Hasta cuatro días perdidos, el primer freno de la justicia

La justicia no solo se mide por las sentencias, pues depende de la rapidez con la que el sistema responde cuando una víctima acude a las autoridades. En Guatemala, uno de los principales obstáculos surge cuando una denuncia presentada ante la Policía Nacional Civil (PNC) tarda días en llegar al Ministerio Público (MP).

• Ese retraso marca el inicio de una cadena de demoras que afecta directamente a las víctimas.

Por qué importa. La denuncia constituye el punto de partida para cualquier investigación penal. Sin embargo, el recorrido entre la recepción del caso en una estación policial y su llegada al MP revela una falla que ralentiza el sistema desde su inicio.

• Expertos estiman que el traslado pertinente puede tomar entre 24 y 48 horas; el MP sostiene que la demora alcanza cuatro días. Otros profesionales advierten que, incluso, puede superar una semana.

• Cada día perdido reduce las posibilidades de obtener información oportuna, ubicar indicios o responder con rapidez a la víctima. El atraso afecta el momento más sensible de una investigación: sus primeras horas.

• Investigaciones académicas de 2015 señalan que resolver un asesinato en Guatemala tomaba unos 700 días. Otro estudio, publicado en 2020 por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, indicó que un proceso penal puede tardar hasta 490 días en llegar a su final.

Entre líneas. Los casos expuestos muestran que el atraso no constituye una situación aislada. Las dificultades operativas aparecen en distintas etapas y afectan la comunicación entre instituciones. El resultado es un proceso más lento para quienes buscan atención y respuesta del Estado después de sufrir un delito. 

• En una comisaría de la capital, una víctima denunció el robo de su teléfono; los agentes recibieron la declaración, pero no pudieron entregar una copia porque la impresora no tenía tinta.

• Otra persona acudió al MP tres días después de presentar su denuncia en la PNC. La institución todavía no tenía registro del caso. Esta realidad se replica en todo el país.

• En Sololá, una denuncia por robo tardó más de una semana en llegar a una fiscalía. Para la víctima, la espera significó permanecer varios días sin conocer si alguien investigaba el caso.

Punto de fricción. El debate sobre la eficiencia del sistema de justicia suele concentrarse en los procesos judiciales. Pero las autoridades coinciden en que uno de los problemas aparece antes de que una investigación comience. Las demoras en el traslado, sumadas a limitaciones operativas y tecnológicas, afectan la capacidad de respuesta de las instituciones.

• El MP reconoce que el traslado de denuncias constituye un cuello de botella que retrasa el inicio de las investigaciones. Según la subsecretaria general Claudia Caballeros, cuatro días para recibir una denuncia pueden resultar fatales para la atención de una víctima. 

• La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha documentado carencias de equipo, insumos y conectividad en algunas subestaciones policiales. Las limitaciones afectan el flujo de información entre instituciones que deberían operar como parte de un mismo sistema.  

• La solución sugiere una mayor coordinación institucional. Es decir, plataformas compartidas, expedientes digitales e intercambio de información en tiempo real. Esto puede reducir los retrasos y agilizar la respuesta del sistema de justicia.

En conclusión. El debate mostró que el principal reto no está en crear nuevas instituciones, sino en lograr que las existentes trabajen como un solo sistema.

• La tecnología, la coordinación y reglas permanentes aparecen como las claves para reducir retrasos y fortalecer la confianza ciudadana.

• Un mismo caso puede acumular varios expedientes. Esa fragmentación dificulta el seguimiento, reduce la transparencia y complica la respuesta institucional.

• Los servicios digitales integrados y un expediente único permitirían compartir información, acelerar procesos y mejorar la atención a víctimas y usuarios.