El Organismo Judicial miente, a la primera o a la segunda consulta

El Organismo Judicial (OJ) tiene como función primordial la administración de justicia, aunque como organismo del Estado, también tiene funciones administrativas que; de acuerdo con el artículo 52 de su ley orgánica, las mismas deben realizarse de forma independiente.  La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el máximo tribunal de justicia, conformado por trece magistrados elegidos por el Congreso de la República. El presidente del OJ —y de la CSJ—, tiene a su cargo la función administrativa, mientras que los demás magistrados desempeñan las tareas jurisdiccionales.  

• Desde su toma de posesión, el 14 de octubre recién pasado, no se ha elegido presidente, por lo que Carlos Rodimiro Lucero Paz permanecerá en el cargo de forma interina.  

¿Cómo funciona? Un elemento vital para poder aplicar justicia y mejorar procedimientos es generar información estadística confiable que permita evaluar el progreso en la eficacia judicial. La insuficiencia —o falta— de datos confiables plantea serias dudas sobre el rol de ese Organismo. República hizo dos consultas idénticas en dos fechas distintas: una, el 1 de septiembre y la otra el 11 de octubre —respondida finalmente el 30 de ese mes—; se solicitó información sobre casos de violación contra la mujer, violación y agresión sexual, enviando las mismas preguntas, sin embargo, las respuestas evidencian cifras contradictorias en temas de agresión sexual a nivel nacional.  

• A la primera solicitud, el OJ reportó 1220 casos ingresados por el delito agresión sexual en 2021, mientras que en la segunda solicitud se indica que fueron 1082. En 2022, se informaron 1769 y 1272 casos, respectivamente. En 2023, las cifras fueron, 2218 y 1710, y en 2024, 1540 y 1475. 

• Respecto de la consulta de cuántas personas fueron enviadas por prisión preventiva, a la primera solicitud respondieron que fueron 286 personas en 2021, en comparación con los 250 de la segunda solicitud. Durante 2022, se reportaron 390 y 291 personas, respectivamente. En 2023, las cifras fueron 429 y 313, y en 2024, 255 y 250. 

• Por los delitos de agresión sexual, la primera solicitud reflejó un total de 65 denuncias desestimadas por el delito de agresión sexual en 2021, mientras que, en la segunda, fueron desestimadas 63. Durante el 2022, las cifras fueron 233 y 194; en 2023, 307 y 259, y en 2024, 213 y 231. 

En el radar. Aparte de las inconsistencias, el Organismo Judicial presentó retrasos en su repuesta. Según cómo lo establece el artículo 42 del Decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública, se debe emitir una resolución sobre una solicitud de información dentro de un plazo de 10 días hábiles. República intentó contactar con la entidad para obtener una explicación, y aunque justificaron que los datos dependen del sistema, UNIP (Unidad de Información Pública), las respuestas no aclaran las inconformidades observadas. 

• El 13 de octubre de 2024 se llevó a cabo la ceremonia de juramentación de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, donde los 13 nuevos magistrados ocuparon sus puestos. 

• Entre la respuesta de la primera y segunda solicitudes, ocurrió el cambio de magistratura; resulta inexplicable —por esa o cualquier otra razón— la variación de los datos provistos. 

• Los problemas de precisión y la demora en responder dificultan la confianza en la gestión de los magistrados. Esto impide el desarrollo de políticas efectivas en casos de violencia de género. 

En conclusión. ¿Qué sucede con el sistema y qué consecuencias tiene esto para las víctimas y la sociedad en general? Es inadmisible que los datos provistos sean distintos y que su explicación no sea justificable.