Empresarios, indígenas y analistas rechazan presupuesto 2025

El pasado 9 de diciembre, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025 fue publicado en el Diario de Centroamérica, después de ser aprobado —en nocturnidad— la madrugada del 27 de noviembre.   

• A pesar de que asciende a más de GTQ 152 000M, fue aprobado bajo la bandera de la inversión en infraestructura vial, salud, educación y apoyo a la población más vulnerable del país, la medida tiene graves problemas, tanto en su forma, como en el fondo, que pondrían en riesgo la ejecución de los recursos. 
• Estos errores han causado preocupación en diferentes sectores del país, dado que no solo ponen en peligro la estabilidad macroeconómica del país, sino que las contradicciones legales abren la puerta a la discrecionalidad en la asignación y ejecución del gasto público.  
• Por ello, diferentes agrupaciones, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), los 48 Cantones de Totonicapán, entre otros, se han pronunciado públicamente para señalar qué elementos preocupan dentro de este presupuesto.  

Qué destacar. El ICEFI, a diferencia de las otras agrupaciones, manifestó que, así como el Presupuesto 2025 está plagado de sombras, también es posible encontrar algunas luces.  

• El Instituto destaca la corrección en la proyección de ingresos tributarios, dado que, desde 2021, existía un error de subestimación en los ingresos tributarios acumulados. 
• Así pues, se generaba la apariencia errónea sobre el incremento exponencial de la recaudación por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que, en la realidad, esta se ha mantenido estable.  
• Como consecuencia, dentro del estamento político existió la creencia de que “el dinero sobraba”, lo cual generaba incentivos perversos para no presionar a la SAT a actuar bajo un marco de metas de recaudación y, al mismo tiempo, aprobar medidas como la Ley para la Integración del Sector Primario y Agropecuario que otorga privilegios fiscales.  

En perspectiva. Otro elemento que el Instituto destaca como positivo es el incremento en el gasto público social, dado que la todos los indicadores que integran la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia en Guatemala (IPNA) tienen una mejora promedio del 12 % por encima del crecimiento del PIB.  

• No obstante, CACIF destaca que el presupuesto carece de indicadores para medir el impacto de esta inversión, ya que no establece mecanismos de rendición de cuentas.  
• Adicionalmente, el Comité muestra preocupación por la aprobación de mecanismos amorfos para la ejecución de esta inversión como el rubro de gasto preautorizado por GTQ 3500M para el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) en caso de que las otras entidades “no ejecuten todos los recursos asignados”, financiado con recursos de caja.  
• Además, tomando en cuenta las dos partes que tiene el presupuesto, el dinero y las metas físicas, también es posible encontrar contradicciones como en el caso del Ministerio de Educación (MINEDUC) en donde, a pesar de que se aumentan los recursos, se reducen las metas físicas, o en las Secretarías en donde, pese a que se aumentan los recursos en Bienestar Social, se genera un recorte del 13 % a la Seguridad Alimentaria.  

Visto y no visto. Ahora bien, pese a la diversidad de opiniones, tanto CACIF, como ICEFI coinciden en la falta de sustento técnico del presupuesto.  

• En primer lugar, existe una antinomia, una contradicción entre dos preceptos legales, entre el Art. 6 y el Art. 129 de la ley aprobada, dado que ambos artículos, aunque cobran vigencia al mismo tiempo, tienen asignaciones de recursos diferentes, lo cual no solo favorece la discrecionalidad, sino que también genera conflictos entre las Unidades de Administración Financiara (UDAF), ya que, al no establecer qué disposición cobra vigencia primero, estas asignarán aquellos rubros que sean más beneficiosos.  
• A su vez, el Art. 142, que alude a la lista de proyectos viales pactados por diputados, no solo vulnera la rectoría del CIV, dado que se obliga a la cartera a pagar proyectos que carecen de una justificación técnica, también se sostiene sobre fuentes de financiamiento antitécnicas, al depender de disponibilidades presupuestarias y subejecuciones.  
• Ambas agrupaciones coinciden —además— en que existe una violación del Art. 61 b) de la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP), ya que, a pesar de que este establece que la deuda pública únicamente puede ser utilizada para la inversión y no para gastos corrientes, en el presupuesto 2025 el 23 % es para el pago de deuda, el 29.2 % es para inversión y el 48 % del monto total es para el gasto corriente.  

En el radar. También se han pronunciado en contra del presupuesto organizaciones como los 48 Cantones, quienes han amenazado con bloqueos y acciones contra la administración central, dado que consideran que no han sido tomados en cuenta en las negociaciones del presupuesto.  

• Asimismo, los líderes indígenas destacan la falta de inversión en proyectos de infraestructura, educación y salud para Totonicapán.  
• A su vez, debido a que el presupuesto eleva a 3.5 % el déficit fiscal, lo cual es un paso de una política fiscal contractiva a una superexpansiva, el Fondo Monetario Internacional señaló que este incremento en el déficit únicamente podía justificarse si existía inversión específica y transparente, dos condiciones que no se reflejan en lo aprobado.  
• Así pues, estos argumentos demuestran cómo agrupaciones de tan diversa procedencia coinciden en que el presupuesto 2025 es un riesgo para el país, ya que, más que ser una herramienta de política pública, responde a intereses políticos y negociaciones discrecionales. 
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