EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Línea evidenció cómo altos funcionarios dirigían una red de defraudación aduanera. Era liderada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta del país, respectivamente. A una década de la investigación, el estatus legal de varios implicados ha cambiado.
Por qué importa. La Línea defraudó al fisco por al menos GTQ 28 500 M entre los años 2014 y 2015. Evidenció el grado de “cooptación” del Estado y redujo la confianza en las instituciones públicas. Esta aún no se recupera.
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Además, marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Entre los logros destaca la condena del binomio presidencial. Ambos recibieron una sentencia de 16 años de cárcel, más una multa de GTQ 8M.
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Baldetti está en prisión y Pérez logró su libertad tras pagar una multa. Las penas responden a los delitos de defraudación y asociación ilícita.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) descubrió un caso parecido el año pasado, el B410. Una estructura de empresas ficticias usada para evadir impuestos, por un monto de más de GTQ 300M.
Visto y no visto. Si bien los rostros visibles fueron Pérez Molina y Baldetti, hay varios personajes que pasaron desapercibidos. Algunos de los sindicados y condenados recuperaron su libertad. Volvieron a la “vida normal”.
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Salvador González —administrador de las empresas de Baldetti—, alias Eco, dejó la prisión en 2017. Tres años más tarde, en 2021, perdió GTQ 2M en un juicio de extinción de dominio.
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En 2022, se resolvió que no tendría que pagar los GTQ 13 200M que correspondían bajo concepto de reparación digna al Estado.
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El juez de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, afirmó que la Procuraduría General de la Nación no “demostró” los perjuicios de González.
Sí, pero. El ex secretario general del Sindicato de la SAT, Anthony Segura Franco, fue absuelto de la investigación en 2022. En los juicios defendió su inocencia con publicaciones periodísticas. Actualmente, figura como secretario general del partido político Jaguar.
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Este se constituyó legalmente en enero de 2025, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Antes, el cargo era ocupado por Silvi Maraéli Ramos de Segura.
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Carlos Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT entre 2013 y 2015, fue absuelto del caso en 2022; sin embargo, lo recapturaron en 2023. La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusó de lavado de dinero.
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Geovani Marroquín Navas, acusado de ser el enlace entre la SAT y terceros para cobrar sobornos, obtuvo su libertad en 2022. Ahora está como responsable del Órgano de Fiscalización Financiera de Jaguar.
En conclusión. La Línea fue el punto de partida para varias investigaciones, pero algunas no prosperaron por “falta de pruebas”. Además, marcó el inicio de varias reformas en el Estado.
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Entre ellas resalta la modificación de la ley del Ministerio Público y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ambas del 2016, menos de 10 años después, queda clara la necesidad de volverlas a reformar.
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Los sindicados que recuperaron su libertad se reintegraron en la sociedad. Ahora integran proyectos políticos.
La Línea evidenció cómo altos funcionarios dirigían una red de defraudación aduanera. Era liderada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta del país, respectivamente. A una década de la investigación, el estatus legal de varios implicados ha cambiado.
Por qué importa. La Línea defraudó al fisco por al menos GTQ 28 500 M entre los años 2014 y 2015. Evidenció el grado de “cooptación” del Estado y redujo la confianza en las instituciones públicas. Esta aún no se recupera.
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Además, marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Entre los logros destaca la condena del binomio presidencial. Ambos recibieron una sentencia de 16 años de cárcel, más una multa de GTQ 8M.
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Baldetti está en prisión y Pérez logró su libertad tras pagar una multa. Las penas responden a los delitos de defraudación y asociación ilícita.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) descubrió un caso parecido el año pasado, el B410. Una estructura de empresas ficticias usada para evadir impuestos, por un monto de más de GTQ 300M.
Visto y no visto. Si bien los rostros visibles fueron Pérez Molina y Baldetti, hay varios personajes que pasaron desapercibidos. Algunos de los sindicados y condenados recuperaron su libertad. Volvieron a la “vida normal”.
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Salvador González —administrador de las empresas de Baldetti—, alias Eco, dejó la prisión en 2017. Tres años más tarde, en 2021, perdió GTQ 2M en un juicio de extinción de dominio.
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En 2022, se resolvió que no tendría que pagar los GTQ 13 200M que correspondían bajo concepto de reparación digna al Estado.
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El juez de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, afirmó que la Procuraduría General de la Nación no “demostró” los perjuicios de González.
Sí, pero. El ex secretario general del Sindicato de la SAT, Anthony Segura Franco, fue absuelto de la investigación en 2022. En los juicios defendió su inocencia con publicaciones periodísticas. Actualmente, figura como secretario general del partido político Jaguar.
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Este se constituyó legalmente en enero de 2025, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Antes, el cargo era ocupado por Silvi Maraéli Ramos de Segura.
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Carlos Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT entre 2013 y 2015, fue absuelto del caso en 2022; sin embargo, lo recapturaron en 2023. La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusó de lavado de dinero.
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Geovani Marroquín Navas, acusado de ser el enlace entre la SAT y terceros para cobrar sobornos, obtuvo su libertad en 2022. Ahora está como responsable del Órgano de Fiscalización Financiera de Jaguar.
En conclusión. La Línea fue el punto de partida para varias investigaciones, pero algunas no prosperaron por “falta de pruebas”. Además, marcó el inicio de varias reformas en el Estado.
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Entre ellas resalta la modificación de la ley del Ministerio Público y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ambas del 2016, menos de 10 años después, queda clara la necesidad de volverlas a reformar.
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Los sindicados que recuperaron su libertad se reintegraron en la sociedad. Ahora integran proyectos políticos.
