La digitalización de las remesas representa una oportunidad crítica para modernizar las economías latinoamericanas. Esta transición promete mayor inclusión financiera, eficiencia fiscal, trazabilidad y crecimiento del mercado formal. Con todo, su potencial económico apenas comienza a desplegarse.
Qué destacar. En países como Guatemala, donde el 20 % del PIB proviene de estos flujos, los efectos van más allá del consumo inmediato: reconfiguran el sistema financiero y dinamizan sectores como vivienda, salud y educación.
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Al digitalizar el envío, el receptor no solo obtiene fondos, sino una puerta a la economía formal. Esto permite trazar el uso del dinero, diseñar productos financieros y medir el impacto real.
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Según Jennifer Rodas, especialista en transferencias, el 80 % de las remesas aún se envía en efectivo. Esto limita la visibilidad económica y reduce las oportunidades para integrar a los receptores al sistema financiero.
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Se requiere la coordinación de múltiples actores: bancos, fintech, comercios y usuarios, para que “la red informal se conecte con el sistema digital”, asegura Melissa Morano, socia de Consortium Legal.
Punto de fricción. La infraestructura desigual, baja educación financiera e informalidad ralentizan la digitalización de remesas en la región, a pesar de los avances en economías más desarrolladas.
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Mientras que hasta el 50 % ya se envía de forma digital desde EE. UU., en países receptores como Guatemala, el ecosistema aún no está listo.
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El problema es, asimismo, de hábito: “si me pagan en efectivo, gasto en efectivo”, explica Victor Unda, CEO de OKY. Romper esa cadena requiere una transformación cultural.
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Una de las principales barreras es la falta de aceptación digital. Aunque muchos tienen celulares, no todos pueden recibir este tipo de pagos, limitando el uso de transferencias electrónicas.
Sí, pero. A pesar del potencial, nuevas propuestas en EE. UU. frenarían la digitalización. Una de ellas: el posible impuesto del 3.5 % a las remesas, impulsado por Donald Trump.
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Este plan fiscal —parte de su política migratoria—, afecta de modo directo a los envíos hacia Latinoamérica. Encarecería las remesas o las regresaría a la informalidad.
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Morano alerta que imponer un impuesto de este tipo atentaría contra los derechos de propiedad de los migrantes. “Es dinero legítimamente ganado”, señala.
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Las fintech temen que una medida así inhiba la digitalización por temor y desconfianza. El reto no solo es técnico: también es político y jurídico.
Balance. La trazabilidad del dinero, control del gasto e integración al sistema financiero son consecuencias directas de digitalizar remesas. Además, esto abre puertas para novedosos productos, competencia y eficiencia fiscal.
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Mercados más avanzados —como México o Brasil— tienen un 50 % de digitalización del envío de divisas. En contraparte, en Guatemala sigue dominando el efectivo.
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Morano explica que hay un vacío normativo para canalizar de forma efectiva estas transferencias. “Sin reglas claras, hay riesgo para los actores y para el usuario”.
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Desde un enfoque fiscal, digitalizar ayuda a cerrar brechas. Permite detectar flujos de dinero, prevenir lavado y ampliar la base tributaria sin subir impuestos. La forma de hacerlo: integrando actores hoy invisibles.
La digitalización de las remesas representa una oportunidad crítica para modernizar las economías latinoamericanas. Esta transición promete mayor inclusión financiera, eficiencia fiscal, trazabilidad y crecimiento del mercado formal. Con todo, su potencial económico apenas comienza a desplegarse.
Qué destacar. En países como Guatemala, donde el 20 % del PIB proviene de estos flujos, los efectos van más allá del consumo inmediato: reconfiguran el sistema financiero y dinamizan sectores como vivienda, salud y educación.
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Al digitalizar el envío, el receptor no solo obtiene fondos, sino una puerta a la economía formal. Esto permite trazar el uso del dinero, diseñar productos financieros y medir el impacto real.
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Según Jennifer Rodas, especialista en transferencias, el 80 % de las remesas aún se envía en efectivo. Esto limita la visibilidad económica y reduce las oportunidades para integrar a los receptores al sistema financiero.
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Se requiere la coordinación de múltiples actores: bancos, fintech, comercios y usuarios, para que “la red informal se conecte con el sistema digital”, asegura Melissa Morano, socia de Consortium Legal.
Punto de fricción. La infraestructura desigual, baja educación financiera e informalidad ralentizan la digitalización de remesas en la región, a pesar de los avances en economías más desarrolladas.
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Mientras que hasta el 50 % ya se envía de forma digital desde EE. UU., en países receptores como Guatemala, el ecosistema aún no está listo.
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El problema es, asimismo, de hábito: “si me pagan en efectivo, gasto en efectivo”, explica Victor Unda, CEO de OKY. Romper esa cadena requiere una transformación cultural.
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Una de las principales barreras es la falta de aceptación digital. Aunque muchos tienen celulares, no todos pueden recibir este tipo de pagos, limitando el uso de transferencias electrónicas.
Sí, pero. A pesar del potencial, nuevas propuestas en EE. UU. frenarían la digitalización. Una de ellas: el posible impuesto del 3.5 % a las remesas, impulsado por Donald Trump.
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Este plan fiscal —parte de su política migratoria—, afecta de modo directo a los envíos hacia Latinoamérica. Encarecería las remesas o las regresaría a la informalidad.
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Morano alerta que imponer un impuesto de este tipo atentaría contra los derechos de propiedad de los migrantes. “Es dinero legítimamente ganado”, señala.
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Las fintech temen que una medida así inhiba la digitalización por temor y desconfianza. El reto no solo es técnico: también es político y jurídico.
Balance. La trazabilidad del dinero, control del gasto e integración al sistema financiero son consecuencias directas de digitalizar remesas. Además, esto abre puertas para novedosos productos, competencia y eficiencia fiscal.
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Mercados más avanzados —como México o Brasil— tienen un 50 % de digitalización del envío de divisas. En contraparte, en Guatemala sigue dominando el efectivo.
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Morano explica que hay un vacío normativo para canalizar de forma efectiva estas transferencias. “Sin reglas claras, hay riesgo para los actores y para el usuario”.
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Desde un enfoque fiscal, digitalizar ayuda a cerrar brechas. Permite detectar flujos de dinero, prevenir lavado y ampliar la base tributaria sin subir impuestos. La forma de hacerlo: integrando actores hoy invisibles.