Crímenes alrededor del ministerio de Gobernación
La falta de denuncia responde a la desconfianza, a la percepción de que el trámite no tendrá resultados o a los costos de acudir a una institución.
El martes 27 de octubre, a las 19:15 horas, el Paseo de la Sexta, en la zona 1, parecía tranquilo. El estreno de: La niña de Guatemala: la que murió de amor acababa de terminar. En menos de una hora, tres hechos delictivos alteraron la rutina entre las calles 11 y 18, cerca del Ministerio de Gobernación (MINGOB).
El primer asalto ocurrió en la 11 calle, cerca del Teatro Lux. Un grupo de turistas fue víctima de delincuentes y dos policías llegaron para atender la emergencia, cerca de las 19:18 horas. A pocos metros, una patrulla permanecía frente a un restaurante. La presencia de agentes y vehículos policiales no impidió que ocurriera otro robo; “pasó frente a sus narices”.
En la 16 calle, los gritos de una víctima alertaron a los peatones, alrededor de las 19:30 horas. “¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Agárrenlos!”, gritaba mientras corría detrás de dos hombres que escapaban en una motocicleta. Los peatones alertaron a los policías, que revisaban sus teléfonos. Tras los llamados, los agentes subieron a una motocicleta y persiguieron a los sospechosos. No fue posible confirmar si lograron capturarlos.
En la 18 calle, otra mujer pidió ayuda después de sufrir un robo, tipo 19:40 horas. La prisa por alcanzar el bus nos obligó a continuar. En pocas cuadras, tres hechos delictivos ocurrieron en la vecindad de la sede del MINGOB.
Los incidentes muestran la distancia entre los objetivos de la política de seguridad y lo que viven los ciudadanos. El plan de gobierno de Bernardo Arévalo para 2024-2028 ofreció fortalecer las instituciones, mejorar la investigación criminal, recuperar espacios bajo control de estructuras delictivas y profesionalizar los servicios de inteligencia.
Son compromisos que deben reflejarse en menos delitos, atención adecuada a las víctimas y mayor confianza en las autoridades. La presencia policial es parte de la estrategia, pero su efectividad debe medirse por los resultados. Hay elementos, pero la mayoría no reaccionan ante los incidentes de violencia.
Los datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), publicados en su Índice de Denuncias de Delitos de octubre de 2026, muestran avances y señales de alerta. Entre enero y septiembre, Guatemala registró 2338 homicidios, frente a 2397 en el mismo período de 2025. Sin embargo, septiembre cerró con 260 víctimas, 18 más que un año antes (242). La reducción acumulada convive con un repunte mensual que exige atención.
El departamento de Guatemala concentró el 41.2 % de los homicidios del período y el municipio de Guatemala acumuló el 16.2 % del total nacional. Además, el 58.3 % de las víctimas tenía entre 18 y 35 años. En septiembre murieron 36 mujeres, equivalentes al 13.9 % de las 260 víctimas. Estos datos muestran que la violencia mantiene una fuerte concentración territorial y afecta principalmente a la población joven. El Gobierno necesita respuestas que atienda esos patrones, más allá de las narrativas que impulsa.
El Monitor Global de Emprendimiento (GEM) aporta otra dimensión del problema. En 2026, la proporción de robos y asaltos entre los delitos sufridos disminuyó 2.1 puntos porcentuales respecto de 2025. Sin embargo, ese descenso debe leerse junto con otro dato. Además, el estudio indica que el 60.6 % de las víctimas no denunció el delito, frente al 55.7 % del año anterior. Es decir, seis de cada diez afectados no acudieron a las autoridades.
La falta de denuncia puede responder a la desconfianza, a la percepción de que el trámite no tendrá resultados o a los costos de acudir a una institución. Esta situación alimenta la cifra negra de la delincuencia. Las autoridades pierden información para identificar patrones, orientar los recursos e investigar los hechos. También se dificulta conocer la dimensión real de los delitos que afectan a los ciudadanos.
Por eso, la reducción de algunos indicadores no basta para afirmar que la seguridad mejora. El Gobierno debe demostrar cómo sus compromisos se traducen en prevención, investigación y atención efectiva.
La noche del 27 de octubre dejó una imagen difícil de ignorar. Había patrullas y agentes cerca, pero los ciudadanos tuvieron que alertarlos durante los asaltos. La seguridad no se mide por la cantidad de policías en las calles, sino por la capacidad del Estado para proteger a las personas, investigar los delitos y recuperar la confianza de quienes hoy prefieren no denunciar.
