La ley portuaria enfrenta su mayor desafío: cumplirla

La nueva Ley General del Sistema Portuario promete transformar la forma en que Guatemala administra, coordina y desarrolla sus puertos.

Qué destacar. La normativa crea la autoridad nacional rectora, abre nuevas vías para la inversión privada y establece reglas claras para la operación, administración y ampliación de la infraestructura marítima.

• Expertos consultados coinciden en que los principales beneficios de la normativa serán una mayor coordinación institucional.
• Además, certeza jurídica para las inversiones y mejores condiciones para convertir al país en una plataforma logística más competitiva.
• Hasta ahora, cada entidad portuaria opera de manera dispersa, sin una visión estratégica común, lo que ahora se busca corregir.

Voces. Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020, considera que uno de los cambios más relevantes es que la ley obliga a una coordinación nacional entre todos los puertos y muelles del país.

• “La coordinación y la certeza jurídica son los dos beneficios más importantes de la ley”, resume García.
• Según el analista, la normativa también crea mecanismos que permitirán una gestión más ágil y flexible de las actividades portuarias mediante nuevos contratos de administración e inversión.
• Estos instrumentos permitirán que empresas privadas participen en la operación de terminales, muelles o servicios específicos bajo reglas claramente definidas, algo que estaba en una zona gris jurídica.

Datos clave. La ley establece figuras que facilitan la participación privada tanto en infraestructura existente como en nuevos proyectos.

• Esto abre la puerta a que empresas identifiquen oportunidades para construir terminales especializadas, muelles o incluso puertos completos, siempre sujetos a autorización de la nueva Autoridad Portuaria Nacional.
• García señala que uno de los problemas históricos ha sido la dificultad para impulsar inversiones debido a la falta de procedimientos claros y al temor de funcionarios de incurrir en incumplimientos legales.
• Con la nueva normativa, dice, quedan definidos aspectos como los tipos de contratos, los plazos, los mecanismos de inversión y la relación entre los activos construidos por privados y el Estado.

Por qué importa. Otro cambio relevante es la creación de un Plan Integral de Desarrollo Portuario, instrumento que permitirá ordenar el crecimiento del sector y definir prioridades a largo plazo. Las inversiones privadas y públicas deberán enmarcarse dentro de esa planificación estratégica.

• Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, coincide en que la ausencia de una autoridad especializada era una de las principales debilidades del sistema portuario nacional.
• Explica que los puertos fueron concebidos originalmente como empresas públicas encargadas de operar infraestructura, pero sin una institución que estableciera reglas, resolviera conflictos y coordinara decisiones estratégicas de alcance nacional.
• Además, subraya que la falta de una autoridad central dificultaba el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con la protección portuaria, la seguridad marítima y el control del ingreso y salida de mercancías y personas.

Punto de fricción. “Los puertos son puntos sensibles para la seguridad del país. Sin controles adecuados pueden convertirse en espacios vulnerables para el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico ilegal de mercancías”, explica.

• La nueva Autoridad Portuaria Nacional sustituirá gradualmente a la Comisión Portuaria Nacional y asumirá funciones relacionadas con la regulación, protección portuaria y promoción de inversiones.
• Sin embargo, tanto García como Bolaños advierten que los beneficios no serán inmediatos. La implementación requerirá varios años debido a la complejidad institucional del cambio.
• La ley establece un extenso proceso de transición. Si se cumplen los plazos previstos, la normativa entraría en vigor tras su publicación y durante 2027 se integraría el primer directorio de la Autoridad Portuaria Nacional.

Lo que sigue. Posteriormente, se deben nombrar autoridades técnicas, emitirse reglamentos y armonizarse normas en distintas instituciones del Estado.

• El cronograma establece hitos clave como el nombramiento del primer directorio en febrero de 2027, la designación del gerente general en agosto de ese año y la integración mínima de la nueva entidad durante 2028.
• El Plan Integral de Desarrollo Portuario está previsto para 2029.
• Bolaños estima que la implementación sustancial de la ley podría observarse entre 2028 y 2029, siempre que las distintas entidades estatales cumplan las obligaciones asignadas.

En el radar.  La normativa también incorpora mecanismos para fortalecer la seguridad y la coordinación interinstitucional dentro de los puertos.

• Aunque la nueva autoridad no estará por encima de instituciones como SAT, Migración, Defensa o Gobernación, sí tendrá la responsabilidad de articular espacios de coordinación, intercambio de información y protocolos conjuntos.
• Los entrevistados consideran que esta integración permitirá una respuesta más efectiva frente al contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas asociadas a la actividad portuaria.
• Asimismo, la ley facilita la adquisición de herramientas tecnológicas y controles especializados, incluidos sistemas de inspección, intercambio de información y mecanismos de protección contemplados en estándares internacionales.

Cómo funciona. En materia económica, las expectativas son altas. Bolaños asegura que existen empresas nacionales y extranjeras que han mostrado interés en desarrollar infraestructura portuaria una vez exista un marco jurídico estable.

• Explicó que inversionistas han estado pendientes de la aprobación de la normativa y consideran atractivo el nuevo régimen para desarrollar terminales especializadas, puertos privados, infraestructura logística y proyectos vinculados al comercio regional.
• Las posibilidades incluyen terminales para gas natural licuado, granos, combustibles, cruceros turísticos y operaciones de cabotaje para conectar el sur de México con Centroamérica.
• No obstante, ambos especialistas advierten que la ley por sí sola no resolverá los desafíos logísticos del país. El desarrollo portuario deberá acompañarse de mejoras en infraestructura vial, transmisión eléctrica, carreteras y otros proyectos estratégicos.

Sí, pero. “Se pueden tener mejores puertos, pero si no existen carreteras o energía suficiente para movilizar la producción, el problema simplemente se trasladará a otro punto de la cadena logística”, señala Bolaños.

• La ley también introduce medidas orientadas a fortalecer la transparencia. Entre ellos figuran mecanismos para prevenir conflictos de interés en juntas directivas y procesos de contratación.
• Asimismo, establece la obligación de transparentar criterios tarifarios y procedimientos administrativos. Para García, el verdadero desafío empezará después de la entrada en vigor.
• La capacidad del Estado para ejecutar el complejo cronograma de transición será determinante para que la reforma produzca los resultados esperados.

En conclusión. Si logra implementarse con éxito, Guatemala podría reducir las congestiones que en algunos momentos llevaron a embarcaciones a esperar durante semanas para descargar mercancías.

• Para el país será un imán para atraer nuevas inversiones y consolidarse como un socio logístico más confiable en la región, dice Bolaños.
• La apuesta es ambiciosa. La ley ya trazó la ruta. Ahora el reto será convertir sus disposiciones en infraestructura, eficiencia y crecimiento económico para el país.