CACIF rechaza ley que “abre las puertas a la corrupción”

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), expresó su rechazo a la iniciativa de ley 6576, conocida como Ley de Agilización de la Inversión Pública, impulsada por el oficialismo en el Congreso.

Es noticia. La propuesta, que busca autorizar contrataciones y compras gubernamentales sin aplicar los controles establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, ha generado preocupación en diversos sectores por los riesgos que representa en materia de transparencia y corrupción.

• La iniciativa, presentada el 14 de julio por los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, plantea una vigencia de tres años y beneficiaría a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), municipalidades, ministerios, entidades descentralizadas y autónomas.
• Según el documento, las inversiones estratégicas estarían orientadas a mejorar áreas como movilidad, seguridad, educación, salud, cultura y deporte. Sin embargo, el sector privado advierte que, en la práctica, muchos de estos proyectos suelen estar diseñados con fines clientelares o para el enriquecimiento de quienes los promueven.
• “El sector privado organizado considera que esta propuesta es contraria a los principios de transparencia, abre espacios a la arbitrariedad y puede generar incentivos que profundicen la corrupción y el clientelismo, en detrimento del interés nacional”, señaló CACIF en un comunicado.

Qué destacar. La privada también lamentó que, por segundo año consecutivo, se observe una baja ejecución del presupuesto, lo cual afecta directamente la prestación de servicios públicos esenciales.

• No obstante, advirtió que la opacidad y la eliminación de controles no son la vía para resolver esta problemática.
• Hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 12 % de los GTQ 12 000M asignados a los CODEDE, lo que ha llevado al oficialismo a buscar mecanismos que aceleren el gasto público.
• Sin embargo, el CACIF insiste en que la solución no está en debilitar los controles, sino en fortalecer la capacidad institucional del Estado. “La clave para ejecutar los fondos asignados está en asegurar la calidad del gasto de manera eficiente y transparente, conforme a los procesos establecidos en la ley”, subrayó.

Sí, pero. En ese sentido, el sector privado instó al Congreso a priorizar la reforma pendiente a la Ley de Servicio Civil, considerada una herramienta fundamental para profesionalizar la gestión pública.

• “Es indispensable contar con personal calificado que planifique, implemente y ejecute la obra pública cumpliendo los procedimientos y plazos establecidos, garantizando así la adecuada prestación de los servicios públicos”, añadió el comunicado.
• La propuesta tampoco pasa desapercibida en el contexto político actual. Con solo cuatro decretos aprobados en lo que va del año, el Congreso muestra un bajo nivel de actividad legislativa.
• En ese marco, la iniciativa podría convertirse en una moneda de cambio para avanzar en otras prioridades del oficialismo, como la reforma a la Ley de Hidrocarburos —clave para sortear el vencimiento del contrato petrolero con Perenco el próximo 12 de agosto—, la nueva ley contra el lavado de dinero, y el proyecto de presupuesto 2026, que debe ser entregado por el Ministerio de Finanzas antes del 2 de septiembre.

En conclusión. Más allá del contenido técnico de la propuesta, el cambio en el discurso del oficialismo ha sido objeto de críticas.

• Desde la oposición, los actuales promotores de la ley habrían sido los primeros en rechazar una iniciativa de este tipo.
• Hoy, sin embargo, defienden una medida que, según sus detractores, abre la puerta a posibles focos de corrupción.
• El CACIF hace un llamado a los legisladores a rechazar cualquier intento de debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas, y a trabajar por un gasto público eficiente que beneficie realmente a todos los guatemaltecos.