¿Quién debe decidir el precio de lo que es suyo?
De la gasolina a la vivienda, me pregunto: ¿debe el Estado decidir los precios o debemos defender el mercado frente al control de precios?
La última vez que usted llenó el tanque de su carro con gasolina regular, el precio promedio de referencia en el área metropolitana era de Q32.07 por galón, según el reporte oficial del 26 de octubre. A principios del mes, antes de que se reflejara plenamente la exoneración tributaria, costaba más. Desde el 1 de octubre entró en vigor una ley que eliminó temporalmente dos impuestos a los combustibles. Su factura muestra cuánto se rebajó por cada galón. Usted puede comprobarlo cada vez que llena el tanque.
Pero estuvimos a punto de tomar otro camino. El Congreso había aprobado una ley que establecía precios máximos de Q39 por galón de gasolina regular y diésel, y Q41 para la superior. Si el precio de mercado superaba esos límites, usted pagaría el máximo y el Estado cubriría la diferencia. ¿De dónde saldría el dinero? De los mismos contribuyentes. El Congreso había destinado Q2,500 millones para financiar ese subsidio, más de la mitad de lo que el Estado recaudó durante todo 2025 por el impuesto a la distribución de combustibles.
El 30 de septiembre, el presidente vetó aquella ley y sancionó otra que siguió un camino diferente: eliminar temporalmente el IVA y el impuesto a la distribución de combustibles hasta el 31 de diciembre, sin imponer ningún precio. Además, obligó a las gasolineras a mostrar en cada factura cuánto se había rebajado por galón. En lugar de subsidiar el consumo con dinero de los contribuyentes, el Estado renunció a cobrar dos impuestos. El consumidor pudo comprobar la rebaja en su propia factura.
Detrás de estas dos decisiones hay una pregunta mucho más importante: ¿quién debe decidir el precio de lo que es suyo? ¿Usted, que trabaja, invierte y arriesga su dinero, o un funcionario que decide por usted? Guatemala acaba de reducir impuestos sin fijar precios. Mientras tanto, Berlín y Nueva York discuten o aplican medidas que permiten a las autoridades intervenir en los alquileres y, en el caso berlinés, incluso en la propiedad de las viviendas. La discusión parece lejana, hasta que imaginamos esas mismas decisiones tomadas sobre nuestras casas.
El 20 de septiembre, Berlín celebró elecciones regionales. La participación alcanzó el 74% y Die Linke, el partido de izquierda, duplicó su votación respecto de 2023: pasó del 12% al 26% y se convirtió en la primera fuerza del Parlamento de Berlín, con 45 de los 153 escaños. Su programa electoral contiene una propuesta de enorme trascendencia para la propiedad privada: transferir al sector público cientos de miles de viviendas pertenecientes a empresas privadas.
El programa electoral de Die Linke tiene 336 páginas, pero su concepción de la vivienda aparece desde las primeras: «La vivienda no es una mercancía como cualquier otra. La vivienda es un derecho». A partir de esa premisa, el partido propone que el Estado intervenga directamente en los alquileres y en la propiedad de grandes empresas inmobiliarias. El alcance de esa intervención se comprende mejor al examinar las medidas concretas que propone.
Las medidas propuestas comienzan con las casi 400,000 viviendas que pertenecen al Estado de Berlín: congelar sus alquileres durante un año y, después, permitir aumentos máximos del 1% anual. El programa también contempla que los inquilinos puedan solicitar reducciones cuando sus alquileres superen en más del 20% el promedio de la zona. Una nueva oficina vigilaría el cumplimiento de las reglas y sancionaría las infracciones. Así, los precios quedarían sujetos a límites establecidos por la autoridad.
Hay una disposición adicional: cuando una de esas viviendas queda desocupada, el siguiente contrato deberá fijarse un 10% por debajo del alquiler promedio de la zona. Aunque se haya invertido en mejorarla, el precio del nuevo contrato deberá respetar ese límite. La autoridad determinaría así cuánto se puede cobrar por una vivienda que vuelve a ofrecerse en alquiler.
