Secretos del rito democrático
Capturar fiscalía, Junta Monetaria y contraloría permite conservar el poder sin soltar el rito democrático.
Cómo conservar el poder sin abandonar el rito democrático? ¿Cómo conservarlo sin atenerse a los valores republicanos? Mediante la captura de la mayor cantidad posible de entidades autónomas, descentralizadas y contraloras en el gobierno; así como por medio del financiamiento de ONG, “influencers” y medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Estas prácticas permiten abusos de poder y abusos en el manejo de recursos, así como la compra de clientelas. También facilitan una maniobrabilidad amplia y que no se cuestionen, ni se investiguen posibles actos de corrupción en contextos electorales. Un presupuesto generoso y ambiguo para políticos y burócratas es necesario para crear aquellas condiciones.
¿Por qué es de interés este asunto? Porque la Administración Arévalo removió a la fiscal general antagónica y nombró un sustituto de su gusto. Porque a como dé lugar quiere imponer un presidente de la Junta Monetaria salido de su círculo cercano. Porque “poderoso caballero es don Dinero” y el oficialismo acaba de conseguir que el futuro Contralor General sea “compadre hablado”.
En Guatemala, hace ratos que el gobierno dejó de ser marco neutral y pasó a ser patrimonio de las oligarquías partidarias que se representan a sí mismas y dificultan cualquier reforma que no sea favorable al consenso oligárquico. Por eso es que no avanzan una reforma electoral que sirva a los derechos de los electores y tributarios; ni una reforma judicial que sirva a la impartición de justicia, por ejemplo.
En “La democracia partidocrática: ideologías e instituciones”, Dalmacio Negro explicó que los partidos “ya no son el cauce por el que la sociedad entra en el Estado sino el medio por el que el Estado penetra la sociedad y la transforma según la ideología del régimen”. La decisión política se sustituye por el “consenso” entre oligarquías y la participación electoral queda reducida a ratificar la oligarquía. Y lo mismo ocurre con la participación cívica.
En “Pueblo, soberanía y partidos”, Negro comenta que “el Estado deviene en Estado de partidos a imitación del controlado por los partidos únicos totalitarios, con la diferencia de que aparenta pluralismo”. Los partidos “patrimonializan” el Estado. La dictadura es colectiva y compatible con elecciones; y dice que el método es jacobino y leninista (menos la manera terrorista “manu militari” de imponerlo). Ahí está lo más cercano a la complicación “democrática” de la remoción del partido oficial: la alternancia, cuando ocurre, no desaloja al régimen.
Los antecedentes de aquellas ideas se hallan en la ley de hierro de las oligarquías, de Robert Michels. Esta establece que “todas las organizaciones complejas, independientemente de cuán democráticas sean cuando comenzaron, finalmente se convierten en oligarquías”. Michels observó que, “dado que ninguna organización lo suficientemente grande y compleja puede funcionar puramente como una democracia directa, el poder dentro de una organización siempre se delegará en individuos dentro de ese grupo, elegidos, o no”.
En “Partidos y sistemas de partidos”, Giovanni Sartori explica que “el partido deja de ser una parte que compite por el poder y se convierte en la estructura que organiza el Estado. Es el extremo: ya no hay gobierno y ‘su partido oficial’, sino identidad entre ambos”. El mejor ejemplo de esto es el PRI de México y sospecho que ese es el sueño húmedo de muchos políticos colectivistas, democráticos y socialistas.
En esas condiciones “el partido hegemónico permanece en el poder ‘tanto si gusta como si no’”. La competencia es autorizada; pero no auténtica. Formalmente hay pluralismo y urnas; pero materialmente, el control del Estado por el partido oficial hace ilusoria la remoción electoral. ¿Qué diputado va a querer votar contra el contralor general designado, si ese contralor es el que va a emitir los mal llamados finiquitos para poder participar en los comicios del 2027?
Habría sido genial que Sartori hubiera hecho un análisis de los procesos de cómo un gobierno en el poder va tomando la fiscalía, la contraloría y las judicaturas para cerrar su salida por las urnas sin abandonar el rito democrático. ¿Verdad?
Las capturas de la fiscalía, de la Junta Monetaria y de la contraloría no son accidentes de gestión. Son el procedimiento. Con el contralor “compadre hablado”, los finiquitos del 2027 dejan de ser un trámite y pasan a ser la llave de la competencia autorizada. Y el rito permanece.