Crímenes alrededor del ministerio de Gobernación
La falta de denuncia responde a la desconfianza, a la percepción de que el trámite no tendrá resultados o a los costos de acudir a una institución.
El martes 27 de octubre, a las 19:15 horas, el Paseo de la Sexta, en la zona 1, parecía tranquilo. El estreno de: La niña de Guatemala: la que murió de amor acababa de terminar. En menos de una hora, tres hechos delictivos alteraron la rutina entre las calles 11 y 18, cerca del Ministerio de Gobernación (MINGOB).
El primer asalto ocurrió en la 11 calle, cerca del Teatro Lux. Un grupo de turistas fue víctima de delincuentes y dos policías llegaron para atender la emergencia, cerca de las 19:18 horas. A pocos metros, una patrulla permanecía frente a un restaurante. La presencia de agentes y vehículos policiales no impidió que ocurriera otro robo; “pasó frente a sus narices”.
En la 16 calle, los gritos de una víctima alertaron a los peatones, alrededor de las 19:30 horas. “¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Agárrenlos!”, gritaba mientras corría detrás de dos hombres que escapaban en una motocicleta. Los peatones alertaron a los policías, que revisaban sus teléfonos. Tras los llamados, los agentes subieron a una motocicleta y persiguieron a los sospechosos. No fue posible confirmar si lograron capturarlos.
En la 18 calle, otra mujer pidió ayuda después de sufrir un robo, tipo 19:40 horas. La prisa por alcanzar el bus nos obligó a continuar. En pocas cuadras, tres hechos delictivos ocurrieron en la vecindad de la sede del MINGOB.
Los incidentes muestran la distancia entre los objetivos de la política de seguridad y lo que viven los ciudadanos. El plan de gobierno de Bernardo Arévalo para 2024-2028 ofreció fortalecer las instituciones, mejorar la investigación criminal, recuperar espacios bajo control de estructuras delictivas y profesionalizar los servicios de inteligencia.
Son compromisos que deben reflejarse en menos delitos, atención adecuada a las víctimas y mayor confianza en las autoridades. La presencia policial es parte de la estrategia, pero su efectividad debe medirse por los resultados. Hay elementos, pero la mayoría no reaccionan ante los incidentes de violencia.
Los datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), publicados en su Índice de Denuncias de Delitos de octubre de 2026, muestran avances y señales de alerta. Entre enero y septiembre, Guatemala registró 2338 homicidios, frente a 2397 en el mismo período de 2025. Sin embargo, septiembre cerró con 260 víctimas, 18 más que un año antes (242). La reducción acumulada convive con un repunte mensual que exige atención.
El departamento de Guatemala concentró el 41.2 % de los homicidios del período y el municipio de Guatemala acumuló el 16.2 % del total nacional. Además, el 58.3 % de las víctimas tenía entre 18 y 35 años. En septiembre murieron 36 mujeres, equivalentes al 13.9 % de las 260 víctimas. Estos datos muestran que la violencia mantiene una fuerte concentración territorial y afecta principalmente a la población joven. El Gobierno necesita respuestas que atienda esos patrones, más allá de las narrativas que impulsa.
El Monitor Global de Emprendimiento (GEM) aporta otra dimensión del problema. En 2026, la proporción de robos y asaltos entre los delitos sufridos disminuyó 2.1 puntos porcentuales respecto de 2025. Sin embargo, ese descenso debe leerse junto con otro dato. Además, el estudio indica que el 60.6 % de las víctimas no denunció el delito, frente al 55.7 % del año anterior. Es decir, seis de cada diez afectados no acudieron a las autoridades.
La falta de denuncia puede responder a la desconfianza, a la percepción de que el trámite no tendrá resultados o a los costos de acudir a una institución. Esta situación alimenta la cifra negra de la delincuencia. Las autoridades pierden información para identificar patrones, orientar los recursos e investigar los hechos. También se dificulta conocer la dimensión real de los delitos que afectan a los ciudadanos.
Por eso, la reducción de algunos indicadores no basta para afirmar que la seguridad mejora. El Gobierno debe demostrar cómo sus compromisos se traducen en prevención, investigación y atención efectiva.
La noche del 27 de octubre dejó una imagen difícil de ignorar. Había patrullas y agentes cerca, pero los ciudadanos tuvieron que alertarlos durante los asaltos. La seguridad no se mide por la cantidad de policías en las calles, sino por la capacidad del Estado para proteger a las personas, investigar los delitos y recuperar la confianza de quienes hoy prefieren no denunciar.
