¿Por qué urgía reformar la Ley de Patrimonio Cultural
Aumentar el umbral del patrimonio cultural a 150 años impulsa la infraestructura en Guatemala sin frenar el desarrollo ni la vivienda.
Las reformas que impulsó el Congreso mediante la Ley General del Sistema de Puertos fueron muy atinadas. Hoy quiero enfocarme en la reforma a la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación.
Ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Japón, ni en España, ni en Colombia. La protección de patrimonio no se da solamente con penas de cárcel. Tampoco, la protección del patrimonio se da a partir de los 50 años. Pero en Guatemala, se nos quiere hacer creer que así es como debe funcionar la protección del patrimonio. Y, esto nos ha estado generando problemas considerables.
Queremos más infraestructura, pero la antigua redacción de la Ley de Patrimonio era un obstáculo para toda la infraestructura del país: en puertos, en aeropuertos, en carreteras. En puertos, pone en riesgo la modernización, la expansión y el mantenimiento de los puertos existentes. Incluso podría ser un riesgo, ¿imaginan que la IDAEH se oponga a mejorar los rompeolas a menos que se realicen con técnicas que mantengan las características del rompeolas de hace 50 años? Lo mismo ha sucedido con los esfuerzos de ampliar y modernizar el aeropuerto La Aurora. ¿Realmente vale la pena conservar tanto de ese aeropuerto, más allá de unos murales, como para limitar este desarrollo de infraestructura, que genera tantos beneficios turísticos para el país? Por eso es que hacía sentido mover el umbral de la Ley de Patrimonio de 50 a 150 años, para no impactar la infraestructura que se ha creado en los últimos 100 años en el país.
La infraestructura, especialmente portuaria, es la razón para generar la reforma. Pero también impacta a lo largo de la cadena. El puerto no genera su demanda: la genera el consumo y la producción dentro del país. Imaginen que no podamos reurbanizar los centros urbanos de las ciudades cercanas a los puertos, que esperamos, crezcan de manera significativa y generen mucho más empleo.
Queremos más viviendas y menos tráfico, pero la antigua redacción de la Ley de Patrimonio congelaba las viviendas de todos nuestros padres y abuelos, porque tenían más de 50 años. Eso mata todos los centros urbanos del país, que, debieran de pasar de viviendas de un piso a edificios de uso mixto como si fuera el centro de Barcelona. Toda protección tiene un costo: y el costo aquí es vivienda más lejana con menos servicios públicos.
El problema, no es, como algunas publicaciones están empezando a surgir, e incluso algunos amparos han empezado a presentarse, que las reformas vulneran el derecho del patrimonio cultural. El problema es que el Congreso se quedó corto: necesitamos reformas aún más profundas para cambiar completamente la forma cómo funciona el tema de áreas protegidas y de protección de bienes culturales.
Lo que necesitamos impulsar es que, tomando como excelente base ese nuevo umbral de 150 años, generemos un acuerdo de qué es lo que realmente queremos conservar: ¿el período prehispánico? ¿la colonia? No me vengan a decir que estamos buscando conservar la casa de mi mamá en la zona 18 porque ya tiene 50 años, sin ningún criterio de valor cultural. Y, además, necesitamos una reforma que, no sólo hable de delitos sino que incorpore incentivos fiscales. Si queremos que los guatemaltecos protejan más los bienes del patrimonio cultural, funcionaría mejor, más que utilizar museos públicos, incentivos fiscales para que exista realmente un esfuerzo por proteger el patrimonio. Esto funciona muy bien en varios países como España, Colombia o Inglaterra, donde los propietarios de inmuebles históricos reciben deducciones en el impuesto sobre la renta, exenciones del impuesto predial o subsidios directos si invierten en la restauración y mantenimiento de las fachadas.
El Estado no puede exigirle a un ciudadano que asuma de su propio bolsillo el costo de mantener un museo privado bajo amenaza de cárcel. Afortunadamente, la nueva ley establece que si el Estado quiere proteger algo más reciente, ahora debe sufragar el costo mediante un convenio con el propietario. Las reformas incluidas en la Ley General del Sistema Portuario Nacional son un primer paso valiente y necesario en la dirección correcta. Rompieron el tabú de que proteger nuestro entorno cultural significa paralizar el progreso. Ahora, el reto del Congreso es continuar esta modernización, cambiando el garrote penal por verdaderos incentivos que nos permitan conservar nuestra historia mientras construimos el país que necesitamos. El reto del Congreso es no caer en los cantos de sirenas: lo que aprobaron hace unos meses estuvo bien, y, en todo caso, necesitamos más, no menos de ese espíritu reformador.
