Cómo el narco está capturando la industria energética

Durante años, el crimen organizado en México acaparó titulares por el huachicol, término local que designa el robo de combustible desde los ductos o camiones de Pemex, la empresa estatal de petróleo.

• Pero aquel método rudimentario ha evolucionado hacia esquemas mucho más sofisticados y rentables. Una reciente investigación del Financial Times (FT) reveló que los cárteles mexicanos ahora trafican enormes volúmenes de diésel y gasolina hacia EE. UU. a través de puertos, trenes y camiones.
• Este nuevo frente del crimen organizado —impulsado por vacíos regulatorios y una preocupante complicidad institucional— se ha convertido en una de las operaciones ilícitas más lucrativas del país, y comienza a desarrollar capacidades para operar a escala regional, con impactos que ya se extienden al norte, centro e incluso partes de Sudamérica.

Panorama. A pesar de que la ofensiva del gobierno mexicano contra el huachicol se ha intensificado bajo la administración de Claudia Sheinbaum —como lo demuestra la reciente incautación de más de 15 millones de litros de hidrocarburos robados en Coahuila—, los decomisos apenas rozan la superficie de una economía ilícita que opera a escala industrial.

• Según el FT, el combustible ilegal podría representar entre el 16 % y el 27 % del consumo anual de combustibles en México—el equivalente a entre 172 000 y 290 000 barriles diarios. En términos económicos, eso supone un mercado negro valuado entre USD 12 000 M y USD 21 000 M al año.
• Las cifras impresionan. En México existirían más de 22,000 “puntos de autoconsumo irregulares”, casi el doble de las estaciones de servicio legalmente registradas.
• Parte de ese combustible se comercializa informalmente en carreteras, extraído con mangueras desde barriles oxidados. Otra porción se lava a través de gasolineras formales, donde las ventas al público comenzaron a superar los volúmenes oficiales de suministro en 2023.

Por qué importa. El contrabando de combustible no solo alimenta directamente las finanzas operativas de los grupos criminales más violentos de la región, sino también plantea una amenaza creciente a la seguridad energética.

• En 2023, hasta el 40% de la generación eléctrica en México dependía del petróleo, en su mayoría suministrado por Pemex. La petrolera se ha convertido en la empresa más endeudada del sector a nivel mundial y un blanco prioritario del crimen organizado. Solo en 2023 reportó pérdidas de más de 17 000 barriles diarios por robo, lo que equivale a daños por más de USD 1 100 M.
• El debilitamiento de la integridad operativa de Pemex compromete la estabilidad de toda la matriz energética mexicana. 
• A ello se suma una política fiscal deficiente que, de forma inadvertida, incentiva el contrabando. Lubricantes industriales importados —exentos del impuesto IEPS— se utilizan rutinariamente para encubrir envíos de combustible ilícito. 

Entre líneas. Al sur de la frontera, Guatemala ofrece un contraste notable: un sector energético definido por su estabilidad y resiliencia. Pese a la fragilidad institucional y la inestabilidad política, el país ha construido una de las redes eléctricas más confiables de la región.

• Con apenas un 1.7% de su matriz energética basada en petróleo, Guatemala se mantiene relativamente blindada ante los shocks internacionales de precios y las redes criminales que afectan a su vecino del norte.
• Las reformas energéticas de 1996, impulsadas por el presidente Álvaro Arzú, eliminaron el monopolio estatal y abrieron el sector a la inversión privada. A diferencia de México, donde la política energética cambia con cada gobierno, Guatemala ha sostenido una visión coherente y multisectorial durante casi tres décadas.
• Sin embargo, los riesgos aumentan. Grupos criminales vinculados a cárteles mexicanos se expanden en territorio guatemalteco, especialmente en corredores logísticos. Aunque la red energética aún no ha sido afectada, la débil presencia estatal en varias regiones la deja vulnerable.

Lo que sigue. El éxito de Guatemala es real, pero frágil. A medida que las rutas de contrabando transnacional se extienden desde Centroamérica hacia EE. UU., la coordinación entre Guatemala, México y Washington será clave. La seguridad energética regional dependerá tanto del mercado como del cumplimiento de la ley.

• En 2025, el gobierno de Trump dio un paso decisivo al designar a los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs). Las implicaciones trascienden lo penal: afectan directamente la forma en que las empresas deben operar en la región.
• Cualquier firma que opere en dólares, utilice bancos estadounidenses o tenga socios comerciales en EE. UU. enfrenta ahora mayores riesgos. Bajo este nuevo marco, las empresas deben asegurarse de que sus cadenas de suministro y operaciones no beneficien —ni siquiera indirectamente— a estos grupos. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones o congelamiento de activos. 
• Más allá de lo legal, este giro revela una realidad cada vez más evidente; a medida que las redes criminales evolucionan en corporaciones multimillonarias, gobiernos y empresas deberán reaccionar coordinadamente. 

Conclusión. Las organizaciones criminales transnacionales se han convertido en la mayor amenaza a la seguridad regional. Ya no se limitan al narcotráfico: controlan rutas migratorias, trafican armas y personas, y alteran infraestructuras críticas, incluidas las energéticas.

• En zonas de México y Guatemala, estos grupos ya desafían de forma abierta la autoridad del Estado. Y mientras se vuelven más violentos y estructurados, ningún país podrá enfrentarlos por sí solo.
• La solución no pasa únicamente por el uso de la fuerza, sino por inteligencia compartida, fortalecimiento institucional y cooperación regional para eliminar los incentivos que sostienen estas economías criminales.
• El contrabando de combustible no es solo un delito. Es un síntoma de la debilidad estatal. Y si los gobiernos no actúan juntos, su soberanía seguirá debilitándose.