El posible impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas desde EE. UU. amenaza con alterar una de las fuentes más estables de ingresos para millones de familias mexicanas. Aunque todavía falta la aprobación del Senado, México ya se prepara diplomática y fiscalmente para mitigar los eventuales efectos.
Por qué importa. La medida fiscal desestabilizaría parte del consumo interno y presionaría a las instituciones financieras. El efecto va mucho más allá del migrante.
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Las remesas sostienen el consumo básico de numerosas familias, particularmente en zonas marginadas.
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Genoveva Roldán Dávila, investigadora económica de la UNAM, advierte que no es un ingreso cualquiera: alimenta, educa y da salud.
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El gobierno de Claudia Sheinbaum califica la propuesta como una injusticia. Ha pedido un diálogo directo con Washington.
Cómo funciona. La aplicación del impuesto no sería generalizada, pero sí sus efectos colaterales. El estatus migratorio será determinante.
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“El tributo recaería solo en los remitentes sin residencia legal en EE. UU.”, explica Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.
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Rodrigo Villegas, fundador y CEO de Suass Group, señala que “la medida forma parte de una narrativa electoral, más que de una política estructural”.
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Un envío promedio de USD 384 implicaría un pago adicional de más de 13 en comisiones si se pone en práctica.
Qué destacar. La caída reciente de estas transferencias es una señal de alerta, pero no responde únicamente a la nueva tasa. Hay factores macroeconómicos en juego.
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En abril de 2025 disminuyeron un 12.1 % anual, aunque en términos reales crecieron 0.7, según Ugarte.
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“Algunos bancos ya prestan con base en el flujo de envíos, no en el historial crediticio”, indica Ankit Sharma, socio de Monitor Deloitte especializado en servicios financieros.
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Plataformas digitales y billeteras descentralizadas crecen como canal alternativo, desplazando a las instituciones tradicionales.
Punto de fricción. Aunque no generan inversión, sí otorgan estabilidad social y macroeconómica. Cambiar su lógica implicaría rediseñar la economía de base en muchos territorios.
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Ugarte calcula que “el 85 % se usa en gasto corriente”, lo cual sostiene el consumo en comunidades sin otras fuentes de ingreso.
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“Las familias afectadas podrían acudir a canales informales, afectando el control fiscal y empresas como Western Union y Oxxo”, advierte Roldán.
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Los centros emisores —grandes y pequeños— podrían presionar políticamente para bloquear la medida, al ver amenazada su operación.
Ecos regionales. Guatemala enfrenta una dependencia mucho mayor que México. Y cuenta con menos herramientas para amortiguar el impacto. Su vulnerabilidad es estructural.
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Sharma explica que, aunque México recibe más remesas en monto absoluto, en Guatemala representan más del 20 % del PIB.
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Mientras México exporta el 35 % de su producción, en Guatemala ese porcentaje se sitúa entre el 5 y 6 %. Esto limita su diversificación.
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“Usar remesas para proyectos productivos y aumentar la inversión ayudaría a cambiar el modelo económico guatemalteco”, sugiere.
Ahora qué. Sharma advierte que habría un repunte temporal antes del 4 de julio (día de la decisión en el Senado), seguido de una caída entre el 3 y el 5 %.
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Roldán teme que el crimen organizado capte parte de esos flujos en caso de formalizarse la carga, lo que implicaría nuevas amenazas financieras y sociales.
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Ugarte señala que “el mayor riesgo no es el impuesto en sí, sino la fragilidad del empleo en EE. UU.”, ya que muchos migrantes trabajan en sectores cíclicos.
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A un mes del debate en la cámara alta, las estrategias mexicanas se enfocan en diplomacia, cabildeo y contención narrativa. El resultado es incierto.
El posible impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas desde EE. UU. amenaza con alterar una de las fuentes más estables de ingresos para millones de familias mexicanas. Aunque todavía falta la aprobación del Senado, México ya se prepara diplomática y fiscalmente para mitigar los eventuales efectos.
Por qué importa. La medida fiscal desestabilizaría parte del consumo interno y presionaría a las instituciones financieras. El efecto va mucho más allá del migrante.
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Las remesas sostienen el consumo básico de numerosas familias, particularmente en zonas marginadas.
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Genoveva Roldán Dávila, investigadora económica de la UNAM, advierte que no es un ingreso cualquiera: alimenta, educa y da salud.
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El gobierno de Claudia Sheinbaum califica la propuesta como una injusticia. Ha pedido un diálogo directo con Washington.
Cómo funciona. La aplicación del impuesto no sería generalizada, pero sí sus efectos colaterales. El estatus migratorio será determinante.
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“El tributo recaería solo en los remitentes sin residencia legal en EE. UU.”, explica Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.
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Rodrigo Villegas, fundador y CEO de Suass Group, señala que “la medida forma parte de una narrativa electoral, más que de una política estructural”.
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Un envío promedio de USD 384 implicaría un pago adicional de más de 13 en comisiones si se pone en práctica.
Qué destacar. La caída reciente de estas transferencias es una señal de alerta, pero no responde únicamente a la nueva tasa. Hay factores macroeconómicos en juego.
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En abril de 2025 disminuyeron un 12.1 % anual, aunque en términos reales crecieron 0.7, según Ugarte.
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“Algunos bancos ya prestan con base en el flujo de envíos, no en el historial crediticio”, indica Ankit Sharma, socio de Monitor Deloitte especializado en servicios financieros.
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Plataformas digitales y billeteras descentralizadas crecen como canal alternativo, desplazando a las instituciones tradicionales.
Punto de fricción. Aunque no generan inversión, sí otorgan estabilidad social y macroeconómica. Cambiar su lógica implicaría rediseñar la economía de base en muchos territorios.
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Ugarte calcula que “el 85 % se usa en gasto corriente”, lo cual sostiene el consumo en comunidades sin otras fuentes de ingreso.
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“Las familias afectadas podrían acudir a canales informales, afectando el control fiscal y empresas como Western Union y Oxxo”, advierte Roldán.
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Los centros emisores —grandes y pequeños— podrían presionar políticamente para bloquear la medida, al ver amenazada su operación.
Ecos regionales. Guatemala enfrenta una dependencia mucho mayor que México. Y cuenta con menos herramientas para amortiguar el impacto. Su vulnerabilidad es estructural.
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Sharma explica que, aunque México recibe más remesas en monto absoluto, en Guatemala representan más del 20 % del PIB.
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Mientras México exporta el 35 % de su producción, en Guatemala ese porcentaje se sitúa entre el 5 y 6 %. Esto limita su diversificación.
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“Usar remesas para proyectos productivos y aumentar la inversión ayudaría a cambiar el modelo económico guatemalteco”, sugiere.
Ahora qué. Sharma advierte que habría un repunte temporal antes del 4 de julio (día de la decisión en el Senado), seguido de una caída entre el 3 y el 5 %.
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Roldán teme que el crimen organizado capte parte de esos flujos en caso de formalizarse la carga, lo que implicaría nuevas amenazas financieras y sociales.
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Ugarte señala que “el mayor riesgo no es el impuesto en sí, sino la fragilidad del empleo en EE. UU.”, ya que muchos migrantes trabajan en sectores cíclicos.
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A un mes del debate en la cámara alta, las estrategias mexicanas se enfocan en diplomacia, cabildeo y contención narrativa. El resultado es incierto.