EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Han pasado 10 años desde la crisis política de 2015, la que originó la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Actualmente, existe inestabilidad en el Gobierno, similar a la administración del extinto Partido Patriota (PP).
Por qué importa. Los patrones de inestabilidad, desconfianza institucional y fractura del gobierno con la ciudadanía parecen repetirse. Independientemente de que ambas gestiones, PP y Semilla, distan ideológicamente.
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Ambas gestiones buscaban recuperar la credibilidad de los guatemaltecos en la administración pública. La de Pérez fracasó tres años y medio después de tomar posesión.
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El presidente, Bernardo Arévalo, en lo que va de su mandato, no ha logrado consolidar dicha confianza. Todo lo contrario: los índices de aprobación reprochan sus decisiones.
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Arévalo inició su presidencia entre manifestaciones y bloqueos; escenario similar al que se vivió en 2015, cuando se provocó la renuncia de Pérez y Baldetti.
Entre líneas. Al igual que en 2015, el binomio presidencial está conformado por hombre y mujer.
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En 2024, dos ministras fueron destituidas. Resaltan María José Iturbide, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Jazmín de la Vega, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
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Iturbide fue el primer relevo que hizo Arévalo. La razón: mal uso de los recursos del Estado. A diferencia de la titular del CIV, que fue dada de baja –supuestamente– por no seguir las instrucciones del presidente para el pago de empresas constructoras.
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En el primer año de Pérez (2012) dimitieron los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), Harold Caballeros, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Efraín Medina.
Sí, pero. En los primeros meses de ambas gestiones, el oficialismo se fraccionó y perdió fuerza en el congreso. Es decir, la oposición se fortaleció. Sin embargo, antes de que sucediera, lograron alianzas para la aprobación de leyes promovidas que promovían.
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La Ley contra la Corrupción (LCC) fue aprobada en octubre de 2012 con 120 votos. En 2024, el oficialismo impulsó la Ley de Competencia (LDC), que recibió 122.
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Ambas estuvieron engavetadas por años, hasta que fueron “empujadas” por el partido oficial. La LDC alcanzó hasta ocho, mientras que la LCC, una década.
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Los dos gobiernos, hasta cierto punto, giraron alrededor de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP). Molina por la corrupción de La Línea y Arévalo por el Caso Semilla.
En conclusión. Pérez tenía la potestad legal de destituir a la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana. A partir de esa crisis política, en 2016 se reformó la ley orgánica del ente investigador.
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Esta es la razón que hoy impide que Arévalo pueda remover a la fiscal María Consuelo Porras. Una promesa de campaña que, al parecer, nunca se concretará.
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Hasta la fecha continúa la investigación contra Semilla. Lo más reciente fue la solicitud del acuerdo de nombramiento de Arévalo como presidente.
Han pasado 10 años desde la crisis política de 2015, la que originó la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Actualmente, existe inestabilidad en el Gobierno, similar a la administración del extinto Partido Patriota (PP).
Por qué importa. Los patrones de inestabilidad, desconfianza institucional y fractura del gobierno con la ciudadanía parecen repetirse. Independientemente de que ambas gestiones, PP y Semilla, distan ideológicamente.
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Ambas gestiones buscaban recuperar la credibilidad de los guatemaltecos en la administración pública. La de Pérez fracasó tres años y medio después de tomar posesión.
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El presidente, Bernardo Arévalo, en lo que va de su mandato, no ha logrado consolidar dicha confianza. Todo lo contrario: los índices de aprobación reprochan sus decisiones.
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Arévalo inició su presidencia entre manifestaciones y bloqueos; escenario similar al que se vivió en 2015, cuando se provocó la renuncia de Pérez y Baldetti.
Entre líneas. Al igual que en 2015, el binomio presidencial está conformado por hombre y mujer.
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En 2024, dos ministras fueron destituidas. Resaltan María José Iturbide, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Jazmín de la Vega, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
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Iturbide fue el primer relevo que hizo Arévalo. La razón: mal uso de los recursos del Estado. A diferencia de la titular del CIV, que fue dada de baja –supuestamente– por no seguir las instrucciones del presidente para el pago de empresas constructoras.
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En el primer año de Pérez (2012) dimitieron los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), Harold Caballeros, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Efraín Medina.
Sí, pero. En los primeros meses de ambas gestiones, el oficialismo se fraccionó y perdió fuerza en el congreso. Es decir, la oposición se fortaleció. Sin embargo, antes de que sucediera, lograron alianzas para la aprobación de leyes promovidas que promovían.
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La Ley contra la Corrupción (LCC) fue aprobada en octubre de 2012 con 120 votos. En 2024, el oficialismo impulsó la Ley de Competencia (LDC), que recibió 122.
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Ambas estuvieron engavetadas por años, hasta que fueron “empujadas” por el partido oficial. La LDC alcanzó hasta ocho, mientras que la LCC, una década.
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Los dos gobiernos, hasta cierto punto, giraron alrededor de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP). Molina por la corrupción de La Línea y Arévalo por el Caso Semilla.
En conclusión. Pérez tenía la potestad legal de destituir a la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana. A partir de esa crisis política, en 2016 se reformó la ley orgánica del ente investigador.
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Esta es la razón que hoy impide que Arévalo pueda remover a la fiscal María Consuelo Porras. Una promesa de campaña que, al parecer, nunca se concretará.
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Hasta la fecha continúa la investigación contra Semilla. Lo más reciente fue la solicitud del acuerdo de nombramiento de Arévalo como presidente.
