EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Normas de seguridad: la grieta que excluye parte de las construcciones guatemaltecas
Una torre de nueve niveles entra en la misma categoría que una casa de dos pisos. Ambas son obras ordinarias bajo la normativa vigente en Guatemala y ninguna debe cumplir de forma obligatoria reglas de seguridad estructural. La excepción surgió en 2010 y continúa.
La grieta está en la NRD 1 de Conred, el acuerdo que regula normas de seguridad estructural para obras de construcción. Aunque Guatemala es un país sísmico, la obligación no alcanza a la mayoría de viviendas, bodegas, oficinas y desarrollos privados. Para esos casos, cumplir o no con cálculo estructural depende del criterio municipal.
Por qué importa la NRD 1
El acuerdo de Conred, conocido como NRD 1, solo obliga a obras importantes y esenciales: inversión pública, hospitales e infraestructura crítica. Para el resto, cada gobierno local decide si exige cálculo estructural. En la práctica, la seguridad sísmica de buena parte de la construcción queda en manos de decisiones municipales.
Antes de 2010, los ingenieros aplicaban normas estadounidenses porque Guatemala nunca tuvo un código propio, recuerda Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de Conred entre 2008 y 2016. Cuando por fin llegó una regulación nacional, lo hizo con vacíos.
El párrafo que deja fuera a las obras ordinarias sobrevivió tres revisiones —2019, 2021 y 2025—, sostiene Andrés García, ingeniero estructural y directivo de AGIES. La excepción “temporal” cumplió 15 años.
Para José Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, a Guatemala no le falta normativa. Lo que falta es cumplimiento que alcance a todas las construcciones.
Qué son las obras ordinarias
Ordinario no significa pequeño. En esa categoría caben edificios de hasta nueve niveles, complejos de 10 000 m² y urbanizaciones con varias torres. La clasificación depende solo de metros cuadrados y uso, no del riesgo que concentra una obra.
La etiqueta suaviza el contenido. Una obra “ordinaria” suena doméstica, pero ahí entran bodegas industriales, salones sociales y oficinas, observa García. El problema está en que esas construcciones también pueden concentrar personas, actividad económica y patrimonio.
En la capital opera otra dinámica: la Municipalidad exige declaración jurada de cumplimiento y los desarrolladores formales suelen contratar ingeniería estructural, aunque la NRD 1 no los obligue. Esa práctica reduce parte del riesgo, pero no resuelve la brecha nacional.
Fuera de ese circuito crece la arquitectura de remesas: vivienda que sube un nivel cada vez que llega dinero del exterior, muchas veces en mampostería no reforzada y sobre suelos que nadie estudia.
El riesgo también se negocia en obra
La grieta más silenciosa la abre el propio cliente. García relata casos donde el dueño pide al ingeniero “bajar las cargas” para abaratar la construcción. Sin una obligación clara para obras ordinarias, la norma no siempre se viola: se negocia.
El problema se amplía en las licencias municipales. Quien aprueba una licencia rara vez es ingeniero y decide por criterio propio si la obra debe cumplir cálculo estructural. Esa discrecionalidad vuelve desigual la aplicación de la seguridad estructural en Guatemala.
AGIES ha encontrado fallas estructurales en bodegas existentes, precisamente porque nadie creyó que necesitaran cálculo riguroso al levantarlas. El riesgo no está solo en la vivienda informal, sino también en edificaciones productivas.
También hay planos que se replican sin reparar en la sismicidad del terreno. Una torre diseñada para Petén, donde la actividad sísmica es baja, puede terminar levantada en Escuintla, donde es alta, sin recalcular cargas ni condiciones estructurales.
Cómo nació la grieta de 15 años
En 2010, Conred publicó la NRD 1 con cobertura parcial deliberada: obras importantes y esenciales primero, el resto después, conforme universidades y municipalidades absorbieran la norma. Quince años más tarde, ese “después” no llegó.
“Nos quedamos ahí”, resume Maldonado. Desde su salida, la ampliación prevista no avanzó y la estrategia gradual ha sido obviada por las nuevas autoridades de Conred.
La actualización más reciente —NRD 2 de diciembre de 2024— no extendió la cobertura obligatoria. Para Maldonado, incluso incluyó retrocesos técnicos respecto a la versión anterior.
Construir sin gestionar riesgos acumula fragilidad en escuelas, hospitales y vivienda, advierte Maldonado. Un país que tiembla y aspira a desarrollarse no puede seguir levantando obra sin obligar al cálculo estructural.
Propueastas para ampliar la obligatoriedad
AGIES envió a Conred una propuesta de redacción concreta para que la vivienda horizontal y vertical entre en la obligatoriedad de la NRD 1. La decisión está en manos de la institución.
García describe la relación con la autoridad como cordial, pero lenta: la actualización de 2024 tomó ocho meses entre propuesta técnica y oficialización del decreto. Ese antecedente marca el ritmo probable de una reforma.
Ardón plantea cuatro frentes simultáneos: obligatoriedad explícita en la norma, acompañamiento técnico para construcción por cuenta propia y poca supervisión técnica, capacitación a evaluadores municipales y herramientas simples de verificación.
Mientras la NRD 1 no alcance lo “ordinario”, la vivienda, las bodegas y las oficinas seguirán siendo el flanco más expuesto en un país que tiembla.
