El embudo de Justicia Criminal podría ampliarse en 2026

El sistema de justicia presenta embudos que frenan los casos, perpetúan la impunidad y alejan la meta de una justicia eficiente. El presupuesto 2026 profundiza ese desbalance. Además, expone la falta de conexión en la asignación de recursos: gran parte del dinero se dirige al Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP).

Por qué importa. La justicia del país necesita avanzar de forma equilibrada para responder a la ciudadanía. En la actualidad, algunas instituciones crecen mientras otras quedan rezagadas. El presupuesto 2026 confirma las fallas: refuerza la persecución penal, pero debilita la ciencia forense y la defensa pública.

• Entre 2019 y 2025, el presupuesto de estas instituciones muestra un alza sostenida, con diferencias marcadas. Cerca del 95 % se destinó para el Mingob, MP y Organismo Judicial (OJ), según el estudio realizado por el CIEN.
• Mientras solo un 5 % llegó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el Instituto de Atención a la Víctima (IAV). Instituciones que sostienen el proceso.
• El sistema acumula casos sin poder avanzar al mismo ritmo. Los afectados —y la población en general— sufren estas fallas. Las extorsiones siguen en niveles altos y muchas víctimas no denuncian porque desconfían del progreso de las investigaciones.

Datos clave. El proyecto de presupuesto para 2026 apuesta por reforzar policías y cárceles. Deja por un lado el fortalecimiento de las instituciones que permitirán resolver casos. Esto exacerba el embudo y hace más lenta la justicia.

• Las instituciones de justicia y seguridad incrementan su participación en GTQ 1492M; el aumento presenta grandes variaciones entre entidades.
• El MP pide GTQ 3840, el Inacif Q381M y el IDPP Q418.4M, pese a ser esenciales para validar pruebas, peritajes y defender a los acusados.
• El Mingob absorbería el 77.7 % del aumento del sector. Según Bismark Pineda, del CIEN, “el 86 % de los homicidios se concentra en diez departamentos”, lo que exige investigación focalizada, no solo fuerza.

Detrás de escena. Los embudos se sienten en cada institución. Los casos aumentan, pero los recursos no son parejos.

• Esto retrasa dictámenes, audiencias y defensas. La ciudadanía queda frente a un sistema que tarda en responder.
• El IDPP atendió más de 46 000 casos en 2023 con un presupuesto menor al 12 % del MP. La defensa no tiene el personal que necesita. 
• El Inacif recibe el 76 % de las solicitudes desde el MP, pero no cuenta con fondos para procesarlas rápido.

En conclusión. El Estado necesita equilibrar el presupuesto y tratar al sector justicia como un sistema completo. Si no lo hace, el gasto seguirá sin mejorar resultados. Impunidad, atrasos y desconfianza continuarán igual o peor.

• Solo el 11 % de homicidios llega a acusación; muchos menos a sentencia condenatoria. El embudo frena todo el proceso. 
• El CIEN y el ICEFI piden metas comunes y presupuesto coordinado. Todas las instituciones del sector justicia debe avanzar al mismo ritmo. 
• Sin reformas, el país seguirá atrapado en un modelo que solo aumenta el gasto, pero no la justicia. Una inversión, sin duda, de mala calidad.