Información pública: cuando pedir datos se vuelve una lucha

El presidente Bernardo Arévalo prometió mejorar el acceso a la información pública durante su administración, pero no lo ha hecho. Actualmente, el país ocupa el puesto 59 de 140 en el Índice del Derecho a la Información. En el 2024 descendió tres posiciones. Antes teníamos el 56. 

Por qué importa. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) es clara al establecer el mecanismo para solicitar y entregar los datos. A pesar de ello, persisten las falencias en las instituciones obligadas a cumplir con el mandato. 

• En diversas ocasiones, República ha pedido información a varias dependencias del Estado, pero las respuestas han sido escuetas y se han negado a dar los datos. 

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• Respecto al proceso de las solicitudes, el Ministerio de Gobernación (MINGOB) carece de plantas telefónicas para atenderlas. 

• El personal designado a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) utiliza sus teléfonos personales. Además, su oficina no tiene identificación ni señalización. 

Visto y no visto. República hizo el ejercicio de requerir información sobre los extraditables al MINGOB y a la Policía Nacional Civil (PNC). Ambas instituciones recibieron la misma solicitud, pero ofrecieron datos diferentes. 

• Gobernación rechazó la petición. Argumentó que no era de su competencia y remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Por su parte, la PNC sí bridó los registros demandados. En el sistema de justicia también destaca la poca accesibilidad del Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP). 

• Entidades que en los últimos años blindaron la información pública bajo el argumento de “datos sensibles y confidenciales”. 

Sí, pero. Entre 2012 y 2020 las dos instituciones entregaban datos generales de la seguridad de los altos funcionarios y sus salarios. Asimismo, el detalle de los casos abiertos en contra de los diputados, alcaldes y ministros. Hoy, no se puede acceder a esos archivos. 

• Otra dificultad, son los sitios web de algunas entidades, pues no son amigables. Tienen información desordenada y confusa. Para entenderla se necesita el auxilio de personal de la institución.  

• Asimismo, muchas unidades condicionan el equipo para grabar o guardar la información. Algunas entregan los requerimientos en CD y argumentan que por la capacidad no se puede enviar por correo electrónico. El problema con esas limitantes es que ya no todas las computadoras tienen lectores de CD.  

• Aparte, la Política Nacional de Datos Abiertos tiene como objetivo principal la apertura de los datos públicos de las instituciones del Estado. Sin embargo, el portal de Datos Abiertos no está actualizado. Únicamente registra 51 entidades.  

En conclusión. El compromiso de mantener una comunicación eficiente entre el Estado y los medios de comunicación quedó solo como un ofrecimiento más de la campaña.  

• La LAIP fue implementada en 2009 y prometía la transparencia y la fiscalización en la gestión pública del país. A más de 16 años, los resultados son escasos. 

• Urge que las instituciones revisen las normas y analicen los mecanismos de la UAIP, para identificar las deficiencias, retos y desafíos. Se deben priorizar las capacitaciones al personal para que la atención al ciudadano sea efectiva.