EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Corte de Constitucionalidad (CC), pidió al Ministerio Público (MP) que inicie investigaciones contra la Comisión Permantente del Congreso de la República.
La CC “certificó lo conducente” a la Fiscalía. Demanda que se “inicien las investigaciones pertinentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, a fin de que proceda conforme la Ley”.
La Corte basa su petición al MP en el artículo 54 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.
La resolución de la CC se da luego que la citada Comisión no envió el expediente original del proceso de antejuicio iniciado contra cuatro magistrados.
De acuerdo con el Legislativo, los magistrados de la CC cometieron un delito al autoampararse para suspender el trámite de antejucio. Por ello se resisten a acatar una orden que consideran ilegal.
Es más, en su respuesta remitida el lunes por la noche a la Corte, insisten en pedir al Ministerio Público iniciar investigaciones contra los magistrados.
“Manifiesta su desacuerdo con el hecho de que estén dictando órdenes ilegales dentro de un proceso en donde los magistrados son ‘juez y parte‘. Donde su imparcialidad está seriamente comprometida…”, indicó el Congreso en la respuesta enviada a los magistrados.
La Comisión Permanente del Legislativo se apoya en el artículo 156 de la Constitución Política de Guatemala. Aseguran que no están obligados a atender una orden fuera de la ley.
En manos del MP
Ahora la última palabra la tiene el Ministerio Público. En sus manos tiene la denuncia presentada contra los magistrados de la CC señalados de autoampararse. Además, la petición de la Corte de investigar a los diputados que no acataron su fallo.
En ambos casos la Fiscalía deberá hacer una indagación preliminar. Si observa indicios de delitos cometidos, solicitará quitar la inmunidad a los congresistas o a los magistrados de la CC.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento. El Legislativo respondió, pero no entregó el expediente original.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
La Corte de Constitucionalidad (CC), pidió al Ministerio Público (MP) que inicie investigaciones contra la Comisión Permantente del Congreso de la República.
La CC “certificó lo conducente” a la Fiscalía. Demanda que se “inicien las investigaciones pertinentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, a fin de que proceda conforme la Ley”.
La Corte basa su petición al MP en el artículo 54 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.
La resolución de la CC se da luego que la citada Comisión no envió el expediente original del proceso de antejuicio iniciado contra cuatro magistrados.
De acuerdo con el Legislativo, los magistrados de la CC cometieron un delito al autoampararse para suspender el trámite de antejucio. Por ello se resisten a acatar una orden que consideran ilegal.
Es más, en su respuesta remitida el lunes por la noche a la Corte, insisten en pedir al Ministerio Público iniciar investigaciones contra los magistrados.
“Manifiesta su desacuerdo con el hecho de que estén dictando órdenes ilegales dentro de un proceso en donde los magistrados son ‘juez y parte‘. Donde su imparcialidad está seriamente comprometida…”, indicó el Congreso en la respuesta enviada a los magistrados.
La Comisión Permanente del Legislativo se apoya en el artículo 156 de la Constitución Política de Guatemala. Aseguran que no están obligados a atender una orden fuera de la ley.
En manos del MP
Ahora la última palabra la tiene el Ministerio Público. En sus manos tiene la denuncia presentada contra los magistrados de la CC señalados de autoampararse. Además, la petición de la Corte de investigar a los diputados que no acataron su fallo.
En ambos casos la Fiscalía deberá hacer una indagación preliminar. Si observa indicios de delitos cometidos, solicitará quitar la inmunidad a los congresistas o a los magistrados de la CC.
El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento. El Legislativo respondió, pero no entregó el expediente original.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
