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DIPP: hecha la ley, pero sin ejecución

.
Gérman Gómez
19 de mayo, 2026

La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) fue creada para acelerar la inversión en infraestructura vial del país bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). Sin embargo, su implementación enfrenta atrasos estructurales, vacíos normativos y falta de recursos. A pocos meses de su entrada en operación formal, la entidad sigue sin funcionar plenamente y acumula compromisos incumplidos.

  • Esto se discutió en el foro La infraestructura vial: la urgencia de poner en marcha la DIPP, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). En la actividad participaron actores de diversos sectores, tanto públicos como privados.

Por qué importa. La DIPP debía de convertirse en el eje técnico para modernizar la red vial prioritaria del país. Así fue promovida e institucionalizada. Su atraso compromete la ejecución de proyectos estratégicos por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). En parte, se da por la inestabilidad del titular de esta cartera, responsabilidad que recae en el presidente Bernardo Arévalo.

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  • El retraso en la implementación de la DIPP condiciona la competitividad económica del país, dada la nula inversión pública en carreteras. La construcción de nuevos kilómetros ha sido paupérrima, a pesar de las promesas de Arévalo.

  • La LIVP ordenó la creación de la DIPP como ente rector del mantenimiento y supervisión vial. Su operación estaba prevista para julio de este año, pero aún no entra en funcionamiento pleno.

  • La falta de reglamento, estructura presupuestaria definida y evaluación de la red vial prioritaria impide que la entidad opere como estaba diseñado en la normativa aprobada por el Congreso de la República.

Visto y no visto. El retraso ocurre en paralelo a las advertencias del sector privado sobre la urgencia de mejorar la infraestructura. En especial, ante la temporada de lluvias y el deterioro acelerado de carreteras clave.  Algunos procesos administrativos se aplican parcialmente, pero la entidad central sigue sin consolidarse. Y el escenario no es alentador.

  • La ausencia de reglamento limita la operación institucional. Según Carmen Abril, directora de la DIPP, existe “falta de coherencia” entre la aplicación de la ley y la construcción de la entidad.

  • El CIV ha adjudicado, en los últimos meses, 22 procesos bajo mecanismos de excepción. Suman más de GTQ 1338M, pese a que la DIPP aún no opera plenamente.

  • La DIPP no ha sesionado de forma regular ni ha completado la evaluación de la red vial. Un paso obligatorio que debía realizarse en abril según la planificación original.

Sí, pero. La DIPP estima que el reglamento podría aprobarse en las próximas semanas, junto con la contratación de la gerencia. Sin embargo, reconoce atrasos acumulados que requieren un cronograma de recuperación de plazos. Autoridades proyectan que la DIPP debe estar completamente operativa en 2028, con proyectos ya asignados.

  • Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, cuestiona la forma en cómo se instituyó la DIPP; ha sido su férreo opositor.

  • El viceministro de Finanzas, Carlos Melgar, puso en tela de juicio la coherencia del modelo. Para él, la ley funciona para adjudicar contratos, pero no para consolidar la entidad técnica. Opinó, además, que era necesaria una reforma a la LIVP.

  • No está en funcionamiento, pero quieren reformarla. Postura liderada por Menkos, quien ha condicionado el presupuesto a varios proyectos para mejorar la vialidad, como el metro metropolitano, en franca oposición al desarrollo.

En conclusión. La DIPP fue concebida como el eje técnico para transformar la red vial del país bajo la LIVP, pero su implementación evidencia un desfase entre el diseño legal y la capacidad real de ejecución institucional.

  • Mientras la normativa avanza en la adjudicación de proyectos, la entidad encargada de ordenarlos aún no opera plenamente. 
  • Ese vacío profundiza dudas sobre la implementación del modelo y la coordinación interinstitucional del CIV y el Minfin. El sector productivo se enfrenta a grandes retos para mantener su eficiencia en la movilidad de sus producciones.

  • La ausencia de avances concretos en el reglamento, presupuesto y evaluación de la red vial limita la planificación de largo plazo. Postergar decisiones estructurales mantiene la infraestructura del país en pésimo estado. Aunque el gobierno afirme lo contrario.