Pero la propuesta de mayor alcance afecta directamente a la propiedad privada. El programa electoral de Die Linke plantea socializar unas 220,000 viviendas pertenecientes a grandes empresas inmobiliarias. La Constitución alemana contempla desde 1949 una figura jurídica para socializar determinados bienes: Vergesellschaftung. La transferencia requeriría una ley y compensación conforme al marco constitucional; el monto y las condiciones concretas son cuestiones jurídicas y políticas aún por definir. Estamos hablando de 220,000 viviendas, más de la mitad de las que ya posee el Estado berlinés. Sus propietarios podrían verse obligados a transferirlas aunque no quisieran venderlas.
Estas medidas todavía no se han aplicado. Die Linke negocia desde el 8 de octubre la formación de gobierno con los verdes y los socialdemócratas, mientras el alcalde saliente permanece en el cargo. Por ahora son propuestas electorales, cuyo futuro dependerá de los acuerdos políticos; en las negociaciones se han discutido alcances distintos de los previstos en el programa. Pero hay otra ciudad donde las autoridades ya han intervenido directamente en los alquileres de viviendas privadas: Nueva York.
El 25 de junio de este año, en Nueva York, nueve integrantes de un consejo regulador se reunieron en un museo de Manhattan para decidir sobre los aumentos permitidos en cerca de un millón de viviendas sujetas a estabilización de alquileres. Por siete votos contra uno, aprobaron un aumento del 0% para determinados contratos de uno y dos años que comiencen entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. En esas viviendas vive aproximadamente la cuarta parte de los habitantes de la ciudad. Los integrantes del consejo no afrontan personalmente los gastos de reparación, impuestos o mantenimiento de los edificios cuyos alquileres regulan.
Por primera vez, el consejo extendió la congelación de los aumentos permitidos también a los contratos de dos años. Zohran Mamdani había hecho de «congelar los alquileres» una de sus principales promesas electorales. Durante su primer semestre como alcalde, esa propuesta coincidió con una decisión del organismo encargado de regularlos, cuyos integrantes son nombrados por el alcalde.
La organización política a la que pertenece Mamdani, Democratic Socialists of America, sostiene en su plataforma que la vivienda es un derecho humano y propone el control universal de alquileres. La plataforma electoral del propio Mamdani no utiliza esa formulación, pero sí recoge la propuesta de congelarlos. Así, una concepción política sobre el acceso a la vivienda se traduce en medidas concretas que limitan los precios que pueden cobrar los propietarios.
En noviembre de 2025 escribimos desde esta columna sobre las consecuencias que podrían tener las propuestas de Mamdani. Hoy es alcalde de Nueva York y la congelación de aumentos de alquileres que promovió ya forma parte de las decisiones regulatorias de la ciudad.
Los propietarios neoyorquinos advierten que congelar los alquileres mientras aumentan los costos puede reducir los recursos disponibles para mantener y reparar los edificios. Según una medición del propio consejo regulador, los costos de operación aumentaron 5.3% en un año. Para el inquilino, la congelación representa un alivio inmediato; para el propietario, significa afrontar gastos crecientes sin poder ajustar el alquiler en los contratos afectados. La pregunta es qué ocurrirá con el mantenimiento de esas viviendas si esa diferencia persiste durante varios años.
¿Qué ocurriría si Guatemala adoptara esas mismas medidas? Si usted es propietario, ¿seguiría construyendo viviendas para alquilar si un funcionario pudiera limitar cuánto cobra? Y si usted es inquilino, ¿qué sucedería cuando necesitara encontrar otro apartamento y hubiera cada vez menos viviendas disponibles?
