EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Otra Ley que el Ejecutivo va a Matar
¿De qué serviría aprobar una Ley que será implementada de manera desastrosa por el Ejecutivo?
Quienes me conocen pensarán que estoy hablando de la Ley Antitrámites o la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. No en esta ocasión. Tampoco sobre cómo, la falta de avance en la Ventanilla Ágil de Construcción, y las responsabilidades de las entidades involucradas, lleva a incumplimientos, con sanciones pecuniarias, de dicha Ley.
Quienes me conocen pensarán que estoy hablando de la Ley de Insolvencias. Seguimos sin el Reglamento de la Ley, sin la reforma al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía y sin Reglamento del Tarifario de los Administradores Concursales, lo que lleva a que exista denegación de la justicia ocasionada por los funcionarios involucrados en dicho retraso: se le está negando la justicia a pequeños y medianos empresarios con empresas en problemas porque la ley no está reglamentada ni existe el mecanismo de apoyo a los jueces para los análisis económico financieros de las empresas (el administrador concursal).
Quienes me conocen pensarán que estoy hablando de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. No en esta ocasión. No es mi intención escribir hoy sobre las repercusiones legales del incumplimiento de funciones al que se exponen los funcionarios involucrados en retrasar el cumplimiento de dicha Ley, particularmente al tener a una persona nombrada para el cargo de Gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), a la cual no le han pagado por más de un año, según las condiciones que establece la Ley -salario competitivo de mercado-.
Hoy, la discusión que me preocupa es la futura Ley de Ciberseguridad, en proceso de discusión en el Congreso de la República, la cual, considerando la débil gestión pública del actual gobierno y, asimismo, considerando el débil entendimiento de administración pública del actual gobierno, presenta graves riesgos que se convierta en OTRA Ley que nace muerta (o que muere) a manos del Gobierno actual.
Para comprender el problema, se necesita entender algunas de las propuestas que se están planteando. En la discusión sobre la Ley de Ciberseguridad, abundan las propuestas que colocan la agencia encargada de ciberseguridad como un órgano del Gobierno Central. Esto expone la agencia (o dirección o departamento) a tres riesgos potenciales.
Un modelo que seguramente será un fracaso es establecer la agencia de ciberseguridad como una nueva Secretaría o como parte de una Secretaría existente, por ejemplo, como parte de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad. El primer problema es que la Constitución no le asigna a las Secretarías potestades normativas; y, en la práctica, las secretarías sólo han tenido algo de poder -pero difícilmente efectividad-, como cuando se vuelven un obstáculo para trámites, como en el coas de SGEPLAN. En todo caso, abundan los ejemplos de cómo las secretarías han sido un cementerio de expectativas: la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) no han sido exactamente grandes ejemplos de éxito institucional. A ello se le suma otro problema: el salario que gana el Secretario Técnico, por ejemplo, de la STCNS es de Q.45,625. Eso alcanza para atraer un Director de Seguridad de la Información de una empresa mediana en el país o una ONG gigante: algo que seguramente no alcanza para tener una persona capaz de gestionar la complejidad del Gobierno Central y la regulación y apoyo que se requiere para la actividad económica del país. Alcanza mucho menos si, en lugar de ser una nueva secretaría, forma parte de la STCNS y se le espera pagar un salario menor al encargado en ciberseguridad.
Otro modelo que seguramente será un fracaso es si se establece la agencia como un Ministerio o como parte de un ministerio existente, aunque se le establezca un modelo salarial propio. Si, por ejemplo, se pone la agencia de ciberseguridad dentro del Ministerio de Gobernación, seguramente se tendrá la tentación de crearla como algo similar a la Policía Nacional Civil con su propio escalafón. El salario del Director General, su máximo autoridad, gana un salario de Q.27,995. Eso, ni siquiera nos alcanza para contratar al experto en ciberseguridad de una empresa mediana. Imaginen el riesgo. Si se ponen creativos y se genera un modelo en donde se le paga por lo menos, el mismo salario que al Ministro de Gobernación, incluyendo gastos de representación, el salario es de Q.43,125. Esto llevaría a la misma situación de la STCNS: un experto en ciberseguridad de empresa mediana: algo que seguramente no alcanza para tener una persona capaz de gestionar la complejidad del Gobierno Central y la regulación y apoyo que se requiere para la actividad económica del país. La única ventaja de este modelo, es que al menos tendría más fuerza normativa, hacia adentro del Ejecutivo y hacia la población.
