Gobierno y OIT diseñan consulta indígena sin actores clave

Bajo la bandera de la construcción de paz y el fortalecimiento del diálogo en el marco del Convenio 169 de la OIT, el Gobierno de Guatemala ejecuta un acuerdo internacional que deja muchas dudas.

• El proyecto acumula interrogantes sobre transparencia, representatividad y participación real de los sectores que supuestamente forman parte del proceso.

Qué destacar. El programa se llama “Fortaleciendo los mecanismos de diálogo y consulta previa, libre e informada entre el Gobierno de Guatemala y las estructuras de representación ancestral de pueblos indígenas”.

• Es financiado por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (PBF) con un presupuesto de USD 1.6M (GTQ 12.5M). El acuerdo se firmó en febrero de 2026 y está previsto que concluya en 2027.
• Aunque el discurso oficial habla de reducir conflictividad y fortalecer la gobernanza democrática, el documento apunta a construir la arquitectura institucional de la consulta indígena.
• Se trata de una obligación internacional pendiente desde que Guatemala ratificó el Convenio 169 en 1996.

Sí, pero. El convenio no plantea expresamente la creación de un reglamento nacional. Sin embargo, propone elaborar estrategias, protocolos, procedimientos, mecanismos de monitoreo y herramientas administrativas para aplicar la consulta. En la práctica, esos elementos constituyen la base de cualquier futura regulación.

• La principal beneficiaria del proyecto es la Secretaría Privada de la Presidencia, que concentrará la coordinación política, la relación con autoridades indígenas y el diseño de la estrategia nacional de consulta.
• Esto abre dudas sobre por qué un tema con implicaciones para inversiones, recursos naturales y energía es impulsado desde una dependencia presidencial y no mediante una institucionalidad con respaldo legal más amplio.
• Para el abogado internacional Alexander González Castillo, aunque el documento no habla directamente de una reglamentación, sí parece encaminarse en esa dirección.

Punto de fricción. Otro vacío relevante es la representatividad. El proyecto busca fortalecer la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas, pero no establece cómo se determinará qué organizaciones representan legítimamente a los distintos pueblos indígenas ni cómo se incorporarán sectores que no formen parte de esa estructura.

• La inconsistencia más evidente aparece en la participación del sector privado. El convenio menciona expresamente a la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT) como actor involucrado. Sin embargo, la organización aseguró que desconoce el acuerdo.
• “Hasta el momento, GRENAT no ha sido convocada formalmente a participar en este proceso”, indicó la gremial en un comunicado divulgado el 28 de agosto.
• La gremial agregó que “consideramos fundamental que este tema sea abordado dentro de un marco que garantice certeza jurídica para todos los actores involucrados”. Recordó que “es responsabilidad del Estado establecer mecanismos claros, adecuados y predecibles para la implementación de la consulta previa”.

Entre líneas. La afirmación contradice uno de los pilares del convenio. Si el principal actor empresarial mencionado asegura no haber sido convocado, la participación del sector privado parece existir más en el papel que en la práctica.

• A ello se suma la ausencia de entidades que representen a los trabajadores, pese a que la OIT figura entre las entidades ejecutoras del proyecto. Para el abogado González, especialista en el Convenio 169, una eventual reglamentación debe construirse con la participación de todos los sectores involucrados.
• “El objetivo del Convenio 169 no es dar una superposición a ningún grupo. El objetivo del Convenio 169 es la equidad”, afirmó el abogado de la firma Kastle International.
• También advirtió que “el sector privado, industrias específicas, todos esos sectores que tienen una importancia grande en el país y en el desarrollo del país, también tienen que ser invitados”.

En conclusión. Según el jurista, “tiene que ser una conversación abierta, no puede ser una conversación cerrada únicamente a un sector”.

• González considera que la construcción de una eventual reglamentación no puede excluir actores relevantes ni convertirse en un proceso dominado por una sola visión. “No es necesario poner de acuerdo a todas las partes. Esto no es un derecho de veto. Lo que necesitamos es escuchar”, afirmó.
• Además, sostuvo que Guatemala necesita reglas claras para evitar incertidumbre y conflictos. “El problema nunca ha sido las reglas, el problema es la falta de reglas claras”, señaló.
• También advirtió que “una legislación ambigua que no defina claramente estos procesos es un paso para atrás”. Más que un programa de asistencia técnica, el proyecto abre una discusión sobre quién está diseñando las futuras reglas de la consulta indígena, con qué nivel de representación y por qué algunos de los sectores llamados a participar aseguran que ni siquiera han sido invitados al proceso.