EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: CACIF exige tres acciones concretas: fiscalización efectiva del presupuesto, transparencia absoluta en su ejecución y cero excusas por parte de las autoridades.
Qué destacar. El llamado se produce tras la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, que asciende a GTQ 163 469M.
- La organización empresarial considera que este monto es desproporcionado y advierte que, sin controles estrictos, se corre el riesgo de profundizar la discrecionalidad y el uso político de los recursos.
- El presupuesto fue aprobado de urgencia nacional y en un único debate durante la madrugada del 26 de noviembre, tras una sesión maratónica que se extendió por más de 12 horas.
- La moción oficialista evitó las tres lecturas ordinarias, reduciendo el espacio para discusión y fiscalización.
Sí, pero. Este procedimiento generó críticas por replicar prácticas opacas del pasado, al aprobarse mientras la mayoría de la población dormía y sin un debate público amplio.
- Analistas y organizaciones sociales advirtieron que esta estrategia legislativa limita el escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos estatales.
- Uno de los puntos más cuestionados es la concentración de recursos en entidades con poca transparencia, especialmente los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), que recibirán GTQ 6312M adicionales, elevando su asignación histórica a más de GTQ 16 000M.
- Estos fondos son señalados por su vulnerabilidad a prácticas clientelares y falta de control efectivo. Además, se aprobaron aportes extraordinarios a organizaciones no gubernamentales, lo que amplía los riesgos de discrecionalidad en la ejecución.
Datos. El Presupuesto 2026 no solo es grande en cifras: incrementa el gasto público, la deuda y las excepciones a la ley, mientras concentra recursos en entidades poco transparentes.
- Según CACIF, esta tendencia preocupa porque abre espacios de discrecionalidad y reduce la inversión productiva. El déficit fiscal estimado supera el 3.3 %.
- Más del 50 % de la nueva deuda se destinará a gasto de funcionamiento.
- Esto deja apenas un 16 % para inversión pública, porcentaje considerado insuficiente para impulsar desarrollo sostenible.
En conclusión. En su comunicado oficial, el CACIF instó a los tres niveles de gobierno a asumir responsabilidades concretas. Al Congreso le recordó que su función no consiste solo en aprobar el presupuesto, sino también en cumplir con su obligación constitucional de fiscalizar los recursos asignados.
- Al Ejecutivo le exigió "no más excusas, pues por segundo año consecutivo se les aprueba un presupuesto excesivo y ahora deben ejecutarlo para atender las necesidades de los guatemaltecos".
- A los alcaldes les advirtió que no están al frente de su cargo para buscar beneficios clientelares, sino para servir exclusivamente al interés público con eficiencia, transparencia absoluta y estricto apego a la ley.
- El mensaje es claro: Guatemala necesita que cada quetzal invertido se traduzca en bienestar real. Para ello, el presupuesto debe transformarse en obras concretas, servicios eficientes y resultados medibles.
CACIF exige tres acciones concretas: fiscalización efectiva del presupuesto, transparencia absoluta en su ejecución y cero excusas por parte de las autoridades.
Qué destacar. El llamado se produce tras la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, que asciende a GTQ 163 469M.
- La organización empresarial considera que este monto es desproporcionado y advierte que, sin controles estrictos, se corre el riesgo de profundizar la discrecionalidad y el uso político de los recursos.
- El presupuesto fue aprobado de urgencia nacional y en un único debate durante la madrugada del 26 de noviembre, tras una sesión maratónica que se extendió por más de 12 horas.
- La moción oficialista evitó las tres lecturas ordinarias, reduciendo el espacio para discusión y fiscalización.
Sí, pero. Este procedimiento generó críticas por replicar prácticas opacas del pasado, al aprobarse mientras la mayoría de la población dormía y sin un debate público amplio.
- Analistas y organizaciones sociales advirtieron que esta estrategia legislativa limita el escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos estatales.
- Uno de los puntos más cuestionados es la concentración de recursos en entidades con poca transparencia, especialmente los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), que recibirán GTQ 6312M adicionales, elevando su asignación histórica a más de GTQ 16 000M.
- Estos fondos son señalados por su vulnerabilidad a prácticas clientelares y falta de control efectivo. Además, se aprobaron aportes extraordinarios a organizaciones no gubernamentales, lo que amplía los riesgos de discrecionalidad en la ejecución.
Datos. El Presupuesto 2026 no solo es grande en cifras: incrementa el gasto público, la deuda y las excepciones a la ley, mientras concentra recursos en entidades poco transparentes.
- Según CACIF, esta tendencia preocupa porque abre espacios de discrecionalidad y reduce la inversión productiva. El déficit fiscal estimado supera el 3.3 %.
- Más del 50 % de la nueva deuda se destinará a gasto de funcionamiento.
- Esto deja apenas un 16 % para inversión pública, porcentaje considerado insuficiente para impulsar desarrollo sostenible.
En conclusión. En su comunicado oficial, el CACIF instó a los tres niveles de gobierno a asumir responsabilidades concretas. Al Congreso le recordó que su función no consiste solo en aprobar el presupuesto, sino también en cumplir con su obligación constitucional de fiscalizar los recursos asignados.
- Al Ejecutivo le exigió "no más excusas, pues por segundo año consecutivo se les aprueba un presupuesto excesivo y ahora deben ejecutarlo para atender las necesidades de los guatemaltecos".
- A los alcaldes les advirtió que no están al frente de su cargo para buscar beneficios clientelares, sino para servir exclusivamente al interés público con eficiencia, transparencia absoluta y estricto apego a la ley.
- El mensaje es claro: Guatemala necesita que cada quetzal invertido se traduzca en bienestar real. Para ello, el presupuesto debe transformarse en obras concretas, servicios eficientes y resultados medibles.