Para quien alquila, congelar el precio parece una buena noticia: pagará lo mismo el próximo año. Pero ¿qué ocurrirá cuando sus hijos busquen dónde vivir? Si construir apartamentos para alquilar deja de ser rentable, habrá menos inversionistas dispuestos a financiarlos. Y si la demanda crece mientras la construcción se frena, encontrar vivienda será cada vez más difícil. Las restricciones urbanísticas y administrativas han contribuido a limitar la oferta en mercados como California y España, aunque no son su única causa de encarecimiento. El alivio de hoy puede convertirse en la escasez de mañana. Y ningún decreto puede poner en alquiler los apartamentos que nunca se construyeron.
En Guatemala acabamos de experimentar una decisión diferente. El Estado eliminó temporalmente dos impuestos, sin imponer un precio máximo ni financiar un subsidio con transferencias presupuestarias. La rebaja tributaria aparece en la factura de cada consumidor. El precio siguió determinándose en el mercado, mientras el Estado redujo la carga fiscal sobre cada galón. Pero esa exoneración termina el 31 de diciembre: si no se modifica la ley, ambos impuestos volverán a cobrarse desde el 1 de enero de 2027. La reducción tributaria tiene fecha de vencimiento.
Hay un dato que debemos reconocer: el diésel registró un precio promedio de referencia de Q42.69 por galón en el área metropolitana el 26 de octubre, más que los Q39 que habría pagado el consumidor bajo el esquema de subsidios aprobado por el Congreso. Para quien utiliza diésel, la diferencia importa. Pero también importa quién habría financiado esa diferencia de Q3.69 por galón si el subsidio hubiera estado vigente en las mismas condiciones. Habría salido de los contribuyentes, con cargo a una partida de Q2,500 millones. La exoneración, en cambio, reduce la recaudación tributaria. Son dos mecanismos distintos, ambos con costos fiscales y efectos diferentes para consumidores y finanzas públicas.
Guatemala tuvo dos caminos sobre la mesa. Uno habría destinado hasta Q2,500 millones del presupuesto a sostener precios máximos. El otro redujo temporalmente dos impuestos y dejó que los precios siguieran determinándose en el mercado. Berlín y Nueva York muestran otra dimensión de la discusión: cuánto poder debe tener la autoridad para decidir sobre precios y propiedad. Los incentivos importan: cuando invertir en viviendas resulta atractivo, puede crecer la oferta y moderarse el precio. San Francisco, Oakland y Barcelona ya enfrentan graves problemas de acceso a la vivienda, a los que han contribuido las restricciones para construir. ¿Queremos que nuestros hijos enfrenten esa misma escasez dentro de veinte años? ¿O queremos una Guatemala donde invertir en construir más viviendas sea un buen negocio y, gracias a una oferta creciente, cada vez más familias tengan la oportunidad de pagarlas?
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
California Department of Housing and Community Development, documentos de planificación y restricciones regulatorias de vivienda; City of Oakland, Housing Element.Congreso de la República de Guatemala, Decreto 21-2026, aprobado el 9 de septiembre de 2026 y vetado el 30 de septiembre de 2026.
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, publicado en el Diario de Centro América el 30 de septiembre de 2026; vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.
Democratic Socialists of America, DSA Political Platform, convención de 2021, sección «Housing For All».
Die Linke Berlin, Wahlprogramm zur Abgeordnetenhauswahl 2026, Berlín, 2026.
Landeswahlleiter für Berlin y Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026: Amtliches Endergebnis, 12 de octubre de 2026.
Ministerio de Energía y Minas, precios de referencia de combustibles en estaciones de autoservicio, área metropolitana de Guatemala, 26 de octubre de 2026.
New York City Rent Guidelines Board, votación de ajustes para renovaciones de contratos 2026-2027, 25 de junio de 2026.
Office of the Mayor of New York City, comunicado sobre los sitios del programa municipal de tiendas de comestibles, abril de 2026.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), estudios económicos y de vivienda sobre España, 2025–2026.
Superintendencia de Administración Tributaria y Ministerio de Finanzas Públicas, recaudación por impuesto, ejercicio 2025.
