La meta ya está firmada: Guatemala está a tiempo de hacer historia con el impulso de un Plan Estratégico que supere gobiernos
Tras el crimen en Campo Marte, la reestructuración de la PNC debe alinearse con el plan de seguridad 2026-2036 y metas auditables
El sábado 17 de octubre, Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exsuperintendente de Administración Tributaria, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro fueron asesinados a tiros en el Campo Marte, en plena capital, pese a que Solórzano tenía protección policial asignada. Dos hermanos detenidos como presuntos implicados quedaron libres por falta de mérito, y el ministro de Gobernación advirtió que habrá destituciones si se comprueba que se sembró evidencia. El 20 de octubre, el Ministerio anunció una “revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento” de la Policía Nacional Civil.
La decisión es necesaria. Pero la revisión no tiene que empezar de cero, puesto que el rumbo que debe orientarla ya está firmado.
Un impulso con motor privado
El 8 de octubre, en el ENADE 2026, las instituciones del sistema de seguridad y justicia —Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, INACIF, Defensa Pública Penal, Instituto de la Víctima e Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia— firmaron con FUNDESA, CACIF y CIEN un convenio de cooperación con horizonte de diez años. El presidente Bernardo Arévalo hizo suya la meta que propuso el empresariado, la de reducir a la mitad la tasa de homicidios, hasta 8 por cada 100.000 habitantes en 2036. Lo dijo con claridad, es un objetivo que “exige coordinación entre instituciones y continuidad más allá de los períodos de gobierno”. Y agregó una frase que hoy pesa más que entonces “La seguridad no puede garantizarse si las entidades responsables de combatir la delincuencia están infiltradas por redes de corrupción o responden a intereses criminales”.
Conviene subrayar de dónde vino el impulso. FUNDESA, CIEN y la Coalición por la Seguridad Ciudadana trabajaron durante meses, con apoyo técnico internacional, un Plan Estratégico 2026-2036 que da contenido a esa meta con un diagnóstico, evidencia comparada y consulta a actores guatemaltecos e intrenacionales. No es una declaración de buenas intenciones. Fija metas a uno, cuatro y diez años —una tasa no mayor de 15 al cierre de 2027, no mayor de 12 en 2030 y de 8 en 2036— y metas de esclarecimiento judicial de los homicidios, porque sin sanción no hay disuasión, evitando que se pierda legitimidad estatal en el territorio y se impida el incentivo del lucro a la criminalidad.
Estamos a tiempo
Al gobierno le quedan catorce meses. Alcanzan para un choque de control, recuperar el mando de las cárceles, desde donde se ordena buena parte de la extorsión; concentrar la acción donde se concentran los homicidios; integrar la investigación entre la PNC, el MP y el INACIF; e iniciar la depuración de mandos y la carrera policial por mérito. La caída cercana al 40 % en las denuncias de extorsión que el propio presidente destacó en ENADE, junto con la recuperación del control de los penales, muestra que el Estado puede retomar la iniciativa.
La PNC tampoco parte de cero. En 2025, con más de 1.500 participantes de 22 departamentos, entre policías y ciudadanos, construyó su propia hoja de ruta institucional: “La PNC que todos queremos 2035”. La revisión anunciada es la ocasión para alinear esa hoja de ruta con las metas del convenio. Para que no sea un anuncio más, debería cumplir tres condiciones, publicar sus términos y plazos, sumar veedores externos —como hizo Honduras con su depuración policial— y atar sus resultados a indicadores públicos.
Tres relevos, una sola meta
Diez años atraviesan tres relevos de gobierno, en 2028, 2032 y 2036. Ningún plan de seguridad sobrevive a tres cambios de mando por buena voluntad. Sobrevive si sus métricas son públicas y la ciudadanía puede auditarlas. Se ha propuesto un consejo nacional del Plan presidido por el presidente de la República, con un tablero de indicadores que se revise cada mes; un observatorio único de datos abiertos con estándares internacionales; y un sistema de auditoría en el que la ciudadanía, el sector privado —CIEN, FUNDESA, las cámaras—, las universidades y la sociedad civil puedan verificar cada cifra.
El compromiso tiene que alcanzar a la política. Las candidaturas de 2027 deberían suscribir las metas del convenio, y la transparencia del financiamiento electoral debe ser parte del pacto, puesto que el crimen organizado también invierte en campañas.
Un canal propio para sancionar
El sector privado puede hacer más que reclamar. Se debe instaurar un canal propio para documentar, con un estándar de prueba verificable, y elevar al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado de Estados Unidos solicitudes de sanción contra quienes den apoyo material a la MS-13, al Barrio 18 y a los cárteles. Desde que Washington designó a ambas pandillas como organizaciones terroristas extranjeras en 2025, y el Congreso guatemalteco las declaró terroristas mediante el Decreto 11-2025, ese apoyo tiene consecuencias. Es una herramienta más rápida que el proceso penal y no depende del calendario electoral. Su fin es concreto, el de evitar que los mareros se consoliden como el brazo armado de las organizaciones criminales transnacionales que usan a Guatemala como corredor.
