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25 de febrero, 2026
La administración de Donald Trump autorizó a empresas estadounidenses a solicitar licencias para revender petróleo de origen venezolano con destino a Cuba, siempre que el beneficiario sea el sector privado y no el gobierno. La medida busca aliviar la crisis energética en la isla sin fortalecer al aparato estatal ni militar.
Es noticia. El Departamento del Tesoro anunció una política de licencias favorables para permitir la reventa de petróleo venezolano destinado a actividades privadas en Cuba. La decisión representa un ajuste puntual dentro del régimen de sanciones y establece límites claros para evitar que los recursos lleguen al Estado cubano.
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros indicó que evaluará positivamente solicitudes relacionadas con transacciones que apoyen al pueblo cubano, incluidas exportaciones para uso comercial o humanitario dentro del sector privado.
- La autorización excluye expresamente cualquier venta directa o indirecta al gobierno cubano, sus fuerzas armadas o empresas bajo su control, así como hoteles administrados por entidades militares sancionadas.
- El Departamento de Comercio complementó la medida al permitir exportaciones destinadas a actividades económicas privadas o ventas directas a individuos para uso personal o familiar, sin requerir aprobación del gobierno de La Habana.
Aspectos clave. La política no elimina las sanciones vigentes contra Venezuela ni contra el régimen cubano. Se trata de un mecanismo de autorización caso por caso que obliga a las compañías a demostrar que la operación fortalece la iniciativa privada y no al aparato estatal.
- Las empresas deben presentar solicitudes formales donde detallen la cadena de distribución y los beneficiarios finales, garantizando que el combustible no termine en manos de entidades estatales o militares.
- La medida se enmarca en el principio de apoyar la libertad económica individual, permitiendo que pequeños negocios, emprendedores y ciudadanos accedan a insumos energéticos sin depender exclusivamente del monopolio estatal.
- El Tesoro mantiene la facultad de revocar o negar licencias si detecta riesgos de desvío o beneficio indirecto al gobierno cubano, preservando la presión sobre estructuras consideradas represivas.
En el radar. Cuba atraviesa una crisis de combustible que ha provocado apagones prolongados, paralización parcial de actividades productivas y restricciones en el transporte. La reducción de envíos venezolanos agravó la situación, evidenciando la fragilidad de un modelo dependiente de acuerdos estatales.
- La caída del suministro desde Caracas dejó a la isla con menor capacidad de generación eléctrica, afectando tanto a hogares como a pequeños negocios privados que dependen de energía constante.
- Al permitir que el sector privado acceda a petróleo bajo reglas de mercado y supervisión, Washington intenta separar el apoyo al ciudadano común de cualquier respaldo al aparato gubernamental.
- La decisión también envía un mensaje político: la presión sobre regímenes aliados no excluye medidas selectivas que favorezcan la autonomía económica individual.
Lo que sigue. El impacto real dependerá de cuántas empresas soliciten licencias y de la viabilidad financiera de las operaciones. La logística, los costos y la capacidad de pago en divisas serán factores determinantes en la implementación.
- Si las licencias prosperan, el sector privado cubano podría obtener un alivio parcial que le permita operar con mayor estabilidad, especialmente en comercio y servicios.
- Persisten riesgos de que el Estado intente capturar indirectamente parte del beneficio, lo que obligará a una supervisión estricta por parte de las autoridades estadounidenses.
- La política podría ampliarse o endurecerse según los resultados, manteniendo el equilibrio entre presión diplomática y respaldo a la libertad económica de los ciudadanos.
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25 de febrero, 2026
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Es noticia. El Departamento del Tesoro anunció una política de licencias favorables para permitir la reventa de petróleo venezolano destinado a actividades privadas en Cuba. La decisión representa un ajuste puntual dentro del régimen de sanciones y establece límites claros para evitar que los recursos lleguen al Estado cubano.
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Aspectos clave. La política no elimina las sanciones vigentes contra Venezuela ni contra el régimen cubano. Se trata de un mecanismo de autorización caso por caso que obliga a las compañías a demostrar que la operación fortalece la iniciativa privada y no al aparato estatal.
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