¿Quién debe decidir el precio de lo que es suyo?
De la gasolina a la vivienda, me pregunto: ¿debe el Estado decidir los precios o debemos defender el mercado frente al control de precios?
La última vez que usted llenó el tanque de su carro con gasolina regular, el precio promedio de referencia en el área metropolitana era de Q32.07 por galón, según el reporte oficial del 26 de octubre. A principios del mes, antes de que se reflejara plenamente la exoneración tributaria, costaba más. Desde el 1 de octubre entró en vigor una ley que eliminó temporalmente dos impuestos a los combustibles. Su factura muestra cuánto se rebajó por cada galón. Usted puede comprobarlo cada vez que llena el tanque.
Pero estuvimos a punto de tomar otro camino. El Congreso había aprobado una ley que establecía precios máximos de Q39 por galón de gasolina regular y diésel, y Q41 para la superior. Si el precio de mercado superaba esos límites, usted pagaría el máximo y el Estado cubriría la diferencia. ¿De dónde saldría el dinero? De los mismos contribuyentes. El Congreso había destinado Q2,500 millones para financiar ese subsidio, más de la mitad de lo que el Estado recaudó durante todo 2025 por el impuesto a la distribución de combustibles.
El 30 de septiembre, el presidente vetó aquella ley y sancionó otra que siguió un camino diferente: eliminar temporalmente el IVA y el impuesto a la distribución de combustibles hasta el 31 de diciembre, sin imponer ningún precio. Además, obligó a las gasolineras a mostrar en cada factura cuánto se había rebajado por galón. En lugar de subsidiar el consumo con dinero de los contribuyentes, el Estado renunció a cobrar dos impuestos. El consumidor pudo comprobar la rebaja en su propia factura.
Detrás de estas dos decisiones hay una pregunta mucho más importante: ¿quién debe decidir el precio de lo que es suyo? ¿Usted, que trabaja, invierte y arriesga su dinero, o un funcionario que decide por usted? Guatemala acaba de reducir impuestos sin fijar precios. Mientras tanto, Berlín y Nueva York discuten o aplican medidas que permiten a las autoridades intervenir en los alquileres y, en el caso berlinés, incluso en la propiedad de las viviendas. La discusión parece lejana, hasta que imaginamos esas mismas decisiones tomadas sobre nuestras casas.
El 20 de septiembre, Berlín celebró elecciones regionales. La participación alcanzó el 74% y Die Linke, el partido de izquierda, duplicó su votación respecto de 2023: pasó del 12% al 26% y se convirtió en la primera fuerza del Parlamento de Berlín, con 45 de los 153 escaños. Su programa electoral contiene una propuesta de enorme trascendencia para la propiedad privada: transferir al sector público cientos de miles de viviendas pertenecientes a empresas privadas.
El programa electoral de Die Linke tiene 336 páginas, pero su concepción de la vivienda aparece desde las primeras: «La vivienda no es una mercancía como cualquier otra. La vivienda es un derecho». A partir de esa premisa, el partido propone que el Estado intervenga directamente en los alquileres y en la propiedad de grandes empresas inmobiliarias. El alcance de esa intervención se comprende mejor al examinar las medidas concretas que propone.
Las medidas propuestas comienzan con las casi 400,000 viviendas que pertenecen al Estado de Berlín: congelar sus alquileres durante un año y, después, permitir aumentos máximos del 1% anual. El programa también contempla que los inquilinos puedan solicitar reducciones cuando sus alquileres superen en más del 20% el promedio de la zona. Una nueva oficina vigilaría el cumplimiento de las reglas y sancionaría las infracciones. Así, los precios quedarían sujetos a límites establecidos por la autoridad.
Hay una disposición adicional: cuando una de esas viviendas queda desocupada, el siguiente contrato deberá fijarse un 10% por debajo del alquiler promedio de la zona. Aunque se haya invertido en mejorarla, el precio del nuevo contrato deberá respetar ese límite. La autoridad determinaría así cuánto se puede cobrar por una vivienda que vuelve a ofrecerse en alquiler.
