El Congreso discute una nueva ley antilavado para alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa 6593 promete modernizar un marco legal obsoleto. Sin embargo, podría aumentar la discrecionalidad de algunas instituciones, además de que diversas normas se alcanzarían solo por cumplimiento formal y no sustancial.
Por qué importa. La iniciativa 6593 surge ante el riesgo de que Guatemala ingrese a la “lista gris” del GAFI en la evaluación prevista para 2027. El marco vigente se basa en decretos de 2001 y 2005, diseñados para tipologías criminales hoy superadas. Entre los retos a vencer —regular— está el uso de la tecnología para facilitar el lavado del dinero.
- La Comisión de Economía del Congreso avanza en el dictamen de la iniciativa. Según se prevé, actualiza modalidades como criptomonedas.
- El sector financiero advierte impactos severos si el país queda bajo mayor vigilancia internacional: pérdida de corresponsalías y encarecimiento del comercio exterior.
- El proyecto adopta un enfoque basado en riesgo. Este permite asignar recursos según actividad, cliente y producto financiero, en lugar de aplicar controles uniformes.
Datos clave. El texto consolida 126 artículos en una sola ley e introduce cambios en el Código Penal, de Comercio y de Notariado. También amplía el universo de personas obligadas y exige identificar al beneficiario final de estructuras jurídicas. Deja fuera a la economía informal y tampoco prohíbe el uso del efectivo.
- Incluye como sujetos obligados a proveedores de activos virtuales, abogados, notarios, contadores y contratistas del Estado, además del sistema financiero tradicional.
- Obliga a reportar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo superiores a USD 10 000, con la conservación de documentos por al menos cinco años.
- La iniciativa cumple técnicamente en transparencia y decomiso de activos, aunque elimina umbrales para definir beneficiario final. Esto excede estándares mínimos.
Punto de fricción. La discusión técnica de la iniciativa 6593 se cruza con presiones políticas y externas para aprobarla con rapidez. Mientras sectores financieros y autoridades estadounidenses insisten en su urgencia, surgen dudas sobre si el texto equilibra adecuadamente la prevención del delito con límites claros a la discrecionalidad del Estado y garantías jurídicas.
- Los representantes bancarios sostienen que la ley “no es política”, sino preventiva. Alertan sobre cambios adicionales que desnaturalizarían su objetivo antilavado.
- Expertos señalan riesgos de exceso regulatorio: ampliación indiscriminada de sujetos obligados y facultades amplias de supervisión sin contrapesos claros.
- El congelamiento preventivo inmediato por listas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple con GAFI, pero carece de control judicial previo. Plantea posibles violaciones al debido proceso.
En conclusión. La iniciativa 6593 representa la actualización más profunda del régimen antilavado en dos décadas; busca blindar al país frente a sanciones internacionales. Su éxito dependerá de lograr equilibrio entre control estatal y libertades económicas.
- Si se aprueba de forma técnica y responsable, Guatemala alineará su marco legal con GAFI. Reducirá riesgos reputacionales que afectan inversión y comercio.
- Si se excede en intrusión o discrecionalidad, podría generar inseguridad jurídica y resistencia de sectores productivos y profesionales; dichos cambios —nocivos— son promovidos desde el Ejecutivo.
- El reto político es evitar debates desinformados que retrasen la aprobación y expongan al país a un escenario de mayor vigilancia internacional.
El Congreso discute una nueva ley antilavado para alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa 6593 promete modernizar un marco legal obsoleto. Sin embargo, podría aumentar la discrecionalidad de algunas instituciones, además de que diversas normas se alcanzarían solo por cumplimiento formal y no sustancial.
Por qué importa. La iniciativa 6593 surge ante el riesgo de que Guatemala ingrese a la “lista gris” del GAFI en la evaluación prevista para 2027. El marco vigente se basa en decretos de 2001 y 2005, diseñados para tipologías criminales hoy superadas. Entre los retos a vencer —regular— está el uso de la tecnología para facilitar el lavado del dinero.
- La Comisión de Economía del Congreso avanza en el dictamen de la iniciativa. Según se prevé, actualiza modalidades como criptomonedas.
- El sector financiero advierte impactos severos si el país queda bajo mayor vigilancia internacional: pérdida de corresponsalías y encarecimiento del comercio exterior.
- El proyecto adopta un enfoque basado en riesgo. Este permite asignar recursos según actividad, cliente y producto financiero, en lugar de aplicar controles uniformes.
Datos clave. El texto consolida 126 artículos en una sola ley e introduce cambios en el Código Penal, de Comercio y de Notariado. También amplía el universo de personas obligadas y exige identificar al beneficiario final de estructuras jurídicas. Deja fuera a la economía informal y tampoco prohíbe el uso del efectivo.
- Incluye como sujetos obligados a proveedores de activos virtuales, abogados, notarios, contadores y contratistas del Estado, además del sistema financiero tradicional.
- Obliga a reportar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo superiores a USD 10 000, con la conservación de documentos por al menos cinco años.
- La iniciativa cumple técnicamente en transparencia y decomiso de activos, aunque elimina umbrales para definir beneficiario final. Esto excede estándares mínimos.
Punto de fricción. La discusión técnica de la iniciativa 6593 se cruza con presiones políticas y externas para aprobarla con rapidez. Mientras sectores financieros y autoridades estadounidenses insisten en su urgencia, surgen dudas sobre si el texto equilibra adecuadamente la prevención del delito con límites claros a la discrecionalidad del Estado y garantías jurídicas.
- Los representantes bancarios sostienen que la ley “no es política”, sino preventiva. Alertan sobre cambios adicionales que desnaturalizarían su objetivo antilavado.
- Expertos señalan riesgos de exceso regulatorio: ampliación indiscriminada de sujetos obligados y facultades amplias de supervisión sin contrapesos claros.
- El congelamiento preventivo inmediato por listas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple con GAFI, pero carece de control judicial previo. Plantea posibles violaciones al debido proceso.
En conclusión. La iniciativa 6593 representa la actualización más profunda del régimen antilavado en dos décadas; busca blindar al país frente a sanciones internacionales. Su éxito dependerá de lograr equilibrio entre control estatal y libertades económicas.
- Si se aprueba de forma técnica y responsable, Guatemala alineará su marco legal con GAFI. Reducirá riesgos reputacionales que afectan inversión y comercio.
- Si se excede en intrusión o discrecionalidad, podría generar inseguridad jurídica y resistencia de sectores productivos y profesionales; dichos cambios —nocivos— son promovidos desde el Ejecutivo.
- El reto político es evitar debates desinformados que retrasen la aprobación y expongan al país a un escenario de mayor vigilancia internacional.
