Guatemala entra en una de sus épocas más oscuras
La impunidad reina en Guatemala: nadie ejecuta a un exfiscal a plena luz del día, ante testigos, si teme a policías, fiscales o jueces.
A Juan Francisco Solórzano Foppa lo mataron a balazos este sábado, en pleno partido de fútbol, en una cancha del Campo Marte, en la zona 5 capitalina. En el ataque murió también otro hombre, alcanzado por una bala perdida, y hubo heridos. Condenamos este crimen sin matices y acompañamos a sus familias.
Solórzano Foppa fue fiscal de delitos contra la vida y ayudó a meter a la cárcel a criminales que sembraron el terror durante años. Cuando dejó el MP, no se calló. En sus redes exponía a estructuras de sicariato, maras y narcotráfico, y sus vínculos con políticos. Se sabía que lo querían matar: en 2021 denunció amenazas de muerte de un cabecilla del Barrio 18. Pocos en este país se atreven a señalar públicamente a quienes administran la violencia. Él se atrevió.
El mensaje de este crimen es claro: en Guatemala, la certeza de impunidad es la norma. Nadie mata a un exfiscal a plena luz del día, en el corazón de la capital, en medio de un partido y frente a testigos, si le tiene el más mínimo temor a la Policía, a la Fiscalía o a los jueces. Lo hicieron así porque saben que no les va a pasar nada. Quieren sembrar un régimen de terror.
El presidente Bernardo Arévalo repudió el “cobarde asesinato” y pidió castigo para los autores materiales e intelectuales. La PNC reporta dos capturados. Es lo mínimo. Pero ya no basta con pedir esclarecimiento y justicia después de cada entierro. En Guatemala, la justicia se queda en el sicario y casi nunca llega a quien ordena y paga. Además, estos crímenes se pueden prevenir. Si no se previenen, es porque el Estado no puede.
Por lo menos hoy, el narco no controla el Ejecutivo; el problema del Ejecutivo es otro: es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Presume cifras de homicidios a la baja y trata la inseguridad como un problema de percepción, mientras la extorsión asfixia al tendero y al piloto de bus, y las familias dejan de salir de noche. La inseguridad ya es insostenible. Y del sistema de justicia criminal, ni hablar.
La Policía Nacional Civil sigue tomada por el crimen organizado. Es una policía en la que nadie confía. Hay agentes y oficiales que, individualmente, se salvan, pero la estructura ha sido manejada por criminales desde dentro y desde fuera de la institución. Con una policía así, la impunidad no es una falla del sistema. Es el sistema.
Todo esto ocurre en un país donde la línea entre el poder criminal y el poder político se difumina cada día más. Ya no son mundos separados. Políticos, pandilleros y narcotraficantes están en el mismo juego: el narco pone el dinero, la pandilla pone el miedo y el político pone la impunidad. Y vamos a unas elecciones con un estamento político infiltrado por el narco, como en República hemos denunciado. El riesgo es gigantesco. Si el crimen no controla hoy el Ejecutivo, en 2027 puede comprarlo.
Estamos entrando en una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Lo que viene es una violencia política solo comparable con la de la Colombia de los noventa o la del México de los últimos años: candidatos, jueces, fiscales y periodistas asesinados. Esos países todavía pagan el precio. Guatemala aún está a tiempo de evitarlo, pero la ventana se cierra rápido.
La responsabilidad no es solo del gobierno. También es nuestra. Basta de hacernos de la vista gorda. Basta de hacer compadre al amigo del narco y de abrirle la puerta a su operador político en los partidos, en los negocios y en los salones sociales. Hay que señalarlos a todos, identificarlos a todos y apartarlos. Son parias de esta sociedad y así hay que tratarlos. Mientras sigamos tolerándolos, esto solo va a ir en aumento.
Las autoridades deben tratar esta escalada como lo que es: una amenaza a la seguridad del Estado. Nuestros aliados en el continente deben respaldar, con cooperación y presión diplomática, las medidas necesarias para frenarla. No están en juego solo las vidas de los guatemaltecos. Está en juego la república.
A Solórzano Foppa lo mataron por lo que hizo, por lo que sabía y por lo que decía. Que su muerte no sea una estadística más. Que la indignación de hoy se convierta en exigencia: protección para quienes todavía se atreven a hablar y consecuencias para quienes los quieren callar.
