EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este gobierno no implementará el reglamento de la Consulta Indígena del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmó Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas (MEM).
Es noticia. Guatemala ratificó el mencionado convenio en 1996 y entró en vigor en 1997, pero, 28 años después, sigue sin un reglamento que facilite su aplicación.
- La falta de esta regulación ha causado una serie de problemas de ingobernabilidad y hasta de violencia en diferentes comunidades. Además de los problemas sociales y de inseguridad, ha estancado diversos proyectos y obras que generan empleo y desarrollo económico.
- Ventura reconoció que esta discusión "no es nueva". Que existe un consenso sobre las "grandes líneas que debe tener la consulta", y que en cada caso se debe seguir una propia línea
- "Hay diferencias que no permiten tener un reglamento general que aplique a todas las consultas. Creo que por ahí va el tema. En cada caso se discutirá el contenido, la estrategia y se abordará con ese consenso", comentó Ventura.
En perspectiva. Los sectores energético y minero son dos de los más afectados por la ausencia de reglamentación de la consulta indígena.
- Por ejemplo, en la actualidad está detenido el proyecto minero El Escobal, ubicado en Santa Rosa, por falta de una consulta indígena. Así como este, en su momento se paralizó la operación de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), y la hidroeléctrica Oxec, por mencionar algunos. El estancamiento dejó sin fuente de ingreso a miles de familias.
- En este sector, el gobierno del Movimiento Semilla no se ha mostrado favorable a la minería metálica. Anunció, y de hecho mantiene una moratoria minera bajo la negación, suspensión o atraso de algún permiso o licencia para evitar que se activen las empresas.
- En el Congreso existe un proyecto de ley para aplicar el aplazamiento, pero ni siquiera es necesario porque las cuatro mineras -por ejemplo- siguen detenidas, cuando bien podrían generar, en el corto plazo, casi 40 mil empleos.
En conclusión. De acuerdo con el ministro, la falta de consenso para reglamentar la consulta indígena responde a las diversas "concepciones entre las diferentes comunidades. Esa es la razón por la cual no se ha podido tener un único reglamento".
- El reglamento es una exigencia de varios sectores para no dejar, a discreción de ninguna autoridad, comunidad o institución privada o pública, el mecanismo para realizar la consulta indígena. Daría certeza jurídica que hoy no existe porque se tendría claro el camino y los plazos para llevar a cabo el procedimiento.
- Al parecer, la falta de "consenso" solo es una excusa para no resolver el fondo de un problema grave para Guatemala. Han pasado siete gobiernos -ocho con este- sin reglamentar el Convenio 169 de la OIT.
- Mientras las autoridades no aceptan su responsabilidad, grupos que viven del conflicto o prefieren las decisiones no reguladas, seguirán satisfechos, actuando a su antojo y según sus intereses ideológicos o económicos.
Este gobierno no implementará el reglamento de la Consulta Indígena del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirmó Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas (MEM).
Es noticia. Guatemala ratificó el mencionado convenio en 1996 y entró en vigor en 1997, pero, 28 años después, sigue sin un reglamento que facilite su aplicación.
- La falta de esta regulación ha causado una serie de problemas de ingobernabilidad y hasta de violencia en diferentes comunidades. Además de los problemas sociales y de inseguridad, ha estancado diversos proyectos y obras que generan empleo y desarrollo económico.
- Ventura reconoció que esta discusión "no es nueva". Que existe un consenso sobre las "grandes líneas que debe tener la consulta", y que en cada caso se debe seguir una propia línea
- "Hay diferencias que no permiten tener un reglamento general que aplique a todas las consultas. Creo que por ahí va el tema. En cada caso se discutirá el contenido, la estrategia y se abordará con ese consenso", comentó Ventura.
En perspectiva. Los sectores energético y minero son dos de los más afectados por la ausencia de reglamentación de la consulta indígena.
- Por ejemplo, en la actualidad está detenido el proyecto minero El Escobal, ubicado en Santa Rosa, por falta de una consulta indígena. Así como este, en su momento se paralizó la operación de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), y la hidroeléctrica Oxec, por mencionar algunos. El estancamiento dejó sin fuente de ingreso a miles de familias.
- En este sector, el gobierno del Movimiento Semilla no se ha mostrado favorable a la minería metálica. Anunció, y de hecho mantiene una moratoria minera bajo la negación, suspensión o atraso de algún permiso o licencia para evitar que se activen las empresas.
- En el Congreso existe un proyecto de ley para aplicar el aplazamiento, pero ni siquiera es necesario porque las cuatro mineras -por ejemplo- siguen detenidas, cuando bien podrían generar, en el corto plazo, casi 40 mil empleos.
En conclusión. De acuerdo con el ministro, la falta de consenso para reglamentar la consulta indígena responde a las diversas "concepciones entre las diferentes comunidades. Esa es la razón por la cual no se ha podido tener un único reglamento".
- El reglamento es una exigencia de varios sectores para no dejar, a discreción de ninguna autoridad, comunidad o institución privada o pública, el mecanismo para realizar la consulta indígena. Daría certeza jurídica que hoy no existe porque se tendría claro el camino y los plazos para llevar a cabo el procedimiento.
- Al parecer, la falta de "consenso" solo es una excusa para no resolver el fondo de un problema grave para Guatemala. Han pasado siete gobiernos -ocho con este- sin reglamentar el Convenio 169 de la OIT.
- Mientras las autoridades no aceptan su responsabilidad, grupos que viven del conflicto o prefieren las decisiones no reguladas, seguirán satisfechos, actuando a su antojo y según sus intereses ideológicos o económicos.
