Diputados iniciarían aprobación de ley para bloquear comunicaciones ilícitas en las cárceles

El Congreso prevé iniciar el martes 3 de noviembre la aprobación en primer debate de la iniciativa 6746, que busca impedir que estructuras criminales continúen operando desde las cárceles. El dictamen favorable de la Comisión de Gobernación incorpora ajustes que amplían las responsabilidades de particulares, funcionarios y empresas de telecomunicaciones.

Es noticia. La Comisión de Gobernación respaldó la propuesta al considerar que las extorsiones, amenazas, asesinatos y otras actividades ilícitas continúan coordinándose desde los centros penitenciarios mediante dispositivos y sistemas de comunicación no autorizados. El dictamen plantea medidas penales y tecnológicas para enfrentar el problema.

• La iniciativa crea el delito de facilitación ilícita de comunicaciones en centros penitenciarios, con penas de seis a diez años de prisión y multas de GTQ 100 000 a GTQ 500 000.
• La sanción alcanzaría a quienes ingresen equipos de telecomunicaciones, instalen infraestructura no autorizada, faciliten conectividad o señal para actividades ilícitas y alteren códigos IMEI para ocultar la procedencia de dispositivos.
• El dictamen incorpora agravantes cuando las comunicaciones beneficien a estructuras criminales, involucren a personal del Sistema Penitenciario o funcionarios públicos, o faciliten extorsiones, secuestros, sicariato y lavado de dinero.

Qué destacar. El proyecto no se limita a castigar a quienes faciliten el ingreso o uso de teléfonos en las cárceles. También establece obligaciones para las empresas de telecomunicaciones y busca que las autoridades puedan identificar y atender activaciones vinculadas con actividades delictivas.

• Las operadoras deberán implementar sistemas técnicos para mitigar o bloquear señales en los perímetros penitenciarios y monitorear activaciones sospechosas.
• También tendrán que colaborar con el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y las autoridades de investigación criminal, además de atender requerimientos sobre dispositivos vinculados con hechos delictivos.
• La propuesta contempla sanciones para quienes destruyan, alteren, interfieran o inutilicen los equipos inhibidores de señal instalados en los centros carcelarios.

En el radar. El dictamen también incorpora restricciones para el personal que trabaja en los centros penitenciarios. La comisión plantea que las medidas de control deben alcanzar a quienes tienen acceso autorizado a las instalaciones, para reducir posibles vías de ingreso de dispositivos.

• Se prohíbe al personal penitenciario, contratistas y otras personas autorizadas ingresar celulares, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos de comunicación.
• La restricción contempla una excepción para los equipos institucionales que cuenten con autorización correspondiente.
• La propuesta busca complementar los mecanismos tecnológicos de inhibición de señales que ya existen, mediante responsabilidades legales para particulares, funcionarios y empresas de telecomunicaciones.

Punto de fricción. Uno de los cambios que podría generar discusión en el Pleno es la autorización para que el Ministerio de Gobernación adquiera, arriende, instale y mantenga tecnología de seguridad penitenciaria mediante procedimientos excepcionales de contratación. La comisión argumenta que estos mecanismos permitirían responder con rapidez a las necesidades de los centros carcelarios.

• La disposición abre una vía para contratar directamente equipos y servicios tecnológicos destinados a la seguridad penitenciaria.
• El dictamen establece que esas adquisiciones deberán sujetarse a controles de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
• El alcance de esta facultad será uno de los aspectos a observar durante la discusión legislativa, debido a que involucra compras públicas y recursos destinados a tecnología penitenciaria.