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Estado tendrá cuatro de cinco asientos en Autoridad Portuaria Nacional

Samuel Pérez aseguró que los puertos se entregaron al Cacif; pero la ley, sin embargo, da mayoría al Estado.

Los diputados de Raíces durante la maratónica sesión en la que aprobaron la Ley de Puertos.
Ana González
05 de agosto, 2026

La integración de la futura Autoridad Portuaria Nacional fue uno de los puntos más debatidos durante la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional. Aunque hubo señalamientos de que el sector privado controlará el órgano, el texto aprobado establece una mayoría de representantes del Estado y un solo delegado del Consejo de Usuarios.

Es noticia. La conformación del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional generó debate durante la sesión plenaria. El diputado Samuel Pérez aseguró que el Congreso "le regaló los puertos" al Cacif y cuestionó la inclusión del Consejo de Usuarios. Sin embargo, la integración aprobada mantiene cuatro representantes del sector público y solo uno de los usuarios del sistema portuario.

  • El directorio estará integrado por los ministros de Comunicaciones, Economía y Gobernación, un delegado designado por el Presidente de la República y un representante del Consejo de Usuarios de Puertos.
  • Durante la discusión, Pérez afirmó que el Consejo de Usuarios representa a las cámaras empresariales y sostuvo que la ley les otorgaba un asiento en la autoridad portuaria. No obstante, ese representante constituye únicamente uno de los cinco votos del órgano.
  • La propuesta fue respaldada por la mayoría del Congreso, que mantuvo un modelo donde el Estado conserva la mayoría para aprobar las decisiones de la nueva autoridad.

Cómo funciona. La Autoridad Portuaria Nacional será el ente rector encargado de coordinar, regular y supervisar el sistema portuario del país. Su directorio fue diseñado para concentrar funciones públicas e incorporar la visión de quienes utilizan los puertos sin modificar la mayoría estatal.

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  • El Consejo de Usuarios reúne a distintos actores vinculados con la actividad portuaria y el comercio exterior. Entre ellos participan cámaras empresariales, exportadores y otros sectores que hacen uso de la infraestructura.
  • La participación de ese consejo se limita a la designación de un integrante del directorio, mientras que las demás posiciones corresponden a representantes del Ejecutivo.
  • Con esa integración, las decisiones dependerán principalmente de los votos de los funcionarios públicos, por lo que ningún representante del sector privado puede conformar mayoría por sí solo.

Punto de fricción. El discurso de que la ley entrega el control de los puertos al sector privado contrasta con la integración aprobada por el Congreso, que mantiene cuatro representantes del Estado y uno del Consejo de Usuarios. En ese contexto, las críticas del diputado Samuel Pérez también evocan una narrativa que el oficialismo utilizó durante la campaña electoral de 2023.

  • Pérez aseguró que los diputados "le regalaron los puertos" al Cacif y cuestionó la participación del Consejo de Usuarios. Sin embargo, el decreto aprobado establece que ese sector designará únicamente a uno de los cinco integrantes de la Autoridad Portuaria Nacional.
  • El contraste entre el discurso y el contenido de la ley coincide con el momento político del legislador, quien participa en la conformación del partido Raíces, una organización con la que busca competir en las próximas elecciones.
  • La narrativa de confrontación con el sector empresarial fue uno de los ejes del discurso político del oficialismo durante la campaña de 2023. En este caso, sin embargo, el texto de la ley muestra una integración distinta a la descrita por Pérez, al mantener la mayoría de votos en manos del Estado.

Ahora qué. Tras la aprobación del decreto, el siguiente paso será su envío al Organismo Ejecutivo para la sanción o eventual veto presidencial. Si entra en vigor, comenzará el proceso de integración de la nueva Autoridad Portuaria Nacional.

