EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Latinoamérica, la región más violenta del mundo, enfrenta una crisis agravada por el crimen organizado trasnacional.
Panorama. La violencia descontrolada y el fortalecimiento de redes criminales llevan años erosionando las instituciones políticas legítimas, frenando el desarrollo, y alimentando flujos migratorios masivos, con repercusiones allende las fronteras regionales, que afectan de forma directa a EE. UU.
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Las operaciones de estas organizaciones delictivas provocan enormes pérdidas económicas para la región, y simultáneamente ponen en riesgo la seguridad pública y la cohesión social.
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Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2022, estima que el crimen le cuesta a Latinoamérica aproximadamente el 3.4 % de su PIB.
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La inseguridad va en aumento en casi toda la región. En México, por ejemplo, una encuesta reciente de la Texas Public Policy Foundation reveló que el 78 % de los votantes considera que la situación de seguridad representa riesgos inaceptables para su integridad.
Por qué importa. Los sindicatos criminales transnacionales, como el Cártel de Sinaloa en México, o el Clan del Golfo en Colombia, no son simples pandillas: operan como corporaciones multinacionales que generan entre USD 150 000M y USD 250 000M al año.
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Sus actividades abarcan el narcotráfico —especialmente de cocaína y fentanilo—, el tráfico de personas, la minería ilegal, el robo de hidrocarburos y la extorsión. Estos ingresos permiten financiar ejércitos privados que controlan municipios enteros, debilitando gravemente la autoridad del Estado.
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El desafío institucional no se detiene ahí. Esas organizaciones también han logrado infiltrar e influir en los más altos niveles de la toma de decisiones políticas. Tal es el caso de Honduras y el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena por narcotráfico.
Entre líneas. Nayib Bukele se ha consolidado como un referente en seguridad por su mano dura contra las pandillas, reduciendo la tasa de homicidios de 53 por cada 100 000 habitantes en 2018, a 2.4 en 2024. Sin embargo, ni EE. UU., ni otros países, deberían interpretar —como lo han hecho recientemente— que su modelo es una estrategia eficaz para contener el poder creciente del crimen organizado.
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La táctica del presidente salvadoreño, centrada en encarcelamientos masivos y militarización de la seguridad, se enfocó en pandillas poco sofisticadas como la Mara Salvatrucha, cuyos miembros pueden tener ingresos de apenas USD 15 semanales.
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Este enfoque resulta inadecuado para enfrentar a los cárteles trasnacionales: estructuras complejas y bien financiadas que dominan el comercio ilícito en gran parte de la región.
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Aunque ese modelo ha dado resultados inmediatos, no parece sostenible a largo plazo. Las condiciones económicas y sociales de fondo no han cambiado, y el crecimiento de la población carcelaria genera presión sobre los recursos públicos. Los países latinoamericanos necesitan soluciones ajustadas a su realidad, no recetas generales.
En conclusión. Latinoamérica muestra cada vez más reservas frente a la injerencia estadounidense en sus asuntos internos, y la historia ofrece advertencias claras sobre los riesgos de una intervención excesiva.
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No obstante, si Washington busca mantener su liderazgo en el hemisferio —hoy disputado por China— debería priorizar alianzas de seguridad que fortalezcan las capacidades locales.
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Más que destinar millones a oenegés con agendas políticas, EE. UU. debería concentrarse en reforzar la infraestructura y la capacitación en seguridad.
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La crisis del crimen organizado en Latinoamérica compromete a todo el continente: alimenta epidemias de drogadicción en EE. UU. y debilita las instituciones públicas en la región. Por ello, urge establecer un marco de seguridad hemisférico, liderado por Washington y enfocado en desmantelar las redes logísticas y financieras de los cárteles; es la única vía para restaurar la estabilidad y la prosperidad en el continente.
Latinoamérica, la región más violenta del mundo, enfrenta una crisis agravada por el crimen organizado trasnacional.
Panorama. La violencia descontrolada y el fortalecimiento de redes criminales llevan años erosionando las instituciones políticas legítimas, frenando el desarrollo, y alimentando flujos migratorios masivos, con repercusiones allende las fronteras regionales, que afectan de forma directa a EE. UU.
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Las operaciones de estas organizaciones delictivas provocan enormes pérdidas económicas para la región, y simultáneamente ponen en riesgo la seguridad pública y la cohesión social.
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La inseguridad va en aumento en casi toda la región. En México, por ejemplo, una encuesta reciente de la Texas Public Policy Foundation reveló que el 78 % de los votantes considera que la situación de seguridad representa riesgos inaceptables para su integridad.
Por qué importa. Los sindicatos criminales transnacionales, como el Cártel de Sinaloa en México, o el Clan del Golfo en Colombia, no son simples pandillas: operan como corporaciones multinacionales que generan entre USD 150 000M y USD 250 000M al año.
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Sus actividades abarcan el narcotráfico —especialmente de cocaína y fentanilo—, el tráfico de personas, la minería ilegal, el robo de hidrocarburos y la extorsión. Estos ingresos permiten financiar ejércitos privados que controlan municipios enteros, debilitando gravemente la autoridad del Estado.
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El desafío institucional no se detiene ahí. Esas organizaciones también han logrado infiltrar e influir en los más altos niveles de la toma de decisiones políticas. Tal es el caso de Honduras y el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena por narcotráfico.
Entre líneas. Nayib Bukele se ha consolidado como un referente en seguridad por su mano dura contra las pandillas, reduciendo la tasa de homicidios de 53 por cada 100 000 habitantes en 2018, a 2.4 en 2024. Sin embargo, ni EE. UU., ni otros países, deberían interpretar —como lo han hecho recientemente— que su modelo es una estrategia eficaz para contener el poder creciente del crimen organizado.
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La táctica del presidente salvadoreño, centrada en encarcelamientos masivos y militarización de la seguridad, se enfocó en pandillas poco sofisticadas como la Mara Salvatrucha, cuyos miembros pueden tener ingresos de apenas USD 15 semanales.
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Este enfoque resulta inadecuado para enfrentar a los cárteles trasnacionales: estructuras complejas y bien financiadas que dominan el comercio ilícito en gran parte de la región.
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Aunque ese modelo ha dado resultados inmediatos, no parece sostenible a largo plazo. Las condiciones económicas y sociales de fondo no han cambiado, y el crecimiento de la población carcelaria genera presión sobre los recursos públicos. Los países latinoamericanos necesitan soluciones ajustadas a su realidad, no recetas generales.
En conclusión. Latinoamérica muestra cada vez más reservas frente a la injerencia estadounidense en sus asuntos internos, y la historia ofrece advertencias claras sobre los riesgos de una intervención excesiva.
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No obstante, si Washington busca mantener su liderazgo en el hemisferio —hoy disputado por China— debería priorizar alianzas de seguridad que fortalezcan las capacidades locales.
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Más que destinar millones a oenegés con agendas políticas, EE. UU. debería concentrarse en reforzar la infraestructura y la capacitación en seguridad.
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La crisis del crimen organizado en Latinoamérica compromete a todo el continente: alimenta epidemias de drogadicción en EE. UU. y debilita las instituciones públicas en la región. Por ello, urge establecer un marco de seguridad hemisférico, liderado por Washington y enfocado en desmantelar las redes logísticas y financieras de los cárteles; es la única vía para restaurar la estabilidad y la prosperidad en el continente.
