Congreso: pendiente la elección de autoridades de Conamigua
El Congreso mantiene pendiente la elección de Conamigua y debe resolver el veto a las reformas penales y el futuro de la ley de cine.
La elección del secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) sigue sin concretarse, pese a que el Congreso tenía como plazo el 13 de octubre para designar a las nuevas autoridades. La falta de acuerdos entre los diputados mantiene estancado el proceso y, aunque el tema figura en la agenda de la sesión de este lunes, está ubicado entre los últimos puntos, por lo que podría quedar nuevamente sin resolverse.
La disputa está entre cinco aspirantes incluidos en la nómina propuesta por la Comisión del Migrante: Raúl Eduardo Berríos Ramírez, José David Prado Vásquez, Ana Marleni Gutiérrez, Luis Enrique Arévalo Girón y Diego Santamarina Cárdenas.
Ninguno ha logrado reunir los consensos necesarios para obtener los votos del pleno. Mientras tanto, Berríos, quien busca dirigir la institución por tercera ocasión, continúa al frente de Conamigua y devenga un salario mensual de GTQ 30 325, a la espera de que los diputados lo ratifiquen o designen a otro de los candidatos. Creada en 2007, la institución acumula cuestionamientos sobre los resultados de su gestión y señalamientos por convertirse en un espacio para colocar a personas vinculadas con grupos políticos, en lugar de concentrar sus esfuerzos en la atención de los migrantes guatemaltecos.
La falta de una nueva designación también prolonga la permanencia de Julio Lainfiesta, exdiputado de la Unidad del Cambio Nacional (UCN), como subsecretario de la entidad. Lainfiesta presentó su expediente para participar en la elección, pero quedó fuera de la nómina final que conoció el Congreso.
Veto presidencial a reformas al Código Procesal Penal
La agenda legislativa de este martes también contempla conocer el veto presidencial al Decreto 23-2026, que contiene reformas al Código Procesal Penal. El Ejecutivo decidió no sancionar la normativa al considerar que algunas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica y dificultades para su aplicación en el sistema de justicia.
El Congreso aprobó las reformas el 29 de septiembre de 2026 y remitió el decreto al Ejecutivo el 12 de octubre para su sanción, promulgación y publicación. Los cambios buscaban fortalecer la presunción de inocencia, limitar el uso de la prisión preventiva y agilizar los procesos penales mediante mecanismos de control sobre las medidas de coerción.
Sin embargo, tras una revisión jurídica, el Ejecutivo identificó contradicciones y omisiones que, a su criterio, comprometían la aplicación de la normativa. Entre los principales reparos figura una disposición que prohibía otorgar medidas sustitutivas a personas procesadas por determinados delitos. El veto devuelve al Legislativo la discusión sobre el contenido de las reformas y obliga a los diputados a definir el curso que seguirá el decreto.
Ley de cine y otros proyectos
Otro de los asuntos que figura en la agenda es la iniciativa 5906, conocida como ley de cine, impulsada por diputados del oficialismo, entre ellos Victoria Godoy Palala, apoyada, entre otros, por Luis Aguirre de Cabal. Aunque el proyecto está pendiente de aprobación por artículos y redacción final, su avance podría detenerse si prospera la propuesta de devolverlo a comisión. El presidente del Congreso, Luis Contreras, adelantó que existe la posibilidad de solicitar un nuevo análisis en comisión.
La devolución requiere 81 votos del pleno, por lo que su continuidad dependerá de los acuerdos entre las bancadas. La iniciativa fue presentada el 4 de mayo de 2021 y quedó bajo conocimiento de las comisiones de Cultura y Educación. El dictamen favorable de la Comisión de Cultura permitió que avanzara en el trámite legislativo.
Además de la ley de cine, los diputados tienen previsto avanzar con el primer debate de la ley de ciberseguridad, las reformas a la Ley de Alimentación Escolar y la iniciativa de fomento a la alimentación, entre otros proyectos.
