EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El decreto 36-2024, que contempla la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, fue aprobado el 27 de noviembre de 2024.
- El monto total del presupuesto asciende a más de GTQ148 526M, con la posibilidad de elevarlo a más de GTQ152 M, debido a algunos preceptos que habilitan la ampliación.
- Después de que la Ley fuera publicada en el Diario de Centroamérica el pasado 9 de diciembre, esta entró en vigor el 1 de enero de 2025.
- Ahora bien, desde que el proyecto de presupuesto se discutió y aprobó, varios sectores del país alertaron sobre la falta de análisis técnico en la redacción y una serie de preceptos contradictorios y poco transparentes que podrían poner en riesgo la vigencia de la Ley.
Es noticia. El 1 de enero de 2025, un grupo de abogados presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que argumentan que el documento contiene asignaciones que no respetan las distribuciones de fondos establecidas en la Constitución de la República.
- Esta acción fue promovida por Miguel Alberto Balsells López, Gerardo Antonio Galvez Braham y José Manuel Ramírez Campos.
- Entre las asignaciones constitucionales que no se respetan se incluye a la de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial, la CC, la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), el Comité Nacional de Alfabetización, entre otros.
- Así pues, los interponentes buscan que la Corte suspenda el decreto y lo expulse del ordenamiento jurídico, a fin de que no se incurra en una violación del principio de legalidad. Asimismo, se solicita que con la suspensión la Ley sea discutida nuevamente en el Congreso, de forma que se excluyan aquellos preceptos que violan la Constitución.
¿Ahora qué? Esta no es la primera acción legal en contra del Presupuesto 2025, ya que el 9 de diciembre el diputado Bequer Chocooj interpuso un amparo, señalando que esta norma era ilegal e inconstitucional.
- Sin embargo, el 2 de enero de 2025, mediante el Acuerdo Gubernativo 271-2024 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 2025 en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), por lo que la Unidad Ejecutoras deberán empezar a ejecutar los recursos asignados.
- Consecuentemente, la Corte deberá resolver si mantener las asignaciones como las establece el Decreto 36-2024 o dar con lugar el recurso de inconstitucionalidad y modificar la Ley aprobada.
El decreto 36-2024, que contempla la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, fue aprobado el 27 de noviembre de 2024.
- El monto total del presupuesto asciende a más de GTQ148 526M, con la posibilidad de elevarlo a más de GTQ152 M, debido a algunos preceptos que habilitan la ampliación.
- Después de que la Ley fuera publicada en el Diario de Centroamérica el pasado 9 de diciembre, esta entró en vigor el 1 de enero de 2025.
- Ahora bien, desde que el proyecto de presupuesto se discutió y aprobó, varios sectores del país alertaron sobre la falta de análisis técnico en la redacción y una serie de preceptos contradictorios y poco transparentes que podrían poner en riesgo la vigencia de la Ley.
Es noticia. El 1 de enero de 2025, un grupo de abogados presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que argumentan que el documento contiene asignaciones que no respetan las distribuciones de fondos establecidas en la Constitución de la República.
- Esta acción fue promovida por Miguel Alberto Balsells López, Gerardo Antonio Galvez Braham y José Manuel Ramírez Campos.
- Entre las asignaciones constitucionales que no se respetan se incluye a la de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial, la CC, la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), el Comité Nacional de Alfabetización, entre otros.
- Así pues, los interponentes buscan que la Corte suspenda el decreto y lo expulse del ordenamiento jurídico, a fin de que no se incurra en una violación del principio de legalidad. Asimismo, se solicita que con la suspensión la Ley sea discutida nuevamente en el Congreso, de forma que se excluyan aquellos preceptos que violan la Constitución.
¿Ahora qué? Esta no es la primera acción legal en contra del Presupuesto 2025, ya que el 9 de diciembre el diputado Bequer Chocooj interpuso un amparo, señalando que esta norma era ilegal e inconstitucional.
- Sin embargo, el 2 de enero de 2025, mediante el Acuerdo Gubernativo 271-2024 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 2025 en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), por lo que la Unidad Ejecutoras deberán empezar a ejecutar los recursos asignados.
- Consecuentemente, la Corte deberá resolver si mantener las asignaciones como las establece el Decreto 36-2024 o dar con lugar el recurso de inconstitucionalidad y modificar la Ley aprobada.
