El camino hacia 2028: una pesadilla republicana en ciernes

Las elecciones de medio término le han abierto a los demócratas una disputa de dos años por el poder presidencial, las instituciones constitucionales y el futuro del movimiento político de Trump. 

En perspectiva. La carrera presidencial de 2028 comenzó el 3 de noviembre. Los republicanos perdieron ambas cámaras del Congreso, siete escaños en el Senado y varias gobernaciones en territorios tradicionalmente conservadores. Los demócratas ahora gobiernan estados que representan aproximadamente 392 votos electorales, cifra que ilustra el extraordinario poder institucional que han acumulado los demócratas.  

• Los próximos dos años podrían estar marcados por una administración Trump paralizada por investigaciones del Congreso, nombramientos bloqueados, un legado político sometido a cuestionamientos y una confrontación histórica sobre las reglas que rigen las elecciones presidenciales. 

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Cómo funciona. El control demócrata del Congreso cambia fundamentalmente lo que resta de la presidencia de Trump. La Cámara de Representantes tiene la facultad de iniciar procesos de impeachment y desempeña un papel fundamental en la legislación presupuestaria, mientras que el Senado tiene la autoridad para confirmar los nombramientos presidenciales. Ambas cámaras pueden abrir investigaciones, citar a testigos, exigir documentos y someter a funcionarios de la administración a audiencias televisadas. En estos años podríamos ver investigaciones sobre la guerra con Irán, la aplicación de las políticas migratorias, el gasto del Ejecutivo, los contratos gubernamentales, las operaciones con criptomonedas y las acusaciones de conflictos de interés.  

• También podrían iniciarse procesos de juicio político contra Trump o altos funcionarios. Sin embargo, una condena y destitución requerirían una mayoría de dos tercios en el Senado, considerablemente superior a la que actualmente poseen los demócratas.

• No obstante, las investigaciones continuas podrían consumir la atención de la administración, deteriorar la confianza pública y obligar a los posibles candidatos presidenciales republicanos a defender controversias que ellos mismos no provocaron.

• Trump el poder de veto y la posibilidad de gobernar por decreto ejecutivo. Sin embargo, el resultado podría ser una confrontación institucional de dos años que se desarrollaría simultáneamente con la campaña presidencial. 

Por qué importa. El Pacto Interestatal por el Voto Popular Nacional (National Popular Vote Interstate Compact) obligaría a los estados participantes a asignar sus votos electorales al candidato que obtenga la mayor cantidad de votos a nivel nacional, una vez que los estados adheridos al acuerdo acumulen, en conjunto, al menos 270 votos electorales. De momento, participan 19 estados y Washington D. C., que representan 222 votos electorales. Solo faltan 48 votos para activar el acuerdo. Las victorias demócratas en las gobernaciones han ampliado el territorio donde sus promotores podrían impulsar nuevas leyes para incorporarse al pacto.  

• Sin embargo, controlar una gobernación no es suficiente, ya que la adhesión generalmente requiere aprobación legislativa y varios estados que ahora tienen gobernadores demócratas mantienen legislaturas controladas por republicanos. 

• La necesidad de contar con el consentimiento del Congreso y los posibles desafíos constitucionales siguen siendo cuestiones jurídicas controvertidas. No obstante, si el pacto entrara en vigor y superara los desafíos judiciales, transformaría las campañas presidenciales al convertir el voto popular nacional en el factor decisivo, en lugar del actual sistema de asignación de votos electorales estado por estado. 

• Los demócratas consideran que se trata de una reforma democrática, aunque eliminaría el carácter federal de las elecciones presidenciales y borraría la influencia de los estados más pequeños. Un sistema político que ha funcionado mediante el Colegio Electoral durante más de dos siglos enfrentaría una transformación fundamental sin necesidad de una enmienda constitucional. 

Visto y no visto. Los republicanos deben encontrar un sucesor capaz de mantener unida su coalición sin heredar todos los costos políticos de su presidencia y los mejores posicionados son JD Vance, Ron DeSantis y Marco Rubio. Como vicepresidente, Vance cuenta con visibilidad nacional, cercanía con Trump y un lugar consolidado dentro del movimiento político de la administración. Pero esas ventajas tienen un costo, ya que no puede distanciarse fácilmente del historial del gobierno, particularmente de la guerra con Irán y del descontento económico que contribuyó a la derrota en las elecciones de medio término.  

• Además, su relación con el electorado de Trump no es equivalente al atractivo personal del presidente. 

• Bajo DeSantis, Florida permaneció en manos republicanas a pesar de la ola demócrata nacional. Byron Donalds ganó la gobernación con un corto margen de aproximadamente el 50 % de los votos, preservando el control republicano tras la salida de DeSantis, quien había alcanzado el límite de mandatos permitido.

• Ese resultado contrasta con las derrotas republicanas en otros estados, aunque la ajustada victoria de Donalds fue considerablemente menos contundente que la reelección de DeSantis en 2022. DeSantis también carga con la experiencia de su fallida campaña presidencial de 2024 y su anterior enfrentamiento con Trump. 

Sí, pero. Rubio ofrece otro perfil político, con experiencia en política exterior, conocimiento de América Latina, responsabilidades ejecutivas y una reputación nacional consolidada. Su desafío es igualmente complejo. Como secretario de Estado, está estrechamente vinculado con las decisiones internacionales de la administración, incluidas políticas que podrían seguir siendo controvertidas en 2028. La posibilidad de que Rubio se presente como candidato a la vicepresidencia, en lugar de buscar directamente la nominación presidencial, ilustra la incertidumbre estratégica que rodea la sucesión.  

• Sin embargo, ocupar la vicepresidencia no garantizaría una futura nominación, del mismo modo que perder unas elecciones presidenciales no necesariamente pondría fin a su carrera política. 

• El dilema central es común a los tres, ya que la coalición personal de Trump incluía a republicanos tradicionales, votantes de clase trabajadora, hispanos, independientes y ciudadanos atraídos principalmente por su liderazgo. 

• Ningún sucesor puede asumir que estos sectores le transferirán automáticamente su lealtad y hacerlo mientras se enfrentan a la maquinaria demócrata, sin desgastar su imagen, es sumamente complejo.  

Lo que, probablemente, viene. El peligro para los republicanos es que la contienda por la sucesión se desarrolle bajo la sombra de una administración asediada, mientras los demócratas ejercen sus facultades de fiscalización desde el Congreso y consideran reformas institucionales. Cada sabotaje a la actual administración es una movida electoral. Sin embargo, la posición demócrata también presenta incertidumbres. La coalición que triunfó el pasado martes reunió a votantes descontentos con Trump, no necesariamente a ciudadanos comprometidos con un único programa ideológico demócrata. Las mayorías legislativas también conllevan la responsabilidad de gobernar, negociar presupuestos y producir resultados. 

• Bill Clinton sufrió una devastadora derrota legislativa en 1994 y consiguió reelegirse dos años después. Trump no puede aspirar a otro mandato, pero lo que ocurra durante el resto de su presidencia determinará el escenario político que heredará su sucesor. 
• Las condiciones económicas, el desarrollo de la guerra con Irán, la actuación del Congreso y la credibilidad de los candidatos presidenciales de ambos partidos serán factores determinantes. 
• La derrota republicana de 2026 fue un resultado electoral, con consecuencias podrían convertirse en una transformación institucional sin precedentes en EE. UU., potencialmente cambiando su sistema político y el destino del Partido Republicano como lo conocemos hoy.
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