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DIPP: hecha la ley, pero sin ejecución

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Gérman Gómez
19 de mayo, 2026

La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) fue creada para acelerar la inversión en infraestructura vial del país bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). Sin embargo, su implementación enfrenta atrasos estructurales, vacíos normativos y falta de recursos. A pocos meses de su entrada en operación formal, la entidad sigue sin funcionar plenamente y acumula compromisos incumplidos.

  • Esto se discutió en el foro La infraestructura vial: la urgencia de poner en marcha la DIPP, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). En la actividad participaron actores de diversos sectores, tanto públicos como privados.

Por qué importa. La DIPP debía de convertirse en el eje técnico para modernizar la red vial prioritaria del país. Así fue promovida e institucionalizada. Su atraso compromete la ejecución de proyectos estratégicos por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). En parte, se da por la inestabilidad del titular de esta cartera, responsabilidad que recae en el presidente Bernardo Arévalo.

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  • El retraso en la implementación de la DIPP condiciona la competitividad económica del país, dada la nula inversión pública en carreteras. La construcción de nuevos kilómetros ha sido paupérrima, a pesar de las promesas de Arévalo.

  • La LIVP ordenó la creación de la DIPP como ente rector del mantenimiento y supervisión vial. Su operación estaba prevista para julio de este año, pero aún no entra en funcionamiento pleno.

  • La falta de reglamento, estructura presupuestaria definida y evaluación de la red vial prioritaria impide que la entidad opere como estaba diseñado en la normativa aprobada por el Congreso de la República.

Visto y no visto. El retraso ocurre en paralelo a las advertencias del sector privado sobre la urgencia de mejorar la infraestructura. En especial, ante la temporada de lluvias y el deterioro acelerado de carreteras clave.  Algunos procesos administrativos se aplican parcialmente, pero la entidad central sigue sin consolidarse. Y el escenario no es alentador.

  • La ausencia de reglamento limita la operación institucional. Según Carmen Abril, directora de la DIPP, existe “falta de coherencia” entre la aplicación de la ley y la construcción de la entidad.

  • El CIV ha adjudicado, en los últimos meses, 22 procesos bajo mecanismos de excepción. Suman más de GTQ 1338M, pese a que la DIPP aún no opera plenamente.

  • La DIPP no ha sesionado de forma regular ni ha completado la evaluación de la red vial. Un paso obligatorio que debía realizarse en abril según la planificación original.

Sí, pero. La DIPP estima que el reglamento podría aprobarse en las próximas semanas, junto con la contratación de la gerencia. Sin embargo, reconoce atrasos acumulados que requieren un cronograma de recuperación de plazos. Autoridades proyectan que la DIPP debe estar completamente operativa en 2028, con proyectos ya asignados.

  • Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, cuestiona la forma en cómo se instituyó la DIPP; ha sido su férreo opositor.

  • El viceministro de Finanzas, Carlos Melgar, puso en tela de juicio la coherencia del modelo. Para él, la ley funciona para adjudicar contratos, pero no para consolidar la entidad técnica. Opinó, además, que era necesaria una reforma a la LIVP.

  • No está en funcionamiento, pero quieren reformarla. Postura liderada por Menkos, quien ha condicionado el presupuesto a varios proyectos para mejorar la vialidad, como el metro metropolitano, en franca oposición al desarrollo.

En conclusión. La DIPP fue concebida como el eje técnico para transformar la red vial del país bajo la LIVP, pero su implementación evidencia un desfase entre el diseño legal y la capacidad real de ejecución institucional.

  • Mientras la normativa avanza en la adjudicación de proyectos, la entidad encargada de ordenarlos aún no opera plenamente. 
  • Ese vacío profundiza dudas sobre la implementación del modelo y la coordinación interinstitucional del CIV y el Minfin. El sector productivo se enfrenta a grandes retos para mantener su eficiencia en la movilidad de sus producciones.

  • La ausencia de avances concretos en el reglamento, presupuesto y evaluación de la red vial limita la planificación de largo plazo. Postergar decisiones estructurales mantiene la infraestructura del país en pésimo estado. Aunque el gobierno afirme lo contrario.

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