Un reglamento común podría acelerar construcciones en 10 municipios

La homologación de los reglamentos municipales de construcción podría atraer más inversión al interior del país. Una iniciativa coordinada por Guatemala No Se Detiene (GNSD) busca homologar reglamentos de al menos 10 municipios en ubicaciones estratégicas. El objetivo: establecer reglas previsibles para quienes buscan desarrollar nuevos proyectos.

Por qué importa. Cambiar de municipio implica enfrentarse a nuevos requisitos, costos y criterios para tramitar una licencia de construcción. Esta falta de uniformidad aumenta la incertidumbre, prolonga los procesos y puede detener inversiones antes de que lleguen al territorio.

• Actualmente, algunos municipios cuentan con reglamentos complejos, criterios discrecionales y costos variables. Otros tienen normas incompletas que no permiten anticipar con precisión cómo se evaluará un proyecto, explica Amán José Sánchez, asesor de Guatemala No Se Detiene.

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• “Hay una gran necesidad de certeza jurídica”, resume Jorge Mario Figueroa, presidente de ANACOVI. La homologación busca que el inversionista conozca requisitos, costos y tiempos antes de comprometer capital.

• La diversidad de reglamentos también dificulta la digitalización de los trámites. Una base normativa común permitiría desarrollar herramientas digitales que puedan utilizarse en varias municipalidades.

En el radar. La iniciativa comenzó con una lista de 19 municipios, aunque la primera etapa contempla trabajar con 10. Son priorizados los territorios vinculados con corredores comerciales, importaciones, exportaciones, crecimiento poblacional y capacidad para atraer inversión.

• La lista incluye Masagua, Santa Lucía Cotzumalguapa, Puerto Barrios, Morales, Chimaltenango, Retalhuleu, Ayutla, Pajapita, Mazatenango, Escuintla, Río Hondo, Estanzuela, Teculután, Fraijanes, Villa Nueva, Amatitlán, Santa Catarina Pinula, Iztapa y Champerico.

• Santa Lucía Cotzumalguapa, Santa Catarina Pinula y Escuintla son los municipios que han mostrado mayor apertura para avanzar con la propuesta, según Sánchez.

• Francisco Marroquín, vicepresidente de ADIG, explica que el objetivo es cambiar normas que hoy dependen de la interpretación de analistas para evitar cambios de criterio que suceden incluso después de la aprobación de proyectos.

Punto de fricción. El principal problema no es la existencia de normas municipales, sino la falta de criterios previsibles para aplicarlas. Para Marroquín, las reglas mínimas que deben quedar claras son el uso de suelo y la edificabilidad, porque determinan qué desarrollos son viables y si es sensato comprar.

• Según Sánchez, aunque el sector público dispone de 30 días para responder, algunos trámites pueden permanecer meses sin resolución.

• También existe incertidumbre sobre las aprobaciones relacionadas con seguridad. Con el paso desigual de las municipalidades, el proceso queda en incertidumbre.

• “Los requisitos no están claros”, advierte Sánchez. El reglamento modelo busca cerrar áreas grises sin eliminar el cobro municipal, fijando criterios comprensibles para el sector público y privado.

Lo que sigue. El resultado que se espera es un modelo sólido para ordenar la emisión de licencias sin debilitar las facultades municipales. La propuesta deberá servir como base para simplificar trámites, establecer requisitos comunes y, posteriormente, habilitar un sistema digital.

• El documento deberá servir como base para simplificar trámites, establecer requisitos comunes y preparar la futura digitalización de las licencias de construcción.

• No obstante, el modelo solo será obligatorio si el Concejo Municipal lo aprueba: cada municipalidad deberá adoptarlo por separado.

• La lista inicial tampoco constituye un límite. La expectativa es que otras municipalidades puedan adoptar posteriormente el modelo y ofrecer condiciones más previsibles para el desarrollo de nuevos proyectos.