Si te interesan estos temas visita luisfi61.com
Secretos del rito democrático
Capturar fiscalía, Junta Monetaria y contraloría permite conservar el poder sin soltar el rito democrático.
Cómo conservar el poder sin abandonar el rito democrático? ¿Cómo conservarlo sin atenerse a los valores republicanos? Mediante la captura de la mayor cantidad posible de entidades autónomas, descentralizadas y contraloras en el gobierno; así como por medio del financiamiento de ONG, “influencers” y medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Estas prácticas permiten abusos de poder y abusos en el manejo de recursos, así como la compra de clientelas. También facilitan una maniobrabilidad amplia y que no se cuestionen, ni se investiguen posibles actos de corrupción en contextos electorales. Un presupuesto generoso y ambiguo para políticos y burócratas es necesario para crear aquellas condiciones.
¿Por qué es de interés este asunto? Porque la Administración Arévalo removió a la fiscal general antagónica y nombró un sustituto de su gusto. Porque a como dé lugar quiere imponer un presidente de la Junta Monetaria salido de su círculo cercano. Porque “poderoso caballero es don Dinero” y el oficialismo acaba de conseguir que el futuro Contralor General sea “compadre hablado”.
En Guatemala, hace ratos que el gobierno dejó de ser marco neutral y pasó a ser patrimonio de las oligarquías partidarias que se representan a sí mismas y dificultan cualquier reforma que no sea favorable al consenso oligárquico. Por eso es que no avanzan una reforma electoral que sirva a los derechos de los electores y tributarios; ni una reforma judicial que sirva a la impartición de justicia, por ejemplo.
En “La democracia partidocrática: ideologías e instituciones”, Dalmacio Negro explicó que los partidos “ya no son el cauce por el que la sociedad entra en el Estado sino el medio por el que el Estado penetra la sociedad y la transforma según la ideología del régimen”. La decisión política se sustituye por el “consenso” entre oligarquías y la participación electoral queda reducida a ratificar la oligarquía. Y lo mismo ocurre con la participación cívica.
En “Pueblo, soberanía y partidos”, Negro comenta que “el Estado deviene en Estado de partidos a imitación del controlado por los partidos únicos totalitarios, con la diferencia de que aparenta pluralismo”. Los partidos “patrimonializan” el Estado. La dictadura es colectiva y compatible con elecciones; y dice que el método es jacobino y leninista (menos la manera terrorista “manu militari” de imponerlo). Ahí está lo más cercano a la complicación “democrática” de la remoción del partido oficial: la alternancia, cuando ocurre, no desaloja al régimen.
Los antecedentes de aquellas ideas se hallan en la ley de hierro de las oligarquías, de Robert Michels. Esta establece que “todas las organizaciones complejas, independientemente de cuán democráticas sean cuando comenzaron, finalmente se convierten en oligarquías”. Michels observó que, “dado que ninguna organización lo suficientemente grande y compleja puede funcionar puramente como una democracia directa, el poder dentro de una organización siempre se delegará en individuos dentro de ese grupo, elegidos, o no”.
En “Partidos y sistemas de partidos”, Giovanni Sartori explica que “el partido deja de ser una parte que compite por el poder y se convierte en la estructura que organiza el Estado. Es el extremo: ya no hay gobierno y ‘su partido oficial’, sino identidad entre ambos”. El mejor ejemplo de esto es el PRI de México y sospecho que ese es el sueño húmedo de muchos políticos colectivistas, democráticos y socialistas.
En esas condiciones “el partido hegemónico permanece en el poder ‘tanto si gusta como si no’”. La competencia es autorizada; pero no auténtica. Formalmente hay pluralismo y urnas; pero materialmente, el control del Estado por el partido oficial hace ilusoria la remoción electoral. ¿Qué diputado va a querer votar contra el contralor general designado, si ese contralor es el que va a emitir los mal llamados finiquitos para poder participar en los comicios del 2027?
Habría sido genial que Sartori hubiera hecho un análisis de los procesos de cómo un gobierno en el poder va tomando la fiscalía, la contraloría y las judicaturas para cerrar su salida por las urnas sin abandonar el rito democrático. ¿Verdad?
Las capturas de la fiscalía, de la Junta Monetaria y de la contraloría no son accidentes de gestión. Son el procedimiento. Con el contralor “compadre hablado”, los finiquitos del 2027 dejan de ser un trámite y pasan a ser la llave de la competencia autorizada. Y el rito permanece.
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