Pero la propuesta de mayor alcance afecta directamente a la propiedad privada. El programa electoral de Die Linke plantea socializar unas 220,000 viviendas pertenecientes a grandes empresas inmobiliarias. La Constitución alemana contempla desde 1949 una figura jurídica para socializar determinados bienes: Vergesellschaftung. La transferencia requeriría una ley y compensación conforme al marco constitucional; el monto y las condiciones concretas son cuestiones jurídicas y políticas aún por definir. Estamos hablando de 220,000 viviendas, más de la mitad de las que ya posee el Estado berlinés. Sus propietarios podrían verse obligados a transferirlas aunque no quisieran venderlas.
Estas medidas todavía no se han aplicado. Die Linke negocia desde el 8 de octubre la formación de gobierno con los verdes y los socialdemócratas, mientras el alcalde saliente permanece en el cargo. Por ahora son propuestas electorales, cuyo futuro dependerá de los acuerdos políticos; en las negociaciones se han discutido alcances distintos de los previstos en el programa. Pero hay otra ciudad donde las autoridades ya han intervenido directamente en los alquileres de viviendas privadas: Nueva York.
El 25 de junio de este año, en Nueva York, nueve integrantes de un consejo regulador se reunieron en un museo de Manhattan para decidir sobre los aumentos permitidos en cerca de un millón de viviendas sujetas a estabilización de alquileres. Por siete votos contra uno, aprobaron un aumento del 0% para determinados contratos de uno y dos años que comiencen entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. En esas viviendas vive aproximadamente la cuarta parte de los habitantes de la ciudad. Los integrantes del consejo no afrontan personalmente los gastos de reparación, impuestos o mantenimiento de los edificios cuyos alquileres regulan.
Por primera vez, el consejo extendió la congelación de los aumentos permitidos también a los contratos de dos años. Zohran Mamdani había hecho de «congelar los alquileres» una de sus principales promesas electorales. Durante su primer semestre como alcalde, esa propuesta coincidió con una decisión del organismo encargado de regularlos, cuyos integrantes son nombrados por el alcalde.
La organización política a la que pertenece Mamdani, Democratic Socialists of America, sostiene en su plataforma que la vivienda es un derecho humano y propone el control universal de alquileres. La plataforma electoral del propio Mamdani no utiliza esa formulación, pero sí recoge la propuesta de congelarlos. Así, una concepción política sobre el acceso a la vivienda se traduce en medidas concretas que limitan los precios que pueden cobrar los propietarios.
En noviembre de 2025 escribimos desde esta columna sobre las consecuencias que podrían tener las propuestas de Mamdani. Hoy es alcalde de Nueva York y la congelación de aumentos de alquileres que promovió ya forma parte de las decisiones regulatorias de la ciudad.
Los propietarios neoyorquinos advierten que congelar los alquileres mientras aumentan los costos puede reducir los recursos disponibles para mantener y reparar los edificios. Según una medición del propio consejo regulador, los costos de operación aumentaron 5.3% en un año. Para el inquilino, la congelación representa un alivio inmediato; para el propietario, significa afrontar gastos crecientes sin poder ajustar el alquiler en los contratos afectados. La pregunta es qué ocurrirá con el mantenimiento de esas viviendas si esa diferencia persiste durante varios años.
¿Qué ocurriría si Guatemala adoptara esas mismas medidas? Si usted es propietario, ¿seguiría construyendo viviendas para alquilar si un funcionario pudiera limitar cuánto cobra? Y si usted es inquilino, ¿qué sucedería cuando necesitara encontrar otro apartamento y hubiera cada vez menos viviendas disponibles?