¿Por qué urgía reformar la Ley de Patrimonio Cultural
Aumentar el umbral del patrimonio cultural a 150 años impulsa la infraestructura en Guatemala sin frenar el desarrollo ni la vivienda.
Las reformas que impulsó el Congreso mediante la Ley General del Sistema de Puertos fueron muy atinadas. Hoy quiero enfocarme en la reforma a la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación.
Ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Japón, ni en España, ni en Colombia. La protección de patrimonio no se da solamente con penas de cárcel. Tampoco, la protección del patrimonio se da a partir de los 50 años. Pero en Guatemala, se nos quiere hacer creer que así es como debe funcionar la protección del patrimonio. Y, esto nos ha estado generando problemas considerables.
Queremos más infraestructura, pero la antigua redacción de la Ley de Patrimonio era un obstáculo para toda la infraestructura del país: en puertos, en aeropuertos, en carreteras. En puertos, pone en riesgo la modernización, la expansión y el mantenimiento de los puertos existentes. Incluso podría ser un riesgo, ¿imaginan que la IDAEH se oponga a mejorar los rompeolas a menos que se realicen con técnicas que mantengan las características del rompeolas de hace 50 años? Lo mismo ha sucedido con los esfuerzos de ampliar y modernizar el aeropuerto La Aurora. ¿Realmente vale la pena conservar tanto de ese aeropuerto, más allá de unos murales, como para limitar este desarrollo de infraestructura, que genera tantos beneficios turísticos para el país? Por eso es que hacía sentido mover el umbral de la Ley de Patrimonio de 50 a 150 años, para no impactar la infraestructura que se ha creado en los últimos 100 años en el país.
La infraestructura, especialmente portuaria, es la razón para generar la reforma. Pero también impacta a lo largo de la cadena. El puerto no genera su demanda: la genera el consumo y la producción dentro del país. Imaginen que no podamos reurbanizar los centros urbanos de las ciudades cercanas a los puertos, que esperamos, crezcan de manera significativa y generen mucho más empleo.
Queremos más viviendas y menos tráfico, pero la antigua redacción de la Ley de Patrimonio congelaba las viviendas de todos nuestros padres y abuelos, porque tenían más de 50 años. Eso mata todos los centros urbanos del país, que, debieran de pasar de viviendas de un piso a edificios de uso mixto como si fuera el centro de Barcelona. Toda protección tiene un costo: y el costo aquí es vivienda más lejana con menos servicios públicos.
El problema, no es, como algunas publicaciones están empezando a surgir, e incluso algunos amparos han empezado a presentarse, que las reformas vulneran el derecho del patrimonio cultural. El problema es que el Congreso se quedó corto: necesitamos reformas aún más profundas para cambiar completamente la forma cómo funciona el tema de áreas protegidas y de protección de bienes culturales.
Lo que necesitamos impulsar es que, tomando como excelente base ese nuevo umbral de 150 años, generemos un acuerdo de qué es lo que realmente queremos conservar: ¿el período prehispánico? ¿la colonia? No me vengan a decir que estamos buscando conservar la casa de mi mamá en la zona 18 porque ya tiene 50 años, sin ningún criterio de valor cultural. Y, además, necesitamos una reforma que, no sólo hable de delitos sino que incorpore incentivos fiscales. Si queremos que los guatemaltecos protejan más los bienes del patrimonio cultural, funcionaría mejor, más que utilizar museos públicos, incentivos fiscales para que exista realmente un esfuerzo por proteger el patrimonio. Esto funciona muy bien en varios países como España, Colombia o Inglaterra, donde los propietarios de inmuebles históricos reciben deducciones en el impuesto sobre la renta, exenciones del impuesto predial o subsidios directos si invierten en la restauración y mantenimiento de las fachadas.
El Estado no puede exigirle a un ciudadano que asuma de su propio bolsillo el costo de mantener un museo privado bajo amenaza de cárcel. Afortunadamente, la nueva ley establece que si el Estado quiere proteger algo más reciente, ahora debe sufragar el costo mediante un convenio con el propietario. Las reformas incluidas en la Ley General del Sistema Portuario Nacional son un primer paso valiente y necesario en la dirección correcta. Rompieron el tabú de que proteger nuestro entorno cultural significa paralizar el progreso. Ahora, el reto del Congreso es continuar esta modernización, cambiando el garrote penal por verdaderos incentivos que nos permitan conservar nuestra historia mientras construimos el país que necesitamos. El reto del Congreso es no caer en los cantos de sirenas: lo que aprobaron hace unos meses estuvo bien, y, en todo caso, necesitamos más, no menos de ese espíritu reformador.