Guatemala no está sola
Guatemala integra desde marzo de 2026 la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C, por sus siglas en inglés) y cuenta con los instrumentos de la Convención de Palermo, la OEA e INTERPOL. Esa cooperación rinde solo si del lado guatemalteco hay una policía profesional y confiable. Para profesionalizarla hay con qué: la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado para la PNC, el MP y el INACIF, y el crédito del BID, la CAF y el BCIE. El costo incremental estimado del Plan, entre 31 y 40 millones de dólares por año, equivale a cerca del 1 % de lo que la violencia le cuesta cada año al país según el BID. No actuar sale mucho más caro.
Guatemala ya lo hizo
Nada de esto es teoría. Entre 2009 y 2024, Guatemala bajó de 46 a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Honduras pasó de 86 a menos de 30 con, entre otras medidas, una depuración policial vigilada por la sociedad civil. Medellín y Bogotá sostuvieron sus reducciones a lo largo de varias alcaldías. En Rosario, Argentina, la Nación y la provincia de Santa Fe recuperaron el control de las cárceles desde donde se ordenaba la violencia, y los homicidios cayeron cerca de dos tercios en un año, sin suspender garantías. El patrón se repite, economías informales que deben formalizarse con bajos umbrales de burocracia control carcelario, inteligencia criminal, investigación integrada, policía profesional y continuidad.
Quienes firmaron en ENADE tienen hoy la oportunidad de dar el primer paso para hacer historia. La revisión de la PNC puede ser un anuncio más que se apaga con la próxima crisis, o el comienzo de la ejecución de un compromiso que ya tiene firmas, metas auditables, un plan técnico, financiamiento posible y especialistas que estudiaron en detalle cómo llevarlo a cabo. El camino está pavimentado. Falta recorrerlo, y hay que empezar ahora.
Ricardo Ferrer Picado es abogado (Universidad Nacional de La Plata) y consultor internacional en seguridad hemisférica. Fue director nacional de Inteligencia Criminal de Argentina (2024-2025), durante el Plan Bandera en Rosario. Es autor del Plan Estratégico 2026-2036, que elaboró como consultor de apoyo técnico de CIEN.
Gral. (R) Juan Carlos Buitrago —Policía de Colombia, ex director de la POLFA, consultor y referente internacional de Seguridad, y, Miembro del equipo que formuló el Plan Estratégico para Innovación y futuro de la PNC.
La meta ya está firmada: Guatemala está a tiempo de hacer historia con el impulso de un Plan Estratégico que supere gobiernos
Tras el crimen en Campo Marte, la reestructuración de la PNC debe alinearse con el plan de seguridad 2026-2036 y metas auditables
El sábado 17 de octubre, Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exsuperintendente de Administración Tributaria, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro fueron asesinados a tiros en el Campo Marte, en plena capital, pese a que Solórzano tenía protección policial asignada. Dos hermanos detenidos como presuntos implicados quedaron libres por falta de mérito, y el ministro de Gobernación advirtió que habrá destituciones si se comprueba que se sembró evidencia. El 20 de octubre, el Ministerio anunció una “revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento” de la Policía Nacional Civil.
La decisión es necesaria. Pero la revisión no tiene que empezar de cero, puesto que el rumbo que debe orientarla ya está firmado.
Un impulso con motor privado
El 8 de octubre, en el ENADE 2026, las instituciones del sistema de seguridad y justicia —Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, INACIF, Defensa Pública Penal, Instituto de la Víctima e Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia— firmaron con FUNDESA, CACIF y CIEN un convenio de cooperación con horizonte de diez años. El presidente Bernardo Arévalo hizo suya la meta que propuso el empresariado, la de reducir a la mitad la tasa de homicidios, hasta 8 por cada 100.000 habitantes en 2036. Lo dijo con claridad, es un objetivo que “exige coordinación entre instituciones y continuidad más allá de los períodos de gobierno”. Y agregó una frase que hoy pesa más que entonces “La seguridad no puede garantizarse si las entidades responsables de combatir la delincuencia están infiltradas por redes de corrupción o responden a intereses criminales”.
Conviene subrayar de dónde vino el impulso. FUNDESA, CIEN y la Coalición por la Seguridad Ciudadana trabajaron durante meses, con apoyo técnico internacional, un Plan Estratégico 2026-2036 que da contenido a esa meta con un diagnóstico, evidencia comparada y consulta a actores guatemaltecos e intrenacionales. No es una declaración de buenas intenciones. Fija metas a uno, cuatro y diez años —una tasa no mayor de 15 al cierre de 2027, no mayor de 12 en 2030 y de 8 en 2036— y metas de esclarecimiento judicial de los homicidios, porque sin sanción no hay disuasión, evitando que se pierda legitimidad estatal en el territorio y se impida el incentivo del lucro a la criminalidad.
