Oficialismo recurre a la CC para frenar la entrada en vigor del Decreto 7-2025

Los diputados oficialistas presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para detener la entrada en vigor del Decreto 7-2025, al que se ha calificado como "un gasto exprés" que compromete los recursos para beneficiar a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).

Es noticia. La acción fue presentada luego de que el Congreso decidiera no reconocer el veto presidencial, bajo el argumento de que no fue publicado dentro de los 15 días que establece la ley. Ante ello, el oficialismo solicitó un amparo provisional para frenar la vigencia del decreto, insistiendo en que el Ejecutivo sí cumplió con el plazo de ley.

• "Los diputados de Semilla reconocemos que forzar la aprobación del decreto debilita el sistema democrático y nuestro en régimen constitucional", declaró José Carlos Sanabria. 
• Agregó que el amparo se presentó "por considerar que el Congreso, actuó de forma apresurada, irresponsable, inconstitucional y abusiva al ordenar la publicación inmediata del acuerdo, pese al veto presidencial"
• Sanabria advirtió que "desconocer un acuerdo gubernativo perfectamente válido es grave porque rompe el orden constitucional", y reiteró que la solicitud busca detener la publicación y los efectos del acuerdo, por ser improcedente".

Punto de fricción: El conflicto jurídico se centra en la interpretación de los plazos que tiene el presidente para vetar una ley. La oposición argumenta que el Ejecutivo se atrasó en la publicación del veto; el oficialismo defiende que la simple comunicación al Congreso cumple con lo que establece la Constitución.

• El presidente Bernardo Arévalo comunicó el veto al Congreso el 3 de octubre, pero lo publicó en el Diario Oficial el lunes 6 de octubre, sin fecha en el acuerdo.
• “El ejercicio del veto no exige la vigencia publicada”, defendió el diputado Raúl Barrera, de la bancada oficialista.
• El diputado José Chic (VOS) criticó en su momento que “se estiró la ley como si fuera hule”, y aprovechó para criticar el cuerpo de asesores del Ejecutivo, por no advertirle sobre los riesgos en los plazos de ley. 

Lo que sigue. La decisión ahora recae en los magistrados de la CC, quienes podrían enmendar la plana. El fallo cobra especial relevancia, pues podría sentar un precedente que, según el oficialismo, sería “nefasto” para el equilibrio entre los poderes del Estado.