Congreso: pendiente la elección de autoridades de Conamigua
El Congreso mantiene pendiente la elección de Conamigua y debe resolver el veto a las reformas penales y el futuro de la ley de cine.
La elección del secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) sigue sin concretarse, pese a que el Congreso tenía como plazo el 13 de octubre para designar a las nuevas autoridades. La falta de acuerdos entre los diputados mantiene estancado el proceso y, aunque el tema figura en la agenda de la sesión de este lunes, está ubicado entre los últimos puntos, por lo que podría quedar nuevamente sin resolverse.
La disputa está entre cinco aspirantes incluidos en la nómina propuesta por la Comisión del Migrante: Raúl Eduardo Berríos Ramírez, José David Prado Vásquez, Ana Marleni Gutiérrez, Luis Enrique Arévalo Girón y Diego Santamarina Cárdenas.
Ninguno ha logrado reunir los consensos necesarios para obtener los votos del pleno. Mientras tanto, Berríos, quien busca dirigir la institución por tercera ocasión, continúa al frente de Conamigua y devenga un salario mensual de GTQ 30 325, a la espera de que los diputados lo ratifiquen o designen a otro de los candidatos. Creada en 2007, la institución acumula cuestionamientos sobre los resultados de su gestión y señalamientos por convertirse en un espacio para colocar a personas vinculadas con grupos políticos, en lugar de concentrar sus esfuerzos en la atención de los migrantes guatemaltecos.
La falta de una nueva designación también prolonga la permanencia de Julio Lainfiesta, exdiputado de la Unidad del Cambio Nacional (UCN), como subsecretario de la entidad. Lainfiesta presentó su expediente para participar en la elección, pero quedó fuera de la nómina final que conoció el Congreso.
Veto presidencial a reformas al Código Procesal Penal
La agenda legislativa de este martes también contempla conocer el veto presidencial al Decreto 23-2026, que contiene reformas al Código Procesal Penal. El Ejecutivo decidió no sancionar la normativa al considerar que algunas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica y dificultades para su aplicación en el sistema de justicia.
El Congreso aprobó las reformas el 29 de septiembre de 2026 y remitió el decreto al Ejecutivo el 12 de octubre para su sanción, promulgación y publicación. Los cambios buscaban fortalecer la presunción de inocencia, limitar el uso de la prisión preventiva y agilizar los procesos penales mediante mecanismos de control sobre las medidas de coerción.
Sin embargo, tras una revisión jurídica, el Ejecutivo identificó contradicciones y omisiones que, a su criterio, comprometían la aplicación de la normativa. Entre los principales reparos figura una disposición que prohibía otorgar medidas sustitutivas a personas procesadas por determinados delitos. El veto devuelve al Legislativo la discusión sobre el contenido de las reformas y obliga a los diputados a definir el curso que seguirá el decreto.
Ley de cine y otros proyectos
Otro de los asuntos que figura en la agenda es la iniciativa 5906, conocida como ley de cine, impulsada por diputados del oficialismo, entre ellos Victoria Godoy Palala, apoyada, entre otros, por Luis Aguirre de Cabal. Aunque el proyecto está pendiente de aprobación por artículos y redacción final, su avance podría detenerse si prospera la propuesta de devolverlo a comisión. El presidente del Congreso, Luis Contreras, adelantó que existe la posibilidad de solicitar un nuevo análisis en comisión.
La devolución requiere 81 votos del pleno, por lo que su continuidad dependerá de los acuerdos entre las bancadas. La iniciativa fue presentada el 4 de mayo de 2021 y quedó bajo conocimiento de las comisiones de Cultura y Educación. El dictamen favorable de la Comisión de Cultura permitió que avanzara en el trámite legislativo.
Además de la ley de cine, los diputados tienen previsto avanzar con el primer debate de la ley de ciberseguridad, las reformas a la Ley de Alimentación Escolar y la iniciativa de fomento a la alimentación, entre otros proyectos.
