Gobierno de Arévalo recurre a la CC para hacer valer veto presidencial al Decreto 7-2025

El Gobierno de Guatemala presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de hacer valer el veto presidencial al Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso de la República.

Sí, pero. La solicitud busca dejar sin efecto el Acuerdo Número 6-2025, así como la moción privilegiada que permitió su publicación, al considerar que se vulneró el derecho constitucional del Ejecutivo a vetar leyes.

• La controversia jurídica gira en torno a la interpretación de los plazos establecidos para ejercer el veto presidencial.
• Según el Congreso, el presidente Bernardo Arévalo incumplió el procedimiento al no publicar el veto en el Diario Oficial dentro de los 15 días que establece la ley.
• Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que la comunicación formal al Congreso, realizada el 3 de octubre, fue suficiente para cumplir con el mandato constitucional, independientemente de la fecha de publicación en el Diario de Centro América.

Voces. “El ejercicio del veto no exige la vigencia publicada”, defendió el diputado Raúl Barrera, de la bancada oficialista, en respuesta a las críticas de la oposición.

• Arévalo publicó el veto el 6 de octubre, sin incluir fecha en el acuerdo, lo que fue interpretado por algunos legisladores como una omisión que invalida el acto.
• El Gobierno argumenta que ningún veto presidencial en administraciones anteriores ha requerido publicación oficial para ser válido, y que el Congreso, al desconocer el veto, impidió que se analizaran las posibles inconstitucionalidades señaladas por el Ejecutivo en el Decreto 7-2025. Esta norma, según el oficialismo, pone en riesgo la transparencia y eficiencia del gasto público, al facilitar asignaciones presupuestarias directas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), sin controles adecuados.
• El 9 de octubre, diputados oficialistas también presentaron un amparo ante la CC para frenar la entrada en vigor del decreto, al que calificaron como “un gasto exprés” que compromete los recursos del Estado.

Voces. “Los diputados de Semilla reconocemos que forzar la aprobación del decreto debilita el sistema democrático y nuestro régimen constitucional”, declaró José Carlos Sanabria, quien además señaló que el Congreso actuó “de forma apresurada, irresponsable, inconstitucional y abusiva”.

• Sanabria advirtió que “desconocer un acuerdo gubernativo perfectamente válido es grave porque rompe el orden constitucional”, y reiteró que la solicitud busca detener la publicación y los efectos del acuerdo, por considerarlos improcedentes.
• El diputado José Chic, del partido VOS, criticó la actuación del Ejecutivo, afirmando que “se estiró la ley como si fuera hule”, y cuestionó al cuerpo de asesores presidenciales por no advertir sobre los riesgos legales en los plazos de publicación.

Lo que sigue. La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite el amparo promovido por los diputados oficialistas y dio un plazo de 48 horas al Congreso para remitir los antecedentes del caso o, en su defecto, un informe circunstanciado que explique por qué se ignoró el veto presidencial.

• La resolución de la CC señala: “Para resolver si procede o no el amparo provisional, que la autoridad denunciada remita los antecedentes del caso dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas”.
• La decisión ahora recae en los magistrados de la Corte, que deberán determinar si el veto presidencial fue ejercido conforme a la ley.
• El fallo podría sentar un precedente relevante sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y según el oficialismo, marcará el futuro equilibrio entre los poderes del Estado.