Un tercer modelo sería instalar la agencia de ciberseguridad como una desconcentrada especial con posibilidad de pagar salarios arriba de los límites ministeriales, como se creó y ha funcionado la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y como se creó (pero este Gobierno se ha negado a hacer funcionar) la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). Esto permitiría proponer salarios mayores. Sí, y se necesitará explicar al público por qué es necesario (para superar el escándalo innecesario y amarillista en contra de los salarios de los Diputados y de la Superintendencia de Competencia). Pero, más difícil que explicarle al público, es explicarle a la Administración actual, que, en su falta de preparación para ejercer la función pública, no se han percatado que es un reto mundial la mejora de los salarios públicos para puestos clave, donde se requiere talento y alto nivel técnico. Esto es evidente, en el Reino Unido. En el 2025, según el mismo Parlamento Británico, uno de cada tres puestos de ciberseguridad en dicho gobierno estaba vacíos o se llenan con contratistas costosos. Uno de los grandes problemas para resolver esto es empezar a pagar salarios más altos, salarios de mercado para este tipo de profesionales. Puede ver el reporte aquí:
https://committees.parliament.uk/publications/47734/documents/249527/default/ .
El verdadero obstáculo de la Ley de Ciberseguridad no radica en los pasillos del Congreso, sino en la corta visión del Ejecutivo al concebir el Estado: muchas de las ideas equivocadas del diseño provienen de su personal; la imposibilidad de implementarla, caerá en el Ejecutivo y, la negociación de la aprobación del Presupuesto 2027 le permite tener una gran influencia en lo que se decide. Promover la idea de adscribir la agencia al Ministerio de Gobernación (MINGOB) como si fuera una división más de la Policía Nacional Civil —atada a escalafones burocráticos y sueldos de Q27,000 a Q43,000— demuestra una total desconexión con la realidad tecnológica y el mercado profesional. Proteger la infraestructura crítica del país exige ingenieros y arquitectos de datos que la banca y el sector privado, nacional y regional, compensan con cifras muy superiores. Si el Ejecutivo insiste en imponer este modelo policial y se niega a impulsar una entidad desconcentrada y autónoma con salarios de mercado, no solo estará demostrando su incapacidad de reformar el aparato público, sino que firmará la partida de nacimiento de OTRA ley que nace muerta por su propia torpeza administrativa.
Otra Ley que el Ejecutivo va a Matar
¿De qué serviría aprobar una Ley que será implementada de manera desastrosa por el Ejecutivo?
Quienes me conocen pensarán que estoy hablando de la Ley Antitrámites o la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. No en esta ocasión. Tampoco sobre cómo, la falta de avance en la Ventanilla Ágil de Construcción, y las responsabilidades de las entidades involucradas, lleva a incumplimientos, con sanciones pecuniarias, de dicha Ley.
Quienes me conocen pensarán que estoy hablando de la Ley de Insolvencias. Seguimos sin el Reglamento de la Ley, sin la reforma al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía y sin Reglamento del Tarifario de los Administradores Concursales, lo que lleva a que exista denegación de la justicia ocasionada por los funcionarios involucrados en dicho retraso: se le está negando la justicia a pequeños y medianos empresarios con empresas en problemas porque la ley no está reglamentada ni existe el mecanismo de apoyo a los jueces para los análisis económico financieros de las empresas (el administrador concursal).
Quienes me conocen pensarán que estoy hablando de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. No en esta ocasión. No es mi intención escribir hoy sobre las repercusiones legales del incumplimiento de funciones al que se exponen los funcionarios involucrados en retrasar el cumplimiento de dicha Ley, particularmente al tener a una persona nombrada para el cargo de Gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), a la cual no le han pagado por más de un año, según las condiciones que establece la Ley -salario competitivo de mercado-.
Hoy, la discusión que me preocupa es la futura Ley de Ciberseguridad, en proceso de discusión en el Congreso de la República, la cual, considerando la débil gestión pública del actual gobierno y, asimismo, considerando el débil entendimiento de administración pública del actual gobierno, presenta graves riesgos que se convierta en OTRA Ley que nace muerta (o que muere) a manos del Gobierno actual.
Para comprender el problema, se necesita entender algunas de las propuestas que se están planteando. En la discusión sobre la Ley de Ciberseguridad, abundan las propuestas que colocan la agencia encargada de ciberseguridad como un órgano del Gobierno Central. Esto expone la agencia (o dirección o departamento) a tres riesgos potenciales.