Estamos a tiempo
Al gobierno le quedan catorce meses. Alcanzan para un choque de control, recuperar el mando de las cárceles, desde donde se ordena buena parte de la extorsión; concentrar la acción donde se concentran los homicidios; integrar la investigación entre la PNC, el MP y el INACIF; e iniciar la depuración de mandos y la carrera policial por mérito. La caída cercana al 40 % en las denuncias de extorsión que el propio presidente destacó en ENADE, junto con la recuperación del control de los penales, muestra que el Estado puede retomar la iniciativa.
La PNC tampoco parte de cero. En 2025, con más de 1.500 participantes de 22 departamentos, entre policías y ciudadanos, construyó su propia hoja de ruta institucional: “La PNC que todos queremos 2035”. La revisión anunciada es la ocasión para alinear esa hoja de ruta con las metas del convenio. Para que no sea un anuncio más, debería cumplir tres condiciones, publicar sus términos y plazos, sumar veedores externos —como hizo Honduras con su depuración policial— y atar sus resultados a indicadores públicos.
Tres relevos, una sola meta
Diez años atraviesan tres relevos de gobierno, en 2028, 2032 y 2036. Ningún plan de seguridad sobrevive a tres cambios de mando por buena voluntad. Sobrevive si sus métricas son públicas y la ciudadanía puede auditarlas. Se ha propuesto un consejo nacional del Plan presidido por el presidente de la República, con un tablero de indicadores que se revise cada mes; un observatorio único de datos abiertos con estándares internacionales; y un sistema de auditoría en el que la ciudadanía, el sector privado —CIEN, FUNDESA, las cámaras—, las universidades y la sociedad civil puedan verificar cada cifra.
El compromiso tiene que alcanzar a la política. Las candidaturas de 2027 deberían suscribir las metas del convenio, y la transparencia del financiamiento electoral debe ser parte del pacto, puesto que el crimen organizado también invierte en campañas.
Un canal propio para sancionar
El sector privado puede hacer más que reclamar. Se debe instaurar un canal propio para documentar, con un estándar de prueba verificable, y elevar al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado de Estados Unidos solicitudes de sanción contra quienes den apoyo material a la MS-13, al Barrio 18 y a los cárteles. Desde que Washington designó a ambas pandillas como organizaciones terroristas extranjeras en 2025, y el Congreso guatemalteco las declaró terroristas mediante el Decreto 11-2025, ese apoyo tiene consecuencias. Es una herramienta más rápida que el proceso penal y no depende del calendario electoral. Su fin es concreto, el de evitar que los mareros se consoliden como el brazo armado de las organizaciones criminales transnacionales que usan a Guatemala como corredor.
Guatemala no está sola
Guatemala integra desde marzo de 2026 la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C, por sus siglas en inglés) y cuenta con los instrumentos de la Convención de Palermo, la OEA e INTERPOL. Esa cooperación rinde solo si del lado guatemalteco hay una policía profesional y confiable. Para profesionalizarla hay con qué: la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado para la PNC, el MP y el INACIF, y el crédito del BID, la CAF y el BCIE. El costo incremental estimado del Plan, entre 31 y 40 millones de dólares por año, equivale a cerca del 1 % de lo que la violencia le cuesta cada año al país según el BID. No actuar sale mucho más caro.
Guatemala ya lo hizo
Nada de esto es teoría. Entre 2009 y 2024, Guatemala bajó de 46 a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Honduras pasó de 86 a menos de 30 con, entre otras medidas, una depuración policial vigilada por la sociedad civil. Medellín y Bogotá sostuvieron sus reducciones a lo largo de varias alcaldías. En Rosario, Argentina, la Nación y la provincia de Santa Fe recuperaron el control de las cárceles desde donde se ordenaba la violencia, y los homicidios cayeron cerca de dos tercios en un año, sin suspender garantías. El patrón se repite, economías informales que deben formalizarse con bajos umbrales de burocracia control carcelario, inteligencia criminal, investigación integrada, policía profesional y continuidad.
Quienes firmaron en ENADE tienen hoy la oportunidad de dar el primer paso para hacer historia. La revisión de la PNC puede ser un anuncio más que se apaga con la próxima crisis, o el comienzo de la ejecución de un compromiso que ya tiene firmas, metas auditables, un plan técnico, financiamiento posible y especialistas que estudiaron en detalle cómo llevarlo a cabo. El camino está pavimentado. Falta recorrerlo, y hay que empezar ahora.
Ricardo Ferrer Picado es abogado (Universidad Nacional de La Plata) y consultor internacional en seguridad hemisférica. Fue director nacional de Inteligencia Criminal de Argentina (2024-2025), durante el Plan Bandera en Rosario. Es autor del Plan Estratégico 2026-2036, que elaboró como consultor de apoyo técnico de CIEN.
Gral. (R) Juan Carlos Buitrago —Policía de Colombia, ex director de la POLFA, consultor y referente internacional de Seguridad, y, Miembro del equipo que formuló el Plan Estratégico para Innovación y futuro de la PNC.