  • El Ejecutivo deberá impulsar la conformación del directorio y la puesta en marcha de la institución conforme al calendario establecido en la ley.
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Estado tendrá cuatro de cinco asientos en Autoridad Portuaria Nacional

Samuel Pérez aseguró que los puertos se entregaron al Cacif; pero la ley, sin embargo, da mayoría al Estado.

Los diputados de Raíces durante la maratónica sesión en la que aprobaron la Ley de Puertos.
Ana González
05 de agosto, 2026

La integración de la futura Autoridad Portuaria Nacional fue uno de los puntos más debatidos durante la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional. Aunque hubo señalamientos de que el sector privado controlará el órgano, el texto aprobado establece una mayoría de representantes del Estado y un solo delegado del Consejo de Usuarios.

Es noticia. La conformación del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional generó debate durante la sesión plenaria. El diputado Samuel Pérez aseguró que el Congreso "le regaló los puertos" al Cacif y cuestionó la inclusión del Consejo de Usuarios. Sin embargo, la integración aprobada mantiene cuatro representantes del sector público y solo uno de los usuarios del sistema portuario.

  • El directorio estará integrado por los ministros de Comunicaciones, Economía y Gobernación, un delegado designado por el Presidente de la República y un representante del Consejo de Usuarios de Puertos.
  • Durante la discusión, Pérez afirmó que el Consejo de Usuarios representa a las cámaras empresariales y sostuvo que la ley les otorgaba un asiento en la autoridad portuaria. No obstante, ese representante constituye únicamente uno de los cinco votos del órgano.
  • La propuesta fue respaldada por la mayoría del Congreso, que mantuvo un modelo donde el Estado conserva la mayoría para aprobar las decisiones de la nueva autoridad.

Cómo funciona. La Autoridad Portuaria Nacional será el ente rector encargado de coordinar, regular y supervisar el sistema portuario del país. Su directorio fue diseñado para concentrar funciones públicas e incorporar la visión de quienes utilizan los puertos sin modificar la mayoría estatal.

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  • El Consejo de Usuarios reúne a distintos actores vinculados con la actividad portuaria y el comercio exterior. Entre ellos participan cámaras empresariales, exportadores y otros sectores que hacen uso de la infraestructura.
  • La participación de ese consejo se limita a la designación de un integrante del directorio, mientras que las demás posiciones corresponden a representantes del Ejecutivo.
  • Con esa integración, las decisiones dependerán principalmente de los votos de los funcionarios públicos, por lo que ningún representante del sector privado puede conformar mayoría por sí solo.

Punto de fricción. El discurso de que la ley entrega el control de los puertos al sector privado contrasta con la integración aprobada por el Congreso, que mantiene cuatro representantes del Estado y uno del Consejo de Usuarios. En ese contexto, las críticas del diputado Samuel Pérez también evocan una narrativa que el oficialismo utilizó durante la campaña electoral de 2023.

  • Pérez aseguró que los diputados "le regalaron los puertos" al Cacif y cuestionó la participación del Consejo de Usuarios. Sin embargo, el decreto aprobado establece que ese sector designará únicamente a uno de los cinco integrantes de la Autoridad Portuaria Nacional.
  • El contraste entre el discurso y el contenido de la ley coincide con el momento político del legislador, quien participa en la conformación del partido Raíces, una organización con la que busca competir en las próximas elecciones.
  • La narrativa de confrontación con el sector empresarial fue uno de los ejes del discurso político del oficialismo durante la campaña de 2023. En este caso, sin embargo, el texto de la ley muestra una integración distinta a la descrita por Pérez, al mantener la mayoría de votos en manos del Estado.

Ahora qué. Tras la aprobación del decreto, el siguiente paso será su envío al Organismo Ejecutivo para la sanción o eventual veto presidencial. Si entra en vigor, comenzará el proceso de integración de la nueva Autoridad Portuaria Nacional.

  • El Ejecutivo deberá impulsar la conformación del directorio y la puesta en marcha de la institución conforme al calendario establecido en la ley.

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