Contraloría General de Cuentas: cuotas de poder y alianzas

La elección del próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) cierra las elecciones llamadas “de segundo grado”. Está prevista para mediados de octubre. La Comisión de Postulación (CP) que conformará la nómina de seis candidatos, para que elija el Congreso de la República, la integran 23 profesionales. Un representante emendado del Foro de Rectores de las universidades del país la preside. 

• En procesos anteriores, participaron 11 decanos de las facultades que tienen las carreras de Contaduría Pública y Auditoría. Ahora podrían sumarse dos más. 

Por qué importa. Entre los decanos que más poder e influencia tienen en el proceso está el de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Desde 2023, la decanatura interina de la Facultad de Ciencias Económicas la dirige Byron Giovanni Mejía Victorio. Asumió luego de que Luis Antonio Suárez Roldán renunciara como decano, al ser electo candidato vicepresidencial de Vamos. 

• En 2022, cuando se eligió al actual contralor, Suárez favoreció al candidato oficialista Eric Mazariegos Salas. Sin embargo, quedó fuera, pues no integró la nómina de seis candidatos. 

• Así como Suárez, en su momento, Mejía mantiene una cercanía con Walter Mazariegos, rector de la USAC. Es uno de sus “votos duros” en el cuestionado Consejo Superior Universitario (CSU). 

• En mayo de 2023, el CSU eligió a Mejía como su representante titular ante la Junta Monetaria (JM). Esto le suma más poder para condicionar y favorecer a candidatos a contralor. 

Visto y no visto. El CSU ha bloqueado la elección del decano de Ciencias Económicas. No quieren perder el respaldo político que le ofrece Mejía a Mazariegos. Y que se ve representado en varias instituciones financieras y económicas del Estado, como la JM. En el Foro de Rectores, de donde saldrá el titular y suplente que presidirá la CP, Mazariegos mantiene varias cuotas de poder. 

• El Foro podría contar con la participación de dos nuevos rectores: el de la Universidad Americana y el de la Universidad Juan José Arévalo. 

• En la CP también participan representantes del Colegio de Contadores Públicos y del Colegio de Auditores. El primero tiene la cuota de nueve profesionales, y el segundo, de dos. En total, son 11. 

• El año pasado, el Colegio de Economistas, Contadores y Auditores (CECPAA) realizó las elecciones para su Junta Directiva y Tribunal de Honor. La actual junta fue respaldada por el exdecano Suárez. 

Sí, pero. El contralor de cuentas no puede reelegirse consecutivamente. Es decir, Frank Helmuth Bode Fuentes no puede buscar ahora un nuevo periodo en la CGC; sin embargo, en futuras elecciones no tendría impedimento. El excontralor Carlos Mencos tuvo dos administraciones: del 2006 al 2010 y de 2015 a 2018. 

• Según fuentes, Bode buscó acercamientos con Mazariegos y el CSU para favorecer a un futuro candidato. No obstante, las posibles alianzas no se concretaron.  

• Entre los directivos actuales de la CGC está Élfego Odair, como subcontralor administrativo. Es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado del Movimiento Semilla. 

• Ante la amañada reelección de Walter Mazariegos, la CGC lo denunció junto a otros 24 miembros del CSU. El motivo: posibles irregularidades en contrataciones y manejo de fondos. El hecho evidencia la nula alianza entre la USAC y la CGC. 

En conclusión. La elección del contralor se perfila como una disputa de cuotas donde el peso de la USAC y sus alianzas puede inclinar la balanza. La posible ampliación de la CP y el control del Foro de Rectores elevan el riesgo de decisiones politizadas. Sin contrapesos efectivos, la independencia del órgano fiscalizador queda comprometida. 

• La concentración de poder en decanaturas y en el CSU condiciona la nómina final. Si se mantiene ese esquema, la selección responderá más a lealtades que a méritos técnicos. Nuevamente, la CGC será política. 

• El Congreso recibirá una nómina marcada por esos equilibrios. Si no prioriza criterios objetivos, el contralor podría llegar con compromisos políticos que afecten su rol fiscalizador en vísperas del año electoral 2027.