Guatemala entra en una de sus épocas más oscuras
La impunidad reina en Guatemala: nadie ejecuta a un exfiscal a plena luz del día, ante testigos, si teme a policías, fiscales o jueces.
A Juan Francisco Solórzano Foppa lo mataron a balazos este sábado, en pleno partido de fútbol, en una cancha del Campo Marte, en la zona 5 capitalina. En el ataque murió también otro hombre, alcanzado por una bala perdida, y hubo heridos. Condenamos este crimen sin matices y acompañamos a sus familias.
Solórzano Foppa fue fiscal de delitos contra la vida y ayudó a meter a la cárcel a criminales que sembraron el terror durante años. Cuando dejó el MP, no se calló. En sus redes exponía a estructuras de sicariato, maras y narcotráfico, y sus vínculos con políticos. Se sabía que lo querían matar: en 2021 denunció amenazas de muerte de un cabecilla del Barrio 18. Pocos en este país se atreven a señalar públicamente a quienes administran la violencia. Él se atrevió.
El mensaje de este crimen es claro: en Guatemala, la certeza de impunidad es la norma. Nadie mata a un exfiscal a plena luz del día, en el corazón de la capital, en medio de un partido y frente a testigos, si le tiene el más mínimo temor a la Policía, a la Fiscalía o a los jueces. Lo hicieron así porque saben que no les va a pasar nada. Quieren sembrar un régimen de terror.
El presidente Bernardo Arévalo repudió el “cobarde asesinato” y pidió castigo para los autores materiales e intelectuales. La PNC reporta dos capturados. Es lo mínimo. Pero ya no basta con pedir esclarecimiento y justicia después de cada entierro. En Guatemala, la justicia se queda en el sicario y casi nunca llega a quien ordena y paga. Además, estos crímenes se pueden prevenir. Si no se previenen, es porque el Estado no puede.
Por lo menos hoy, el narco no controla el Ejecutivo; el problema del Ejecutivo es otro: es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Presume cifras de homicidios a la baja y trata la inseguridad como un problema de percepción, mientras la extorsión asfixia al tendero y al piloto de bus, y las familias dejan de salir de noche. La inseguridad ya es insostenible. Y del sistema de justicia criminal, ni hablar.
La Policía Nacional Civil sigue tomada por el crimen organizado. Es una policía en la que nadie confía. Hay agentes y oficiales que, individualmente, se salvan, pero la estructura ha sido manejada por criminales desde dentro y desde fuera de la institución. Con una policía así, la impunidad no es una falla del sistema. Es el sistema.
Todo esto ocurre en un país donde la línea entre el poder criminal y el poder político se difumina cada día más. Ya no son mundos separados. Políticos, pandilleros y narcotraficantes están en el mismo juego: el narco pone el dinero, la pandilla pone el miedo y el político pone la impunidad. Y vamos a unas elecciones con un estamento político infiltrado por el narco, como en República hemos denunciado. El riesgo es gigantesco. Si el crimen no controla hoy el Ejecutivo, en 2027 puede comprarlo.
Estamos entrando en una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Lo que viene es una violencia política solo comparable con la de la Colombia de los noventa o la del México de los últimos años: candidatos, jueces, fiscales y periodistas asesinados. Esos países todavía pagan el precio. Guatemala aún está a tiempo de evitarlo, pero la ventana se cierra rápido.
La responsabilidad no es solo del gobierno. También es nuestra. Basta de hacernos de la vista gorda. Basta de hacer compadre al amigo del narco y de abrirle la puerta a su operador político en los partidos, en los negocios y en los salones sociales. Hay que señalarlos a todos, identificarlos a todos y apartarlos. Son parias de esta sociedad y así hay que tratarlos. Mientras sigamos tolerándolos, esto solo va a ir en aumento.
Las autoridades deben tratar esta escalada como lo que es: una amenaza a la seguridad del Estado. Nuestros aliados en el continente deben respaldar, con cooperación y presión diplomática, las medidas necesarias para frenarla. No están en juego solo las vidas de los guatemaltecos. Está en juego la república.
A Solórzano Foppa lo mataron por lo que hizo, por lo que sabía y por lo que decía. Que su muerte no sea una estadística más. Que la indignación de hoy se convierta en exigencia: protección para quienes todavía se atreven a hablar y consecuencias para quienes los quieren callar.