Normas de seguridad: la grieta que excluye parte de las construcciones guatemaltecas
Una torre de nueve niveles entra en la misma categoría que una casa de dos pisos. Ambas son obras ordinarias bajo la normativa vigente en Guatemala y ninguna debe cumplir de forma obligatoria reglas de seguridad estructural. La excepción surgió en 2010 y continúa.
La grieta está en la NRD 1 de Conred, el acuerdo que regula normas de seguridad estructural para obras de construcción. Aunque Guatemala es un país sísmico, la obligación no alcanza a la mayoría de viviendas, bodegas, oficinas y desarrollos privados. Para esos casos, cumplir o no con cálculo estructural depende del criterio municipal.
Por qué importa la NRD 1
El acuerdo de Conred, conocido como NRD 1, solo obliga a obras importantes y esenciales: inversión pública, hospitales e infraestructura crítica. Para el resto, cada gobierno local decide si exige cálculo estructural. En la práctica, la seguridad sísmica de buena parte de la construcción queda en manos de decisiones municipales.
Antes de 2010, los ingenieros aplicaban normas estadounidenses porque Guatemala nunca tuvo un código propio, recuerda Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de Conred entre 2008 y 2016. Cuando por fin llegó una regulación nacional, lo hizo con vacíos.
El párrafo que deja fuera a las obras ordinarias sobrevivió tres revisiones —2019, 2021 y 2025—, sostiene Andrés García, ingeniero estructural y directivo de AGIES. La excepción “temporal” cumplió 15 años.
Para José Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, a Guatemala no le falta normativa. Lo que falta es cumplimiento que alcance a todas las construcciones.
Qué son las obras ordinarias
Ordinario no significa pequeño. En esa categoría caben edificios de hasta nueve niveles, complejos de 10 000 m² y urbanizaciones con varias torres. La clasificación depende solo de metros cuadrados y uso, no del riesgo que concentra una obra.
La etiqueta suaviza el contenido. Una obra “ordinaria” suena doméstica, pero ahí entran bodegas industriales, salones sociales y oficinas, observa García. El problema está en que esas construcciones también pueden concentrar personas, actividad económica y patrimonio.
En la capital opera otra dinámica: la Municipalidad exige declaración jurada de cumplimiento y los desarrolladores formales suelen contratar ingeniería estructural, aunque la NRD 1 no los obligue. Esa práctica reduce parte del riesgo, pero no resuelve la brecha nacional.
Fuera de ese circuito crece la arquitectura de remesas: vivienda que sube un nivel cada vez que llega dinero del exterior, muchas veces en mampostería no reforzada y sobre suelos que nadie estudia.
El riesgo también se negocia en obra
La grieta más silenciosa la abre el propio cliente. García relata casos donde el dueño pide al ingeniero “bajar las cargas” para abaratar la construcción. Sin una obligación clara para obras ordinarias, la norma no siempre se viola: se negocia.
El problema se amplía en las licencias municipales. Quien aprueba una licencia rara vez es ingeniero y decide por criterio propio si la obra debe cumplir cálculo estructural. Esa discrecionalidad vuelve desigual la aplicación de la seguridad estructural en Guatemala.
AGIES ha encontrado fallas estructurales en bodegas existentes, precisamente porque nadie creyó que necesitaran cálculo riguroso al levantarlas. El riesgo no está solo en la vivienda informal, sino también en edificaciones productivas.
También hay planos que se replican sin reparar en la sismicidad del terreno. Una torre diseñada para Petén, donde la actividad sísmica es baja, puede terminar levantada en Escuintla, donde es alta, sin recalcular cargas ni condiciones estructurales.
Cómo nació la grieta de 15 años
En 2010, Conred publicó la NRD 1 con cobertura parcial deliberada: obras importantes y esenciales primero, el resto después, conforme universidades y municipalidades absorbieran la norma. Quince años más tarde, ese “después” no llegó.
“Nos quedamos ahí”, resume Maldonado. Desde su salida, la ampliación prevista no avanzó y la estrategia gradual ha sido obviada por las nuevas autoridades de Conred.
La actualización más reciente —NRD 2 de diciembre de 2024— no extendió la cobertura obligatoria. Para Maldonado, incluso incluyó retrocesos técnicos respecto a la versión anterior.
Construir sin gestionar riesgos acumula fragilidad en escuelas, hospitales y vivienda, advierte Maldonado. Un país que tiembla y aspira a desarrollarse no puede seguir levantando obra sin obligar al cálculo estructural.
Propueastas para ampliar la obligatoriedad
AGIES envió a Conred una propuesta de redacción concreta para que la vivienda horizontal y vertical entre en la obligatoriedad de la NRD 1. La decisión está en manos de la institución.
García describe la relación con la autoridad como cordial, pero lenta: la actualización de 2024 tomó ocho meses entre propuesta técnica y oficialización del decreto. Ese antecedente marca el ritmo probable de una reforma.
Ardón plantea cuatro frentes simultáneos: obligatoriedad explícita en la norma, acompañamiento técnico para construcción por cuenta propia y poca supervisión técnica, capacitación a evaluadores municipales y herramientas simples de verificación.
Mientras la NRD 1 no alcance lo “ordinario”, la vivienda, las bodegas y las oficinas seguirán siendo el flanco más expuesto en un país que tiembla.
