada (Cabal), y de Economía, a cargo de Faver Salazar (Valor), de las cuales al menos una deberá emitir dictamen favorable para que el proceso avance.
- Datos de la Dirección Legislativa muestran que el Ejecutivo ha presentado 15 iniciativas, de las cuales, solo tres se han convertido en decreto, todos relacionados con el presupuesto de la Nación.
En conclusión. La discusión de la ley contra el lavado de dinero será una prueba para el Congreso y para el oficialismo, que este año no acumula logros legislativos. La relevancia internacional del tema obliga a un debate serio, transparente y responsable, no a una aprobación exprés.
- Guatemala se juega su permanencia fuera de la lista gris del GAFI, con las consecuencias económicas y políticas que ello implicaría.
