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Data Centers, en el punto de mira político
Tras las midterm el Congreso debate que los centros de datos paguen su parte de la red eléctrica. Varios estados aplican pausas y recortan incentivos
Vista aérea del campus Meta Prometheus en New Albany, Ohio, uno de los mayores complejos de centros de datos e inteligencia artificial de Estados Unidos. (AFP)
Manuel Aguilera
19 de noviembre, 2026 El boom de los centros de datos, impulsado por la inteligencia artificial, se ha convertido en un problema político. La factura de la luz sube en muchas zonas y los vecinos culpan a estas instalaciones por su enorme consumo de energía y agua. Después de las midterm, tanto republicanos como demócratas están reaccionando.
Qué destacar. En la Cámara de Representantes se aprobó en septiembre, con 417 votos a favor y solo 3 en contra, el Ratepayer Protection Act. La norma obliga a los reguladores estatales a considerar que las cargas grandes (a partir de 100 megavatios) paguen el cien por cien de los costes incrementales de generación y transmisión que provocan. No es un mandato estricto, pero marca el tono: la idea de que los hogares no deben subsidiar a los data centers ya tiene apoyo amplio.
- Esta semana el Senado debate el Bipartisan American Affordability and Jobs Act, un proyecto más ambicioso. Acelera los permisos federales para líneas de transmisión, gasoductos y proyectos energéticos. A cambio, exige que los data centers grandes (umbral aproximado de 20 megavatios) paguen tanto los costes incrementales de la red como una parte de la infraestructura ya existente.
- Estudios preliminares estiman que esto podría generar miles de millones de dólares adicionales en cargos a la industria durante la próxima década y aliviar algo las facturas residenciales. El proyecto también obliga por primera vez al Gobierno federal a rastrear el consumo energético de estos centros.
- En paralelo, varios senadores impulsan medidas fiscales. Ron Wyden (demócrata de Oregón) propone un impuesto especial sobre los ingresos de servicios de data centers y la eliminación de beneficios como la depreciación acelerada. Republicanos como Josh Hawley y Bernie Moreno quieren limitar o eliminar incentivos federales y el acceso a Opportunity Zones para estas instalaciones.
En el radar. A nivel estatal la presión es aún más fuerte. Nueva York aprobó una orden ejecutiva que pausa los permisos ambientales para centros de datos grandes durante hasta un año. Texas ordenó detener permisos hasta que el operador de la red termine su revisión. En Virginia, el mayor mercado del país, se han endurecido los procesos. Decenas de municipios y condados han aprobado moratorias locales o prohibiciones directas.
- En las elecciones de noviembre, la mayoría de las medidas locales relacionadas con data centers salieron a favor de limitar su expansión.
- El sector promete que pagará sus costes y que creará empleo e inversión. Pero el rechazo vecinal y el impacto visible en la factura eléctrica han convertido el tema en prioridad política. Florida, por ahora, sigue siendo relativamente permisiva, aunque también enfrenta presión local en algunas zonas. El sur del estado, con su crecimiento y su demanda energética, no está ajeno al debate.
- Los data centers son necesarios para la inteligencia artificial y la economía digital. La cuestión es quién paga la infraestructura y a qué velocidad se autorizan. Después de las midterm, el Congreso y los estados están respondiendo con más regulación y más exigencias de pago. El punto de mira político ya no se va a apagar.
Datos clave. Ratepayer Protection Act: aprobado en Cámara 417-3 (septiembre 2026). Umbral: ≥100 MW. Bipartisan American Affordability and Jobs Act: en debate en Senado (esta semana). Umbral aproximado: 20 MW. Nueva York: pausa de hasta un año (≥50 MW). Texas: pausa de permisos ambientales. Decenas de moratorias locales aprobadas en noviembre.
Ahora qué.
El Senado decide esta semana si avanza el proyecto que obliga a los data centers a pagar más por la red. Si no sale, la nueva mayoría demócrata preparará iniciativas más restrictivas en 2027. A nivel estatal, las moratorias y los recortes de incentivos continúan.
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