Para quien alquila, congelar el precio parece una buena noticia: pagará lo mismo el próximo año. Pero ¿qué ocurrirá cuando sus hijos busquen dónde vivir? Si construir apartamentos para alquilar deja de ser rentable, habrá menos inversionistas dispuestos a financiarlos. Y si la demanda crece mientras la construcción se frena, encontrar vivienda será cada vez más difícil. Las restricciones urbanísticas y administrativas han contribuido a limitar la oferta en mercados como California y España, aunque no son su única causa de encarecimiento. El alivio de hoy puede convertirse en la escasez de mañana. Y ningún decreto puede poner en alquiler los apartamentos que nunca se construyeron.
En Guatemala acabamos de experimentar una decisión diferente. El Estado eliminó temporalmente dos impuestos, sin imponer un precio máximo ni financiar un subsidio con transferencias presupuestarias. La rebaja tributaria aparece en la factura de cada consumidor. El precio siguió determinándose en el mercado, mientras el Estado redujo la carga fiscal sobre cada galón. Pero esa exoneración termina el 31 de diciembre: si no se modifica la ley, ambos impuestos volverán a cobrarse desde el 1 de enero de 2027. La reducción tributaria tiene fecha de vencimiento.
Hay un dato que debemos reconocer: el diésel registró un precio promedio de referencia de Q42.69 por galón en el área metropolitana el 26 de octubre, más que los Q39 que habría pagado el consumidor bajo el esquema de subsidios aprobado por el Congreso. Para quien utiliza diésel, la diferencia importa. Pero también importa quién habría financiado esa diferencia de Q3.69 por galón si el subsidio hubiera estado vigente en las mismas condiciones. Habría salido de los contribuyentes, con cargo a una partida de Q2,500 millones. La exoneración, en cambio, reduce la recaudación tributaria. Son dos mecanismos distintos, ambos con costos fiscales y efectos diferentes para consumidores y finanzas públicas.
Guatemala tuvo dos caminos sobre la mesa. Uno habría destinado hasta Q2,500 millones del presupuesto a sostener precios máximos. El otro redujo temporalmente dos impuestos y dejó que los precios siguieran determinándose en el mercado. Berlín y Nueva York muestran otra dimensión de la discusión: cuánto poder debe tener la autoridad para decidir sobre precios y propiedad. Los incentivos importan: cuando invertir en viviendas resulta atractivo, puede crecer la oferta y moderarse el precio. San Francisco, Oakland y Barcelona ya enfrentan graves problemas de acceso a la vivienda, a los que han contribuido las restricciones para construir. ¿Queremos que nuestros hijos enfrenten esa misma escasez dentro de veinte años? ¿O queremos una Guatemala donde invertir en construir más viviendas sea un buen negocio y, gracias a una oferta creciente, cada vez más familias tengan la oportunidad de pagarlas?
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
California Department of Housing and Community Development, documentos de planificación y restricciones regulatorias de vivienda; City of Oakland, Housing Element.Congreso de la República de Guatemala, Decreto 21-2026, aprobado el 9 de septiembre de 2026 y vetado el 30 de septiembre de 2026.
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, publicado en el Diario de Centro América el 30 de septiembre de 2026; vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.
Democratic Socialists of America, DSA Political Platform, convención de 2021, sección «Housing For All».
Die Linke Berlin, Wahlprogramm zur Abgeordnetenhauswahl 2026, Berlín, 2026.
Landeswahlleiter für Berlin y Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026: Amtliches Endergebnis, 12 de octubre de 2026.
Ministerio de Energía y Minas, precios de referencia de combustibles en estaciones de autoservicio, área metropolitana de Guatemala, 26 de octubre de 2026.
New York City Rent Guidelines Board, votación de ajustes para renovaciones de contratos 2026-2027, 25 de junio de 2026.
Office of the Mayor of New York City, comunicado sobre los sitios del programa municipal de tiendas de comestibles, abril de 2026.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), estudios económicos y de vivienda sobre España, 2025–2026.
Superintendencia de Administración Tributaria y Ministerio de Finanzas Públicas, recaudación por impuesto, ejercicio 2025.
