EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El pasado 22 de mayo, los gobiernos de Guatemala y EE. UU. firmaron un acuerdo para la modernización de la Empresa Puerto Quetzal (EPQ). La primera fase del proyecto le costará al país USD 63.8M. Según estimaciones, la obra total podría estar valorada en USD 600M, aunque el dato es incierto.
Por qué importa. El convenio fue suscrito entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef). Al documento, según el artículo 30 de la Constitución de la República, le aplica el criterio de la máxima publicidad de los actos administrativos.
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Es decir, cualquier persona tiene el derecho a obtener una copia del acuerdo firmado, pues se trata de un expediente en poder del Estado.
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En la práctica no es así. República solicitó al Mindef una copia del acuerdo suscrito, pero la institución no la entregó. La ocultó.
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La petición se hizo a través de una solicitud de acceso a la información pública. En ella, se requirió copia del convenio firmado y de la carta de aceptación que aprobaron ambas partes.
Visto y no visto. Sin embargo, Defensa afirmó la inexistencia de la información solicitada. Además, argumentó que no fue ninguno de los documentos solicitados el que se suscribió el pasado 22 de mayo.
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En este sentido, queda la incertidumbre de qué firmó el país con el cuerpo de ingenieros de EE. UU. No existe claridad de los compromisos y responsabilidades adquiridas.
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El gobierno lo promociona como “su gran logro”. A la EPQ también se le requirieron los mismos archivos, pero indicaron que no han recibido “oficialmente” el convenio.
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Añadió que tampoco, como institución, han firmado algún instrumento jurídico relacionado con el tema.
Sí, pero. Al consultarle a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), informaron que, al ser documentos firmados entre homólogos, la solicitud para obtenerlos tenía que ir dirigida al Mindef.
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República siguió la recomendación, pero no obtuvo respuesta alguna. En el intento por tener acceso a la información, se solicitó el nombre de los acuerdos firmados a la vocera del Mindef.
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No obstante, respondió que “realizaría las consultas con sus superiores”.
En conclusión. Hasta el cierre de la nota, no se obtuvo la respuesta del Mindef. La intención era conocer los nombres, pero, sobre todo, el contenido de los documentos.
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Cabe recordar que el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, afirmó frente a periodistas y medios de comunicación, que en su gobierno no se “escudarían” en ese mecanismo, sino que entregarían la información sin tanto trámite. Ni eso han cumplido.
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La respuesta de la Defensa expone las falencias de la Ley de Acceso a la Información Pública. Las instituciones del Estado se abstienen de brindar información. Afirman que no se solicita con el “nombre técnico”.
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Las resoluciones atentan contra la misma ley, pues la normativa no establece ese criterio como fundamento para rechazar una solicitud.
El pasado 22 de mayo, los gobiernos de Guatemala y EE. UU. firmaron un acuerdo para la modernización de la Empresa Puerto Quetzal (EPQ). La primera fase del proyecto le costará al país USD 63.8M. Según estimaciones, la obra total podría estar valorada en USD 600M, aunque el dato es incierto.
Por qué importa. El convenio fue suscrito entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef). Al documento, según el artículo 30 de la Constitución de la República, le aplica el criterio de la máxima publicidad de los actos administrativos.
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Es decir, cualquier persona tiene el derecho a obtener una copia del acuerdo firmado, pues se trata de un expediente en poder del Estado.
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En la práctica no es así. República solicitó al Mindef una copia del acuerdo suscrito, pero la institución no la entregó. La ocultó.
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La petición se hizo a través de una solicitud de acceso a la información pública. En ella, se requirió copia del convenio firmado y de la carta de aceptación que aprobaron ambas partes.
Visto y no visto. Sin embargo, Defensa afirmó la inexistencia de la información solicitada. Además, argumentó que no fue ninguno de los documentos solicitados el que se suscribió el pasado 22 de mayo.
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En este sentido, queda la incertidumbre de qué firmó el país con el cuerpo de ingenieros de EE. UU. No existe claridad de los compromisos y responsabilidades adquiridas.
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El gobierno lo promociona como “su gran logro”. A la EPQ también se le requirieron los mismos archivos, pero indicaron que no han recibido “oficialmente” el convenio.
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Añadió que tampoco, como institución, han firmado algún instrumento jurídico relacionado con el tema.
Sí, pero. Al consultarle a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), informaron que, al ser documentos firmados entre homólogos, la solicitud para obtenerlos tenía que ir dirigida al Mindef.
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República siguió la recomendación, pero no obtuvo respuesta alguna. En el intento por tener acceso a la información, se solicitó el nombre de los acuerdos firmados a la vocera del Mindef.
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No obstante, respondió que “realizaría las consultas con sus superiores”.
En conclusión. Hasta el cierre de la nota, no se obtuvo la respuesta del Mindef. La intención era conocer los nombres, pero, sobre todo, el contenido de los documentos.
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Cabe recordar que el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, afirmó frente a periodistas y medios de comunicación, que en su gobierno no se “escudarían” en ese mecanismo, sino que entregarían la información sin tanto trámite. Ni eso han cumplido.
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La respuesta de la Defensa expone las falencias de la Ley de Acceso a la Información Pública. Las instituciones del Estado se abstienen de brindar información. Afirman que no se solicita con el “nombre técnico”.
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Las resoluciones atentan contra la misma ley, pues la normativa no establece ese criterio como fundamento para rechazar una solicitud.
