Arévalo frente al dilema del IUSI: vetar o asumir el costo con los alcaldes

Luego de que este jueves venciera el plazo para que los diputados presentaran objeciones sin que se registrara ninguna, la reforma a la Ley del Impuesto Sobre Inmuebles (IUSI) fue remitida al presidente Bernardo Arévalo. El mandatario dispone ahora de 15 días para decidir si sanciona o veta el Decreto 18-2026, aprobado con el respaldo de 121 diputados. 

Por qué importa. Aunque el trámite sigue el procedimiento legislativo ordinario, la decisión del mandatario tendrá un alto costo político, cualquiera que sea el camino que elija.

• Sí Arévalo atiende los planteamientos de los alcaldes y de algunos diputados oficialistas vinculados a la facción Raíces y decide vetar el decreto, abriría un nuevo pulso con el Congreso. Además, para muchos legisladores, la eliminación del IUSI se ha convertido en una bandera política de cara al próximo proceso electoral.
• No sería la última palabra. Es bien sabido que el Congreso puede revertir un veto presidencial si reúne 107 votos, una mayoría calificada suficiente para obligar la publicación del decreto y su entrada en vigor.
• Si, por el contrario, el mandatario sanciona la reforma, se alinearía con la decisión de los 121 diputados que la aprobaron y con una parte de la ciudadanía que respalda la eliminación del impuesto. Sin embargo, asumiría el costo político frente a los alcaldes, uno de los principales focos de oposición a la medida. Ese factor no es menor: el oficialismo apenas consiguió una alcaldía, por lo que mantener una relación funcional con los jefes ediles resulta clave para su capacidad de gestión y su proyección política.

Voces. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) cuestionó la aprobación del Decreto 18-2026 que reforma el IUSI, al asegurar que fue avalado sin consenso con los gobiernos locales y que pone en riesgo las finanzas de los 277 municipios que perciben ingresos por ese impuesto, especialmente más de 50 que dependen en gran medida de esos recursos.

• La entidad advirtió que una disminución en la recaudación del IUSI comprometería el financiamiento de escuelas, agua potable, drenajes, servicios de limpieza y otras obras municipales.
• Por ello, reiteró su llamado al Congreso para instalar una mesa de trabajo que permita construir un modelo de financiamiento sostenible y resguardar la autonomía financiera de las municipalidades.
• Consultado por República, el presidente de la ANAM, Sebastián Siero, reconoció que la asociación no ha solicitado una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para pedirle que vete el decreto. Además, indicó que tampoco ha recibido respuesta del Congreso a la propuesta, planteada días atrás, de abrir una mesa de diálogo para discutir la reforma. 

En conclusión. El presidente Bernardo Arévalo tendrá que asumir el costo político de su decisión. Si sanciona el decreto, podría evitar cargar con el desgaste de frenar una medida popular y dejar que, eventualmente, sea la Corte de Constitucionalidad la que tenga la última palabra si alguien presenta una impugnación. Sería una salida políticamente conveniente, aunque no necesariamente la más cómoda.

• En cualquier caso, si la reforma fuera suspendida o anulada, es difícil imaginar que el tema quede enterrado: en pleno ambiente preelectoral, pocos diputados querrán explicar a sus votantes por qué desapareció un ahorro que ya muchos dan por descontado.