Un modelo que seguramente será un fracaso es establecer la agencia de ciberseguridad como una nueva Secretaría o como parte de una Secretaría existente, por ejemplo, como parte de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad. El primer problema es que la Constitución no le asigna a las Secretarías potestades normativas; y, en la práctica, las secretarías sólo han tenido algo de poder -pero difícilmente efectividad-, como cuando se vuelven un obstáculo para trámites, como en el coas de SGEPLAN. En todo caso, abundan los ejemplos de cómo las secretarías han sido un cementerio de expectativas: la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) no han sido exactamente grandes ejemplos de éxito institucional. A ello se le suma otro problema: el salario que gana el Secretario Técnico, por ejemplo, de la STCNS es de Q.45,625. Eso alcanza para atraer un Director de Seguridad de la Información de una empresa mediana en el país o una ONG gigante: algo que seguramente no alcanza para tener una persona capaz de gestionar la complejidad del Gobierno Central y la regulación y apoyo que se requiere para la actividad económica del país. Alcanza mucho menos si, en lugar de ser una nueva secretaría, forma parte de la STCNS y se le espera pagar un salario menor al encargado en ciberseguridad.
Otro modelo que seguramente será un fracaso es si se establece la agencia como un Ministerio o como parte de un ministerio existente, aunque se le establezca un modelo salarial propio. Si, por ejemplo, se pone la agencia de ciberseguridad dentro del Ministerio de Gobernación, seguramente se tendrá la tentación de crearla como algo similar a la Policía Nacional Civil con su propio escalafón. El salario del Director General, su máximo autoridad, gana un salario de Q.27,995. Eso, ni siquiera nos alcanza para contratar al experto en ciberseguridad de una empresa mediana. Imaginen el riesgo. Si se ponen creativos y se genera un modelo en donde se le paga por lo menos, el mismo salario que al Ministro de Gobernación, incluyendo gastos de representación, el salario es de Q.43,125. Esto llevaría a la misma situación de la STCNS: un experto en ciberseguridad de empresa mediana: algo que seguramente no alcanza para tener una persona capaz de gestionar la complejidad del Gobierno Central y la regulación y apoyo que se requiere para la actividad económica del país. La única ventaja de este modelo, es que al menos tendría más fuerza normativa, hacia adentro del Ejecutivo y hacia la población.
Un tercer modelo sería instalar la agencia de ciberseguridad como una desconcentrada especial con posibilidad de pagar salarios arriba de los límites ministeriales, como se creó y ha funcionado la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y como se creó (pero este Gobierno se ha negado a hacer funcionar) la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). Esto permitiría proponer salarios mayores. Sí, y se necesitará explicar al público por qué es necesario (para superar el escándalo innecesario y amarillista en contra de los salarios de los Diputados y de la Superintendencia de Competencia). Pero, más difícil que explicarle al público, es explicarle a la Administración actual, que, en su falta de preparación para ejercer la función pública, no se han percatado que es un reto mundial la mejora de los salarios públicos para puestos clave, donde se requiere talento y alto nivel técnico. Esto es evidente, en el Reino Unido. En el 2025, según el mismo Parlamento Británico, uno de cada tres puestos de ciberseguridad en dicho gobierno estaba vacíos o se llenan con contratistas costosos. Uno de los grandes problemas para resolver esto es empezar a pagar salarios más altos, salarios de mercado para este tipo de profesionales. Puede ver el reporte aquí:
https://committees.parliament.uk/publications/47734/documents/249527/default/ .
El verdadero obstáculo de la Ley de Ciberseguridad no radica en los pasillos del Congreso, sino en la corta visión del Ejecutivo al concebir el Estado: muchas de las ideas equivocadas del diseño provienen de su personal; la imposibilidad de implementarla, caerá en el Ejecutivo y, la negociación de la aprobación del Presupuesto 2027 le permite tener una gran influencia en lo que se decide. Promover la idea de adscribir la agencia al Ministerio de Gobernación (MINGOB) como si fuera una división más de la Policía Nacional Civil —atada a escalafones burocráticos y sueldos de Q27,000 a Q43,000— demuestra una total desconexión con la realidad tecnológica y el mercado profesional. Proteger la infraestructura crítica del país exige ingenieros y arquitectos de datos que la banca y el sector privado, nacional y regional, compensan con cifras muy superiores. Si el Ejecutivo insiste en imponer este modelo policial y se niega a impulsar una entidad desconcentrada y autónoma con salarios de mercado, no solo estará demostrando su incapacidad de reformar el aparato público, sino que firmará la partida de nacimiento de OTRA ley que nace muerta por su propia torpeza administrativa.
