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Las sombras de Los Zetas y el Barrio 18 detrás de la UNE

Los vínculos de la UNE con el crimen organizado, desde su génesis hasta la fecha, suponen una amenaza de seguridad nacional para EE. UU.

Redacción República
17 de noviembre, 2000

Dos exintegrantes de Los Zetas han reconocido ante la justicia estadounidense que el narcotráfico destinó millones de dólares a la campaña presidencial que llevó a Álvaro Colom y a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) al poder en 2007.  

  • Casi dos décadas después, el partido dirigido por Sandra Torres vuelve a encontrarse bajo escrutinio, esta vez por las conexiones familiares y políticas que rodean a uno de los principales cabecillas del Barrio 18. 

  • La coincidencia histórica plantea una pregunta incómoda: ¿cómo explicar que una organización política aparezca reiteradamente vinculada, a través de personas de su entorno, con algunas de las estructuras criminales más violentas que han operado en Guatemala? 

En perspectiva. El 22 de abril de 2026, Daniel Pérez Rojas, alias “el Cachetes”, antiguo integrante de alto rango de Los Zetas se declaró culpable de delitos federales de narcotráfico en Washington. En la declaración de hechos que acompañó su acuerdo de culpabilidad, reconoció que la organización había pagado millones de dólares en sobornos al candidato ganador de las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2007. También admitió que miembros del cártel viajaron a Guatemala en 2008 y mantuvieron reuniones con funcionarios para discutir su expansión. Pero esta declaración no fue la primera vez que un integrante de Los Zetas señalaba aquella campaña. 

  • En agosto de 2021, José María Guízar Valencia, alias “Z-43”, declaró bajo juramento ante un tribunal de Texas que recibió instrucciones de entregar USD 24M a la campaña presidencial de Álvaro Colom. 

  • Según su testimonio, el objetivo del cártel era obtener facilidades para introducir cocaína procedente de Colombia y operar a través de aeropuertos y aduanas guatemaltecas.  

  • Son dos declaraciones realizadas en procedimientos judiciales distintos, con cinco años de diferencia. Una identifica expresamente la campaña y el monto y la otra reconoce los pagos millonarios al candidato ganador. 

Entre líneas. La relación entre el entorno familiar de Sandra Torres y el Barrio 18 es mucho más reciente y está ampliamente documentada. María Marta Patricia Castañeda Torres, hija de Gloria Torres y sobrina de la secretaria general de la UNE, es pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, uno de los principales dirigentes del Barrio 18. No se trata únicamente de un parentesco lejano. Castañeda Torres ha sido identificada como operadora del cabecilla pandillero. En agosto de 2025 fue capturada en Antigua Guatemala. El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, presentó su detención como un golpe significativo contra las pandillas. 

  • En mayo de 2026 recibió una condena de seis años de prisión por lavado de dinero, además de seis meses por casos especiales de estafa, en un expediente relacionado con cobros por servicios no prestados a una municipalidad. 

  • Castañeda Torres también ha enfrentado procedimientos relacionados con el asesinato de Byron Lima y otros hechos delictivos. 

  • A pesar de que el parentesco no convierte a Sandra Torres en responsable de los delitos de su sobrina, la cercanía familiar entre la máxima dirigente de un partido político y el entorno de un cabecilla de una organización terrorista es un hecho de evidente interés público. 

Visto y no visto. Existe otra conexión, esta vez directamente política. Bryan Javier Morales Aguilar, candidato de la UNE a la alcaldía de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, en 2023, fue posteriormente subdelegado regional de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Desde esa posición firmó un informe sobre las condiciones de reclusión de “el Lobo” en la prisión Renovación I, que denunciaba sus malas condiciones y luego sirvió para trasladar a alias el Lobo de una prisión de máxima seguridad a una, contradictoriamente, de mejores condiciones: Fraijanes II.  

  • Morales Aguilar también sirvió como financista electoral de la UNE y participó en actividades de campaña junto al diputado Inés Castillo, jefe de la bancada del partido. 

  • La UNE respondió públicamente que Morales Aguilar ya no mantenía relación con la organización y rechazó cualquier vínculo con estructuras criminales. 

  • Sin embargo, la secuencia evidencia a un antiguo candidato y financista del partido que participó, desde una institución pública, en el proceso para mejorar las condiciones del cabecilla cuya pareja es sobrina de Sandra Torres. 

Por qué importa. En septiembre de 2025, EE. UU. designó oficialmente al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. La clasificación reconoce la gravedad de una estructura que durante años ha recurrido a extorsiones, asesinatos y otras formas de violencia para ejercer control territorial. La más reciente adición a esta lista de los tres principales cárteles guatemaltecos demuestra que, para EE. UU., acabar con el crimen organizado en Guatemala es una prioridad de seguridad nacional. De cara a las elecciones de 2027, Guatemala enfrenta una obligación de esclarecer cualquier posible penetración del crimen organizado en las organizaciones políticas, independientemente de su ideología, tamaño o trayectoria. 

  • En 2007, dos integrantes de Los Zetas situaron millones de dólares del narcotráfico alrededor de la campaña que llevó a la UNE al poder. Casi 20 años después, el entorno familiar y político de su máxima dirigente presenta conexiones documentadas con personas vinculadas al Barrio 18. 

  • Los vínculos de la UNE con el crimen organizado, desde su génesis hasta la fecha, suponen una amenaza de seguridad nacional para EE. UU. Su participación en las elecciones de 2027 supone una contradicción en los intentos del Estado guatemalteco por fortalecer sus relaciones con su principal socio estratégico. 

  • La cuestión de fondo es si Guatemala cuenta con instituciones capaces de investigar estas conexiones antes de que la influencia criminal termine condicionando nuevamente la competencia electoral y poniendo en riesgo la seguridad nacional de EE. UU. y la región en el camino.

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